La presión de PP, Cs y Vox obliga al Gobierno a investigar el acoso a las familias que exigen clases en castellano

Interior y Justicia reaccionan ante el acoso que sufren en Cataluña las familias que demandan el derecho a que un 25% de la enseñanza se realice en la lengua castellana. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha asegurado este jueves que se investigará el acoso que ha denunciado la familia de un niño en Canet de Mar (Barcelona), señalada por otros padres de alumnos del colegio donde estudia su hijo tras conseguir que el menor reciba un 25% de los cursos lectivos en castellano. Marlaska se suma así a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que hoy ha anunciado que estudiará el expediente del caso de esta familia y ha trasladado “todo su apoyo” a los afectados.

Los anuncios de Marlaska y Llop llegan después de que el PP, Ciudadanos y Vox hayan acusado al Gobierno de lavarse las manos ante "el atropello" que sufre el castellano en Cataluña y el acoso que padecen las familias que luchan para que parte de la enseñanza sea en castellano. A estas acusaciones contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez se suma la denuncia presentada por la asociación Hablamos español ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña contra los autores de diversos mensajes de odio en Twitter dirigidos a la familia de Canet de Mar.

Ciudadanos incluso ha acudido este jueves al Defensor del Pueblo para presentar una queja "por la vulneración sistemática" de los derechos de los catalanes, ha señalado el portavoz del grupo naranja en el Parlament, Nacho Martín Blanco, quien ha denunciado la campaña que, según él, ha montado el nacionalismo contra aquellas familias "que se atreven a exigir el cumplimiento de ese 25%".

Ante la denuncia de la familia del menor de Canet de Mar, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha preguntado dónde está el Gobierno y si "va a seguir permitiendo este odio". Además, en un mensaje a través de Twitter, ha anunciado que los 'populares' exigirán al Ejecutivo acciones en la próxima sesión de control al Gobierno. Mientras, desde el Senado, el portavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto, ha hecho una "condena doble", al estar siempre en contra de "cualquier agresión" y tratarse éste de un "caso grave" que revela que "para algunos catalanes independentistas la lengua se ha convertido en una herramienta de ataque personal de la forma más cruel contra un niño".

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, considera que el acoso a este menor es un "síntoma de lo enfermo que está este Gobierno que no es capaz de defender a un niño y a un niño ademas a cuyos padres han dado la razón". Sostiene además que este caso da la medida de "lo mal que está España cuando en una parte de España no se puede enseñar a los niños en español ni siquiera el 25% del horario lectivo".

Llop: "No tenemos conocimiento exacto de lo ocurrido"

A su llegada al Senado, la ministra de Justicia ha anunciado que estudiará el expediente de la familia de Canet de Mar tras ser preguntada por la campaña de acoso contra dicha familia en las redes sociales. El hecho de que un juez haya reconocido el derecho a un 25% de enseñanza en castellano en la escuela implica que el colegio deberá impartir un 50% más de clases en castellano, como ha advertido la propia escuela a los demás padres, lo que ha desatado una campaña de protesta y acoso en Twitter.

Entre los mensajes publicados destaca, según los denunciantes, "uno de la cuenta de Twitter de un varón, al parecer, exprofesor del Grado de Turismo de la UAB: 'Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian'". Preguntada al respecto, la ministra de Justicia ha asegurado no tener aún “conocimiento exacto” de lo ocurrido y ha pedido tiempo para leer los expedientes antes de pronunciarse. No obstante, ha mostrado “todo nuestro apoyo para la familia” del niño.

Marlaska, por su parte, ha asegurado que toda amenaza a la convivencia en Cataluña será investigada y ha pedido confianza en las fuerzas de seguridad y el poder judicial. "Las cuestiones son claras: toda posible amenaza en acontecimientos graves para la convivencia, más cuando estamos hablando en esos términos, será investigada en su caso, y tengamos confianza en la investigación tanto de las fuerzas de seguridad como del poder judicial", indicó el ministro a su llegada a un Consejo de titulares europeos de Interior. "Lo importante es garantizar la convivencia en términos de seguridad para el conjunto de ciudadanos", añadió.