El PP planea no recurrir la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional (TC) y dejar que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que la tumbe cuando resuelva las cuestiones prejudiciales que le van a plantear los órganos judiciales donde hay abiertas causas relativas al referéndum ilegal del 1-O de 2017; entre ellos, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional que investiga por terrorismo el caso de los llamados Comités de Defensa de la República (CDRs) y el Juzgado Número Uno de Barcelona, instructor éste último del sumario del caso Volhov sobre las conexiones del independentismo con la Rusia de Vladimir Putin, según han explicado a Vozpópuli fuentes de la Dirección Nacional del partido.
Ahora mismo, solo esos órganos judiciales competentes, el Grupo Popular de las Cortes y los doce gobiernos autonómicos del PP -porque Vox ya no dispone de los 50 diputados necesarios- están facultados para recurrir al TC la norma que finalmente aprueben las Cortes. Y el equipo de Alberto Núñez Feijoo está convencido de que los jueces, sobre todo el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, como el titular del Número Uno de la Ciudad Condal, Joaquín Aguirre, prefieren someter la norma a cuestión prejudicial europea antes que a un recurso ante el tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido.
Un Conde Pumpido muy “contaminado” políticamente, dicen en la sede de Génova, desde que en octubre de 2006, siendo Fiscal General del Estado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó ante el Senado que "el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino" para contribuir al posterior final de ETA. Y añadió entonces: “la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos".
“Conde-Pumpido ha demostrado que no tiene autonomía respecto al Gobierno y no vamos a seguirle el juego”, explican desde el PP, refiriéndose a que ha impuesto el “rodillo” (sic) de la mayoría progresista de siete magistrados frente a cuatro conservadores, a veces a regañadientes de todos, en sentencias como la de la Ley del Aborto o el permiso de paternidad.
Por eso, el PP no quiere que un Tribunal Constitucional presidido por él “diga la última palabra” sobre la Ley de Amnistía, porque teme que Pumpido ayude a Pedro Sánchez a sobrevivir políticamente como hace dieciocho años ayudó al Gobierno Zapatero a desjudicializar el final de ETA. No está por la labor de dar semejante balón de oxígeno al PSOE, que anda en serias dificultades para articular un relato político, cómo se vio este jueves con la decisión del Parlamento Europeo, por abrumadora mayoría, de pedir que se investigue la conexión rusa en el referéndum ilegal del 1-O.
“Conde-Pumpido ha demostrado que no tiene autonomía respecto al Gobierno y no vamos a seguirle el juego”, explican las fuentes del PP consultadas refiriéndose a diversos fallos del TC durante el año que él lleva al frente del mismo. Ha impuesto el “rodillo” (sic) de la mayoría progresista de siete magistrados frente a cuatro conservadores, a veces, incluso, a regañadientes de todos en sentencias como la de la Ley del Aborto o el permiso de paternidad, dicen en Génova, sede nacional de los populares.
‘Trampa para elefantes’
Feijóo y los suyos han interiorizado que, en estas circunstancias, presentar recurso ante el tribunal de Garantías español contra la Ley de Amnistía sería caer en una trampa para elefantes, “porque está perdido de antemano”; solo contribuiría a beneficiar el relato de la mayoría parlamentaria que sustenta al Ejecutivo de coalición PSOE/Sumar y a normalizar una legislatura agónica, insisten.
De hecho, la estrategia de Pedro Sánchez desde que inició las negociaciones de investidura con Carles Puigdemont y con ERC, en agosto, es la de argumentar que “es constitucional lo que el Tribunal Constitucional dice que es Constitucional”; porque cuenta de antemano con el fallo del TC a su favor, dijeran lo que dijeran los letrados de las Cortes a la Amnistía en su informe de rechazo 2021, la mayoría del mundo jurídico y buena parte de la opinión pública, incluidos el ex presidente Felipe González, del viejo PSOE y de barones socialistas en ejercicio como Emiliano García-Page o Javier Lambán.
En el rechazo del PP a recurrir al Constitucional pesa también su convencimiento de que cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vea las ‘cuestiones prejudiciales’ que le presenten los tribunales españoles, el máximo órgano judicial del continente dará luz verde “uno a uno” a los delitos amnistiables, no en su conjunto, como hará el TC.
Además, desde el principal partido de la oposición se insiste en que la ley se ha tramitado como proposición parlamentaria del Grupo Socialista, no como proyecto de ley del Gobierno, haciendo “ingeniería jurídica” a la carta por algo: para que ni el Consejo de Estado y ni el Consejo General del Poder Judicial pudieran redactar su preceptivo dictamen a todo proyecto emanado del Ejecutivo, no fuera a ver Europa el rechazo preventivo de ambos órganos constitucionales.
En el rechazo del PP a recurrir la Ley de Amnistía al Constitucional pesa también su convencimiento de que cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -compuesto por 27 magistrados de carrera, uno por Estado- analice las cuestiones prejudiciales que se le presenten los jueces competentes, el máximo órgano judicial del continente dará luz verde “uno a uno los delitos amnistiables” si se ajustan al Rule of Law (Estado de Derecho) comunitario.
“No es cuestión interna”
El TJUE, sostienen en el PP, visto el relieve europeo que ha alcanzado el debate sobre la Amnistía, sobre todo después de conocerse los presuntos vínculos con el enemigo ruso, “difícilmente zanjará ya la cuestión apelando a que es una cuestión interna”, como argumenta el Gobierno. Y, por su propia naturaleza y jurisprudencia, no podrá hacer como el TC, valorar la constitucionalidad de la ley “en su conjunto” a la luz de la Carta Magna española de 1978, como sí hará el TC si finalmente alguno de los tribunales implicados presenta recurso de inconstitucionalidad.
No en vano, desde el propio tribunal de garantías español se ha hecho llegar al Gobierno que se olvide de incluir en la negociación con Puigdemont la amnistía para terrorismo y alta traición porque no pasa el filtro del TJUE ni el suyo propio. Y en el PP duda, incluso, que el TJUE acabe aceptando amnistiar la malversación contenida en la ley que negocian PSOE y Junts porque contradice la petición que hizo el comisario de Justicia, Didier Reynders, en diciembre de 2022, de elevar las penas por ese tipo de delito para luchar contra la corrupción institucional.