El Partido Popular no se sumará a Vox y a Ciudadanos en la moción de censura contra Pedro Sánchez por sus últimas concesiones al separatismo catalán. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha confirmado este sábado que su formación no apoyará la iniciativa parlamentaria porque considera que beneficia al presidente del Gobierno. "Las urnas son la moción de censura. No estamos para darle oxígeno a Sánchez", ha explicado Gamarra en rueda de prensa después de que ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esquivase hablar directamente de la propuesta que están capitaneando Santiago Abascal e Inés Arrimadas.
La decisión del Gobierno de reformar el Código Penal para modificar el delito de malversación, previa a la eliminación del delito de sedición, ha empujado a Vox esta semana a pedir de nuevo a Núñez Feijóo su apoyo para registrar la moción. Pero, en esta ocasión, se está buscando un candidato de "consenso" pactado capaz de aunar los apoyos necesarios para echar a Sánchez del poder. Según ha podido confirmar este diario, uno de los nombres que se ha puesto encima de la mesa es el del diputado Carlos García Adanero.
El Partido Popular no tenía intención de ser parte de una moción de censura debido a las posibilidades prácticamente inexistentes de que salga adelante. Sin embargo, ha esperado a este sábado para hacer oficial su rechazo a la herramienta parlamentaria. En lugar de la moción, Gamarra ha anunciado que el PP llevará al Tribunal Constitucional un recurso de amparo ante el "atropello del poder legislativo" por usar la proposición de ley y la vía de la enmienda para "saltarse todos los controles de legalidad", como "primera medida de acción" ante las reformas planteadas por el Gobierno en el Código Penal y en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La única excepción entre las filas populares es la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, que sí ha participado en las conversaciones sobre la moción.
Por ahora, Vox y Ciudadanos solo están recabando apoyos para la moción. Todavía no la han registrado, conscientes de que lo tienen muy complicado para sacar la iniciativa adelante. Las cuentas ni siquiera saldrían con los votos de los populares, ya que se quedarían en los 149 escaños, cuando necesitan 175 para expulsar de La Moncloa al presidente del Gobierno. Sin embargo, los dos partidos consideran que el intento está plenamente justificado después de la semana 'negra' vivida en el Congreso de los Diputados.
"Autoritarismo sin precedentes"
Durante la rueda de prensa de este sábado, Gamarra ha acusado al Gobierno de "acelerarse en un autoritarismo sin precedentes" y ha exigido al presidente Sánchez una comparecencia en el Parlamento de Sánchez para que "dé la cara antes los españoles a los que mintió". "La derogación del delito de sedición, el abaratamiento de la corrupción, y las reformas del poder judicial al margen del propio poder para colonizarlo y controlar el TC no tienen parangón en nuestra democracia", ha afirmado.
El PSOE, Unidas Podemos y ERC han desarrollado toda una ingeniería jurídica para lograr sus objetivos. Los partidos del Gobierno registraron este viernes dos enmiendas a la proposición de ley orgánica que presentaron en el Congreso para reformar el delito de sedición. Con ello persiguen reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el órgano de gobierno de los jueces pueda nombrar con mayoría simple a los dos magistrados que le corresponde designar al Ejecutivo.
Moncloa lograría así eliminar la necesidad de que el nombramiento sea acordado por mayoría de tres quintos. La otra enmienda, que modifica la ley 2/1979 del Tribunal Constitucional, elimina la necesidad de que el órgano de garantías dé el visto bueno a los nuevos magistrados: el exministro socialista de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez.
Los republicanos, por su parte, han cocinado una enmienda que ha costado articular desde el punto de vista legal, porque debía ablandar las penas por malversación sin mandar el mensaje de que se ablanda la lucha contra la corrupción. Así, la reforma de la malversación que busca ERC propone incluir un nuevo artículo, el 432 bis, para reducir tanto las penas de cárcel como las de inhabilitación a todos aquellos cargos públicos condenados por malversar fondos pero que no incurrieron en enriquecimiento personal; supuesto que se da en el caso de los líderes independentistas del procés. También propone que se castigue con penas de cárcel de seis meses a tres años y con suspensión de empleo para cargo público de uno a cuatro años para aquellos funcionarios que desvíen patrimonio público "sin ánimo de apropiárselo".
