Publicado: 27/07/2021 04:45
Actualizado: 27/07/2021 07:37
El Partido Popular califica de "indignante" que el Gobierno haya preparado un borrador de Ley de Seguridad Nacional donde se contemple la intervención de bienes y la movilización de todos los mayores de edad en caso de crisis: "Si acaba aprobándose, el PP la recurrirá", aseveró Pablo Casado, al tiempo que criticaba que la norma diese "poderes absolutos" a Pedro Sánchez. El líder popular anunció su oposición frontal a la iniciativa.
Sin embargo, fue su propio partido el que en 2015 aprobó un texto con paralelismos notorios respecto a la normativa sobre la que hoy se debate. La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil ya establecía el "deber de colaboración" de la ciudadanía en situaciones excepcionales, incluyendo la movilización de las personas y sus recursos.
Las diversas publicaciones en medios de comunicación revelaban ante la opinión pública que el Gobierno estaba trabajando en el desarrollo de una nueva Ley de Seguridad Nacional. El PP se opuso desde el primer momento al documento, aún en fase de borrador, tras conocer algunas de sus líneas maestras; entre otros, la requisa temporal de todo tipo de bienes y el llamamiento a los ciudadanos a participar en cualesquiera fuesen las misiones encomendadas para hacer frente a una amenaza real e inminente contra la seguridad nacional.
"Un auténtico disparate", lo calificó Pablo Casado. El líder popular denunciaba el "intervencionismo" que suponía el documento y el "despotismo preilustrado" del Gobierno: "Plenos poderes y sin controles, así es Sánchez el totalitario". Casado calificó la iniciativa como "la mili de Sánchez" y criticó que aún no se hubiese formulado una "ley de pandemias". También anunció que su partido votaría en contra de la ley de Seguridad Nacional en caso de que se desarrollase en los mismos términos que recoge el borrador o que, en último caso, la recurriría ante los tribunales.
El precedente
Sin embargo hay un precedente a la actual normativa que se está desarrollando. Y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de julio de 2015, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Se trata de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que a lo largo de medio centenar de artículos desglosa las competencias del Estado y las obligaciones del ciudadano para hacer frente a "las múltiples y complejas amenazas de catástrofes naturales, industriales o tecnológicas": "La envergadura de este tipo de riesgos es tal que pueden llegar a afectar a la seguridad nacional".
En su artículo 7 bis, la ley detalla el "deber de colaboración" de los "ciudadanos y las personas jurídicas" ante situaciones de emergencia. En concreto, señala que cualquier persona mayor de edad "estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes" y lo hará "sin derecho a indemnización por esta causa". También contempla la "requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades".
La ley de 2015 señalaba que estos extremos de movilización y requisa no hacían más que desarrollar el artículo 30.4 de la Constitución Española, en el título relacionado con los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos: "Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública".
Los trámites de la Ley de Seguridad Nacional
Las publicaciones en diversos medios de comunicación sobre el borrador de la Ley de Seguridad Nacional, no obstante, no debieron de provocar una gran sorpresa al Partido Popular, en tanto que Presidencia del Gobierno envió el documento a las 17 comunidades autónomas para que presentasen las alegaciones pertinentes. Así, el borrador llegó a las regiones gobernadas por el PP: Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla y León y Galicia.
Borrador Anteproyecto de Le... by Vozpopuli
Pese a las quejas presentadas en público, ninguna de las comunidades autónomas gobernadas por el PP presentó alegaciones sobre el borrador, como contó Vozpópuli. Sólo el País Vasco puso objeciones. El documento también se remitió a los 22 ministerios que actualmente componen el Gobierno de coalición para que cada uno de los departamentos haga las aportaciones que estime oportunas.
Tras la incorporación de las debidas consideraciones y su redacción final, el Gobierno remitirá la propuesta de ley a las Cortes, donde deberá superar los trámites parlamentarios.
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