“Golpe contra la democracia española”, “agresión a la inviolabilidad parlamentaria”, “atropello a la soberanía popular”, son algunas descalificaciones dirigidas al Tribunal Constitucional español por una treintena de populistas bolivarianos y, con ellos, los diputados españoles G. Pisarello y E. Santiago, el ex juez Garzón y la catedrática de Derecho M. Fariñas. Son los cuatro firmantes españoles de un comunicado salido del Grupo de Puebla, foro del que Rodríguez Zapatero es cofundador, y cuyo contenido coincide en buena parte con el discurso reciente de Pedro Sánchez, en una suerte de ósmosis y retroalimentación de los mensajes de ambas partes.
El 20 de diciembre, cinco días después de que el presidente del Gobierno aludiera en rueda de prensa celebrada en Bruselas tras un Consejo Europeo al “atropello” de la democracia por la “derecha política”, la “derecha judicial”, la “derecha mediática” y por “los magistrados conservadores”, los 31 miembros del CLAJUD (Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia), que es una sección del Grupo de Puebla, reclamaron en su comunicado que la comunidad internacional y sus instituciones "condenen el atropello a la soberanía popular cometido por la derecha política y judicial española con el fin de perpetuar su control de los órganos jurisdiccionales".
Los españoles que suscriben la petición de condena internacional sobre jueces y partidos políticos españoles son el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello; el también diputado, portavoz adjunto de ese grupo, secretario general del PCE y hasta julio pasado secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago; el ex juez y abogado Baltasar Garzón, pareja de Dolores Delgado, jefa de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo tras haber sido Fiscal General del Estado y ministra de Justicia. La cuarta firmante de nuestro país, María José Fariñas, es profesora de Filosofía del Derecho en la UC3M.
Al salir ese pronunciamiento del seno del Grupo de Puebla, también conocido como Grupo Parlamentario Progresista Iberoamericano, implica a los rectores y promotores de ese foro adoctrinador de los movimientos populistas, desde México a la Argentina. En la cúspide de dicha organización, y con papel destacado en su proyección pública, figura el expresidente Rodríguez Zapatero, también la ministra de Igualdad, Irene Montero, ambos concernidos por el pronunciamiento del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, como fundadores que son del foro nacido en Puebla (México). Completan el cuadro de fundadores, expresidentes y presidentes en ejercicio de países americanos: (Evo Morales, Rafael Correa, José Mujica, Lula Da Silva, Alberto Fernández, etc.).
En un mismo día, el 15 de diciembre, el diputado del PSOE Felipe Sicilia mezcló golpes, tricornios y togas y el presidente del Gobierno se despachó en Bruselas contra “la derecha judicial”, de la que el miércoles 21 insinuó que es uno de los poderes ocultos que acompañan a Feijóo. En la semana transcurrida entre ambas fechas, el discurso descalificador y alarmista de Pedro Sánchez se extendió entre sus seguidores españoles y sus amigos del otro lado del Atlántico, con Rodríguez Zapatero de muñidor oficial, hasta desembocar en el documento del Grupo de Pueblo que repite conceptos y expresiones empleadas por el ocupante de la Moncloa.
Los firmantes del CLAJUD acusan, como los voceros gubernamentales españoles y los del independentismo, a la derecha política, mediática y judicial de atropello a la soberanía popular, a los magistrados conservadores de que “se han erigido sobre la soberanía popular”, cambiando soberanía nacional por soberanía popular como están haciendo desde las filas socialistas y nacionalpopulistas. También hablan de golpe contra la soberanía parlamentaria, de golpe institucional y, finalmente, de golpe contra la democracia. Concluyen con la petición a instituciones internacionales de que, además de emitir su condena, “exijan el cumplimiento” de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional”. No en vano, el mensaje que les llegaba de Pedro Sánchez era que los poderes ocultos han conseguido “quitarle competencias que le había conferido la Constitución y los ciudadanos al Parlamento” (respuesta a Feijóo en el Senado el 21/12/2022).
Precisamente, pocos días después de publicarse el comunicado condenatorio contra el Tribunal Constitucional, el Gobierno argentino de Alberto Fernández, otro cofundador del Grupo de Puebla, ha protagonizado un choque frontal con la Corte Suprema de Justicia al anunciar que no acatará una sentencia sobre un conflicto fiscal. Y antes, a comienzos de diciembre, tras conocerse la condena a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, el estallido de furia de la condenada dio la vuelta al mundo con expresiones de la misma raíz que las empleadas por Pedro Sánchez aunque más virulentas, tales como sentirse víctima de una “mafia judicial” y de ser acosada por “fuerzas oscuras” que tienen poder “fuera de los resultados electorales”.
Las coincidencias del gobierno peronista de Argentina y del gobierno de coalición español en su concepción del Estado de Derecho no terminan ahí. El diputado Pisarello, de origen argentino, correligionario de Ada Colau y alto cargo del Congreso de los Diputados, dos días antes de conocerse el comunicado de CLAJUD que él mismo firmó y en víspera de que el TC acordara medidas cautelarísimas sobre el trámite de una enmienda, firmaba una tribuna en la web del Grupo de Puebla con un título, Contra el golpe del Tribunal Constitucional: defender la autonomía parlamentaria, que no desmerece de un texto en el que, entre otras cosas, habla de “atentado artero contra la Constitución” pidiendo explícitamente la desobediencia al Tribunal Constitucional: “(…) si el Tribunal Constitucional insiste en agredir la legalidad constitucional, tanto el Congreso como el Senado deberían levantar una voz de dignidad y negarse a aceptar su requerimiento”.
El Grupo de Puebla, asesorado por José L. Rodríguez Zapatero, ahora en el círculo ideológico próximo al presidente español, con el concurso del exmagistrado Garzón y de los diputados Pisarello y Santiago, ha servido de altavoz de Pedro Sánchez en los países americanos con presencia de los movimientos populistas y totalitarios que se denominan bolivarianos. Pero el respaldo del CLAJUD al Ejecutivo de Sánchez no se ha ceñido al conflicto con jueces y tribunales. El comunicado alaba la política económica y social de la coalición gubernamental PSOE/UP, por levantar “un escudo social que ha permitido que España tenga la inflación más baja de Europa ahora mismo y evitar los padecimientos de la población que se vivieron en la anterior crisis hipotecaria del año 2012”.