Vox recurre ante el Constitucional la 'ley Rhodes' por "imponer" la educación sexual

Vox ha presentado este martes dos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, uno contra la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y otro contra la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

"Estamos escribiendo algunas páginas en la historia del constitucionalismo español y algunas en la defensa de la democracia", ha defendido la secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, a las puertas del TC.

Acompañada las diputadas Carla Toscano y Lourdes Méndez y la vicesecretaria jurídica, Marta Castro, Olona ha justificado la iniciativa contra la llamada 'ley Rhodes' -en honor al pianista del mismo apellido, que sufrió abusos en su infancia- porque esta "impone la obligación de proporcionar a todos los niños y adolescentes en todas las etapas educativas una educación afectivo-sexual".

Impone la obligación de proporcionar a todos los niños y adolescentes en todas las etapas educativas una educación afectivo-sexual

Según la dirigente de Vox, esta imposición choca con el apartado 3 del artículo 21 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a "garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

"Tenemos un gobierno de coalición donde va ganando la parte comunista cuya máxima es que los hijos no son de los padres, sino del Estado", ha advertido Olona. Además, ha señalado que la 'ley Rhodes' introduce por primera vez el concepto de 'parentalidad positiva'. "Será el Estado el que nos diga qué se debe entender por un buen padre y una buena madre", ha criticado.

"Estos preceptos abandonan la línea del constitucionalismo democrático de considerar el espacio familiar como un ámbito privado de libre desarrollo de las relaciones afectivas entre padres e hijos, sin injerencias de los poderes públicos", argumentan desde las filas de Vox.

Vox y el régimen de visitas

Respecto a la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, la formación liderada por Santiago Abascal cree que existe una ilegalidad en el precepto que anula el régimen de visita o estancia respecto del progenitor incurso en un proceso penal por violencia de género.

"Vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. El deber que la Constitución impone a los poderes públicos de velar por el superior interés y beneficio de los menores de edad no admite períodos de 'vacatio', en los que el interés del menor puede sufrir las consecuencias de una decisión automatizada y genérica que prescinde de las circunstancias que, en particular, le afectan", expone Vox en su recurso.

En ningún caso, añade, puede considerarse admisible el desamparo de un menor, sólo porque cabe la posibilidad de que no se prolongue en exceso en el tiempo.

"Únicamente Vox se ha impuesto a esta infame legislación en el Congreso. Incluidos PP y Cs votaron a favor de que a los padres se les prive del derecho de ver a sus hijos por simple denuncia de violencia de género", alega Olona.

En concreto, Vox reclama "la inconstitucionalidad y nulidad del artículo segundo (apartados 10 y 19) de la mencionada ley, por la modificación resultante del Código Civil, el artículo segundo (punto 10), por vulneración de los artículos 24, 117.3, 122 y 9.3 de la Constitución española y el artículo segundo (punto 19) por vulneración del artículo 117 de la Constitución Española".

Vox ya se posicionó en contra en la votación de ambos textos en la Cámara Baja, pero fueron aprobados. La formación considera que existen ciertos preceptos que colisionan con los derechos recogidos en la Constitución, con claras "injerencias del Estado". Con estos dos recursos, la formación de Abascal suma 22 denuncias ante el TC.