El Tribunal de Cuentas lleva a Puigdemont a la Fiscalía por el uso de dinero público el 1-O

El Tribunal de Cuentas ha abierto un causa contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto del Govern por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, según ha adelantado el diario 'El Mundo'.

A través de un informe, el fiscal jefe del órgano fiscalizador, ha instado a que se investiguen las responsabilidades penales y contables del Gobierno catalán por el supuesto uso de dinero público durante el 'procés' (2011-2017).

De esta manera, el órgano pide que se compruebe si Puigdemont destinó fondos públicos para la votación de un referéndum que había sido tumbado por el Tribunal Constitucional.

Fueron tanto Societat Civil Catalana como Abogados Catalanes por la Constitución los que presentaron ante el órgano fiscalizador una denuncia con el expresident y su Govern.

Ambos consideraron que debían pagar unos 89 millones de euros tanto por lo que costó la votación como por el gasto que supuso el desplazamiento de los cuerpos de seguridad a Cataluña.

De forma paralela, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas también presentó una denuncia al órgano para reclamar el dinero invertido. El Ministerio Público señalaba que serían unos ocho millones de euros.

Ambas denuncias incluían la fiscalización de los entes públicos CTTI (centro de telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) así como la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

17 millones para crear la Hacienda catalana

A principios de este mes, la Guardia Civil publicó un informe en el que indicaba que Puigdemont habría invertido 17 millones de euros en el despliegue de la administración tributaria de Cataluña y como paso intermedio para alcanzar la plena soberanía fiscal del Estado catalán que quería crear.

Se trató de un documento que había elaborado el Departamento de la Vicepresidencia, Economía y Hacienda con medidas encaminadas a la creación del Estado catalán pero relacionadas con el ámbito tributario y que tenían como objetivo garantizar su viabilidad económica.

Y de ese análisis, el informe de la Guardia Civil ve evidente que se estaban planificando las medidas necesarias para la desconexión de Cataluña.

Así, ya se había cuantificado el gasto que supondría el despliegue de la administración tributaria. En concreto, casi 500 millones de euros (499.869.737 euros) y un incremento de la plantilla en unas 7.000 personas.

Mas, condenado a pagar 4,9 millones por el 9-N

El Tribunal de Cuentas ya condenó al también expresidente de la Generalitat Artur Mas a devolver 4,9 millones gastados en la organización y celebración de la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre de 2014. La sentencia respondió a las demandas interpuestas por las asociaciones Abogados Catalanes por la Constitución y Societat Civil Catañana y por la Fiscalía.