Puigdemont no se fía de la idea de reformar el código penal y espera otra oferta de Sánchez: “No hay nada”

El reloj de la amnistía ya ha empezado la cuenta atrás definitiva. Y el lapso hasta que la medida de gracia se someta de nuevo a examen en el Congreso tras suspender este martes va a ser un juego de gato y ratón entre el PSOE y Junts. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es críptico sobre cómo solucionará el entuerto con sus nuevos socios secesionistas, a los que este jueves mandó un recado: "Todos los independentistas serán amnistiados porque no son terroristas".

El líder socialista intenta persuadir a Carles Puigdemont de que pese a los posibles "agujeros" de la ley, ni el juez Manuel García Castellón ni el juez Joaquín Aguirre van a poder colarse por ellos para reventar la amnistía. Pero el expresidente catalán no se fía y espera otra propuesta del presidente. Su entorno, en conversación con este diario, explica: "No hay novedades. Por ahora no hay nada".

En los últimos días, juristas afines al Gobierno de coalición, como Jaume Asens y Joaquín Urías, lanzaron en público la propuesta de reformar el código penal para modificar el delito de terrorismo. Y según ha sabido este diario, esa oferta está encima de la mesa. Para hacerlo solo hace falta la mayoría absoluta del Congreso. La idea es acotar el delito para que García Castellón tenga casi imposible imputárselo a 26 independentistas (los miembros de los CDR, los de Tsunami y, por extensión, el expresidente catalán y la secretaria general de ERC, Marta Rovira -ambos investigados por ese delito-).

Tsunami no es terrorismo Joaquín Urías

El primero que lanzó la idea fue el penalista de Sumar y exdiputado en el Congreso Jaume Asens: "El Código Penal plantea una definición muy ambigua donde cualquier acción que se considera que atenta contra el orden constitucional, puede entrar dentro de la definición de terrorismo", dijo en una entrevista en TV3. Y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, recogió el guante en el digital Vilaweb: "La redacción que se dio en la reforma del 2015 deja un margen muy amplio para que los jueces hagan sus interpretaciones. Tsunami no es terrorismo como se concibe socialmente. Ahora bien, con el código en mano es muy fácil de calificarlo así. Se mencionan todo tipo de actos, como daños al patrimonio y amenazas, que si se realizan por motivos concretos, como alterar gravemente la paz pública, pueden considerarse terrorismo. Sería buena idea reformar el delito".

A partir de aquí, fuentes socialistas de alto nivel consultadas por este diario inciden en que no van a "sacrificar la seguridad jurídica". La obsesión del PSOE es que la ley pase el filtro del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y eso mismo quieren los socios de Pedro Sánchez, que repiten machaconamente que es mejor tener una ley y ver cómo navega las olas de los juzgados que no tener nada. Al menos una bala. Pero Junts tiene miedo de que su líder espiritual se quede fuera y, por eso, coquetea con la idea de impedir que el resto se pueda beneficiar; algo por lo que ya está recibiendo el hostigamiento de ERC. En el mundo de Junts ya hay quien hablar de una pinza del PSOE con los republicanos para estrangularles.

Las gallegas a la vista

Pero en verdad, el Gobierno se encuentra en una encrucijada. El cerebro jurídico de la amnistía, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sigue a los mandos de la negociación con el equipo jurídico de Junts, liderado por su abogado, Gonzalo Boye, quien cree que si se vota la norma tal y como está, los jueces les arrastrarán a todos al pozo se verán afectados todos. "En esta grieta caeremos todos. Si abren esa grieta, entraremos todos, y el día de mañana, todos terroristas", lamentó a la prensa catalana.

Toca, pues, a Bolaños, tirar de ingeniería legislativa una vez más. Por el momento, las únicas pistas que lanza es que la ley "entró impecable y constitucional y así saldrá". En plata: una vez más, Moncloa se abre a retocarla. Pero extremando todas las precauciones posibles. Entre tanto, el tándem Moncloa-Ferraz prepara ya las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero. Esos comicios, los primeros desde que el presidente mostró su voluntad de amnistiar a los independentistas catalanes con tal de permanecer en el Ejecutivo, serán el primer test para calibrar el daño que la medida de gracia está provocando en las expectativas electorales del PSOE. Las negociaciones entrarán en la campaña gallega. Pero en Ferraz operan con la máxima de que con el ruido de una campaña apenas se oirá lo que se negocie en Waterloo.

En la planta noble de la sede socialista no perciben con un desgaste preocupante. Pero la 'nacionalización' de la campaña que planteó el presidente se le puede volver en contra si el monotema es la amnistía. Y, en especial, si gira sobre los marcos que le imponga Junts. Por eso, si algo ganaron este martes ambos partidos es tiempo para seguir negociando. Fuentes de la estricta confianza del presidente consideran, en conversación con este diario, que la ley amnistía, la clave de bóveda que sostiene la legislatura, terminará saliendo adelante. Aunque está claro que llegados a este punto de bloqueo, alguno de los dos tendrá que ceder