Las actas ocultas de la amnistía: la Mesa del Congreso delegó en el TC para evitar pronunciarse sobre su constitucionalidad

Hasta en tres ocasiones tuvo que reclamar Vox al secretario general de la Mesa del Congreso, Fernando Galindo, que hiciera públicas las actas de la reunión en la que se admitió a trámite la ley de amnistía. Por primera vez se hacen públicas a través del partido de Santiago Abascal, que ha puesto una querella por prevaricación a los miembros de la amnistía que dieron luz verde a su tramitación. En el acta se refleja cómo el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis argumentó que determinar la constitucionalidad de la norma recae sobre el Tribunal Constitucional, pese a que en 2021 la Mesa inadmitió a trámite por esta razón la ley de amnistía de ERC. "In dubio pro Pleno e in dubio pro Tribunal Constitucional", afirmó.

"La Mesa no es ni el Pleno de la cámara ni el Tribunal Constitucional, siendo así que no le compete hacer un control de constitucionalidad, debiendo actuar siempre dentro del respeto al derecho fundamental de participación política consagrado en el artículo 23 de la Constitución", expuso De Celis como refleja el documento al que ha accedido Vozpópuli.

En este sentido, la mano derecha de Francina Armengol se escuda en que la misma Mesa admitió a trámite la Proposición de Ley de Vox para garantizar la unidad de España -donde se planteaba la ilegalización de determinados partidos políticos-. De Celis apunta que pese a las dudas sobre su constitucionalidad, la Mesa admitió a trámite la proposición.

El acta de la Mesa también recoge cómo De Celis escenifica su preocupación ante una posible contradicción entre dicho órgano y el Tribunal Constitucional: "Cuáles serían las consecuencias de que la Mesa admitiera a trámite por inconstitucional una iniciativa que, por las circunstancias que sean, más adelante llegase a convertirse en ley y, recurrida ante el Tribunal Constitucional, éste la declarara conforme a la Constitución"

"No hay injerencia en el ámbito judicial"

El vicepresidente segundo de la Mesa, José Antonio Bermúdez de Castro, puso sobre la mesa la contradicción que suponía inadmitir a trámite en 2021 la proposición de ley de amnistía de Esquerra Republicana y no inadmitir la actual. En este sentido, el vicepresidente socialista señala como diferencia con aquella propuesta que en la actual "no hay injerencia en el ámbito judicial".

"No hay individualización de causas, no hay injerencia en el ámbito judicial y la amnistía propuesta no se basa en un supuesto principio de autodeterminación de Cataluña, no existe contradicción palmaria y evidente con la Constitución", enumera de Celis, que a continuación insiste en que la Mesa no puede entrar a valorar nada más "a riesgo de asumir competencias que no le corresponden, sino que son propias del Tribunal Constitucional".

En aquella ocasión, socialistas como Adriana Lastra o el ex ministro de Justicia señalaron que la amnistía propuesta por ERC suponía un "indulto generalizado", algo que no tenía cabida en nuestro ámbito constitucional. Es una idea en la que se insistió desde el PSOE cuando se indultó a los presos del procès. Ahora, en cambio, De Celis subraya que esta amnistía no puede considerarse un "indulto general". "Es un error de base vincular sin matices el indulto general y la amnistía", asegura.

Pisarello, escudero de la amnistía

El acta echa pública por Vox también deja claro el papel de paladín de la amnistía que está ejerciendo el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello. Para el de Sumar, el papel de la Mesa del Congreso debe ser mínimo: "en demasiadas ocasiones, la Mesa ha impedido la discusión política de determinadas cuestiones que afectaban a instituciones básicas del Estado -particularmente la Jefatura del Estado-, olvidando que nuestra Constitución no impone un modelo de democracia militante".

Pisarello explica que estuvo en contra de que se inadmitiera a trámite la propuesta de 2021 de ERC, y que la actual propuesta "parece ser más respetuosa con las formas", no incluyendo una "individualización de causas penales, de forma que no puede conceptuarse como una ley singular y respetando la separación de poderes, sin poner en cuestión la actuación judicial".