Pedro Sánchez destierra al PSC del Gobierno para no quemarle con la amnistía ante las elecciones catalanas

Pedro Sánchez se burla de los sondeos publicadas por algunos medios que reflejan el castigo electoral del PSOE por la amnistía. "Si fuera por las encuestas de El Mundo y El Confidencial, seríamos extraparlamentarios", comentó a los periodistas en la copa de Navidad en Moncloa. Pero lo cierto es que varias fuentes de peso consultadas tanto en Ferraz como en el Gobierno admiten que el destierro de cargos procedentes del PSC del organigrama monclovita persigue un gran objetivo: levantar un muro que evite la contaminación de cara a las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña.

Lo cierto es que el secretario general de los socialistas lo fía todo a una victoria de Salvador Illa lo suficientemente amplia como para poder apartar al independentismo del Palacio de la Generalitat por primera vez en 13 años, desde que el socialista José Montilla abandonó el poder. La llegada del PSC al gobierno autonómico implicaría grandes beneficios para Sánchez, embarcado en un proceso de negociación con el independentismo en Madrid que le está acarreando grandes costes.

El presidente considera que un 'president' del PSC rebajaría enormemente el coste del peaje que todavía tiene que pagar a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont para mantenerse a los mandos del país. Moncloa se empeña en vender las concesiones y las fotografías que Sánchez se hará con ambos independentistas en plena tramitación de la amnistía como un hecho "coherente" con el proceso de "normalización" política en esta comunidad. Aunque a nadie se le escapa que eso no es deseo de Sánchez, sino necesidad, como él mismo reconoce en público y en privado.

Illa, contrariado

El PSOE arrasó el 23-J en Cataluña. El PSC, su partido hermano, le brindó la friolera de 19 escaños en Madrid. Los socialistas catalanes bebieron en gran medida del banco de votos que en su día aupó a Inés Arrimadas (Ciudadanos) a la estéril victoria que no pudo frenar el desembarco de un nuevo ejecutivo secesionista. Pero hay una seria diferencia. El 24 de julio, un día después de las elecciones catalanas, el propio Illa rechazó tajantemente la amnistía y el referéndum. Y ahora le toca defenderla. Los electores catalanes que entonces optaron por la papeleta del PSOE lo hicieron sin saber que Sánchez tramitaría la ley e intentaría que Carles Puigdemont, quien proclamó la independencia, fuera exonerado de todos sus delitos. Y eso es fundamental.

Hasta ahora hay algunas pistas de esa desafección de los votantes y simpatizantes socialistas en Cataluña, a los que el equipo de Pedro Sánchez intenta convencer con pedagogía para que metabolicen el perdón a Carles Puigdemont y lo vean como un mal menor. Hay tres expresiones que el aparato persuasivo de Moncloa repite cada vez que puede: "convivencia", "resolución del conflicto" e "interés general". Cataluña fue una de las comunidades donde menos se movilizaron los militantes del partido para votar sobre los acuerdos de la dirección con Sumar y el resto de fuerzas independentistas. Votó el 61,62% del censo y el 85,24% lo hizo a favor frente al 12,20% que dijo 'no'. Por eso sorprende que, en Murcia por ejemplo, se movilizara más del 85%.

El último hombre fuente de Illa en Madrid, Víctor Francos, dimitió hace unos días de la presidencia del Consejo Superior de Deportes. A esa renuncia hay que sumar las salidas de Miquel Iceta -flamante nuevo embajador de España ante la Unesco-, Raquel Sánchez, de nuevo diputada rasa, la salida de Josep Borrell (una azote del independentismo) y la desaparición de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet de la vida política tras dar un paso al lado y renunciar a ser candidata de nuevo a la presidencia del Congreso por imposición de Sánchez. Solo se mantiene Jordi Hereu, un socialista nada incómodo para el secesionismo. Los independentistas pedían la cabeza de Batet y el presidente actuó en consecuencia. También situando al exalcalde de Barcelona en Moncloa para cumplir la cuota catalana sin levantar ampollas.

La previsión de una legislatura floja de leyes

"Esta es una legislatura más de gobernar que de legislar", explica un senador socialista con asiento en el comité federal del partido. "Ya nos avisaron [desde Moncloa] que estos años bajaría la actividad legislativa", zanja un barón territorial. El problema es que por ahora Moncloa solo ha lanzado la ley de paridad, en el cajón desde hacía meses por la convocatoria de elecciones. Y tiene previsión, si llega, de prorrogar el decreto anticrisis por las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Pero poco más. Todo un contraste respecto a los siete decretos de su primer trimestre al frente del Gobierno, en 2018. Sánchez no está pudiendo despejar la amnistía con medidas efectistas.

En verdad, hace tiempo que el PSOE dio comienzo a la operación blanqueo de Puigdemont en previsión de que los votos de Junts pudieran ser determinantes para revalidar la coalición. Y para sostenerla.

Cabe recordar que el propio número tres de Ferraz, el secretario de organización, Santos Cerdán, tuvo su primer contacto con el expresidente de la Generalitat en marzo, cuatro meses antes de las elecciones del 23-J. Y en todo este tiempo Cerdán se ha visto en varias ocasiones con él. La última, al menos que haya trascendido, fue el pasado 2 de diciembre en Ginebra (Suiza) junto al diplomático salvadoreño Francisco Galindo -el famoso mediador-. Pero ahora es el Gobierno el que va un paso más allá.

Y es que Sánchez confesó a los informadores en Moncloa que, efectivamente, habrá "reuniones con foto" tanto con el expresidente catalán prófugo de la justicia Carles Puigdemont, como con el líder de ERC, Oriol Junqueras, más allá de la reunión oficial, esta sí agendada, que le llevará a verse este jueves en Barcelona con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès el próximo 21 de diciembre.