Pedro Sánchez se abre a tocar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para contentar a Carles Puigdemont, cuyo partido, Junts, tumbó la ley de amnistía por no estar seguro de que blinde al expresidente catalán ante los delitos de terrorismo y traición por los que dos jueces le están investigando. En una entrevista en La Sexta, el presidente del Gobierno ha reiterado que no no va a modificar el delito de terrorismo en el Código Penal para lograr el 'sí' de Junts, una opción que se había planteado en un primer momento. "La norma va a seguir adelante y será 100% constitucional", ha remarcado Sánchez una vez más.
Con ello, el presidente del Gobierno lanza una advertencia al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa Tsunami Democràtic y que quiere que el Supremo impute al expresidente Carles Puigdemont por ese supuesto delito de terrorismo, aunque ni la Fiscalía de la Audiencia ni el fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo aprecian ese delito.
Eso sí, el líder socialista ha criticado que haya instrucciones judiciales "que se alargan en el tiempo" y, por eso, ha asegurado que aún quedan "elementos de mejora" para que la medida de gracia, que ahora volverá a debatirse en la comisión de justicia, vea la luz. Por ello, Sánchez no ha descartado reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acotar las investigaciones judiciales y se pueda poner fin a las continuas prórrogas en las investigaciones de las causas abiertas en los juzgados. "Hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar las dudas de estas formaciones [en referencia a Junts]", ha dicho Sánchez.
"Elementos de mejora"
Para el jefe del Ejecutivo, esta eventual reforma "se incardina perfectamente" en la ley de eficiencia de la Justicia que se convalidó hace unas semanas en el Congreso de los Diputados. De manera que el presidente pretende no tocar el texto de la amnistía pero sí emprender una reforma que afecte a la instrucción judicial. Sánchez ha señalado: "Vamos a hablar con los grupos parlamentarios para ver exactamente qué márgenes tenemos de mejorar una ley que, insisto, es valiente, es reparadora y, sobre todo, es constitucional".
Sánchez se ha escudado en el PP cuando se le ha cuestionado sobre si jueces como Manuel García-Castellón o Joaquín Aguirre —el instructor de la trama rusa del procés— son "prevaricadores", como afirman sus socios de Junts. El presidente ha asegurado que España, como indican los rankings internacionales, es una "democracia plena" con un modelo "garantista" que hace que si hay "errores" judiciales, estos puedan subsanarse en instancias superiores. Por eso, él mismo ha pedido a los independentistas que sean "rigurosos" y "escrupulosos en el cumplimiento de la constitucionalidad y en la alineación con el Derecho europeo". Un recado a Puigdemont.
Lo cierto es que el reloj de la amnistía ya ha empezado la cuenta atrás definitiva. Y el lapso hasta que la medida de gracia se someta de nuevo a examen en el Congreso tras suspender el pasado martes va a ser un juego de gato y ratón entre el PSOE y Junts. El líder socialista intenta persuadir a Carles Puigdemont de que pese a los posibles "agujeros" de la ley, ni el juez Manuel García Castellón ni el juez Joaquín Aguirre van a poder colarse por ellos para reventar la amnistía.
Fuentes socialistas de alto nivel consultadas por este diario inciden en que no van a "sacrificar la seguridad jurídica". La obsesión del PSOE es que la ley pase el filtro del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y eso mismo quieren los socios de Pedro Sánchez, que repiten machaconamente que es mejor tener una ley y ver cómo navega las olas de los juzgados que no tener nada. Al menos una bala. Pero Junts tiene miedo de que su líder espiritual se quede fuera y, por eso, coquetea con la idea de impedir que el resto se pueda beneficiar; algo por lo que ya está recibiendo el hostigamiento de ERC. En el mundo de Junts ya hay quien hablar de una pinza del PSOE con los republicanos para estrangularles.
