Esta legislatura del PSOE en Moncloa va a ser difícil. Pedro Sánchez está en las manos de Carles Puigdemont. Y se lo quiere hacer notar en cada votación. Junts ha anunciado este viernes que votará en contra del decreto 'ómnibus' del Gobierno sobre Justicia porque, a su juicio, "pone en peligro" la aplicación de la amnistía, según ha adelantado TVE y confirmado poco después el propio partido del expresidente catalán prófugo de Justicia. El Congreso debe posicionarse el próximo 10 de enero sobre la norma.
Esas mismas fuentes han argumentado que el decreto también afecta a competencias de la Generalitat y "agrava la infrafinanciación" de Cataluña. Por eso, el partido de Puigdemont critica que les han enseñado [en referencia al Ejecutivo] dos reales decretos sin margen para poder estudiarlos suficientemente bien.
Ese decreto, entre otras cosas, cambia la ley de enjuiciamiento civil. Y, en la práctica, podría dejar en papel mojado la ley de amnistía, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, según denuncia Junts. Ese retoque permitiría a los jueces elevar siempre a la Justicia europea una cuestión prejudicial con cada uno de los posibles beneficiados por la medida de gracia.
La llave de 10.000 millones de fondos europeos
Así, siempre que un togado los considere oportuno, podría paralizar y dilatar la aplicación de la la amnistía. Moncloa considera que es un malentendido; que no se busca cambiar nada que no estuviera ya en el ordenamiento jurídico. Lo cierto es que ese decreto es clave para que España reciba otros 10.000 millones de los fondos europeos. Y será el primer gran examen de la nueva mayoría de Sánchez. Por el momento, el no de los siete diputados de Puigdemont pone las cosas difíciles al Gobierno.
Mientras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se reunieron este jueves en Barcelona, según fuentes de Junts, para intentar salvar el decreto. Pero todo parece indicar que Sánchez afrontará la primera gran derrota de la legislatura que acaba de comenzar. La mayoría que dio la investidura al líder del PSOE es de 179 diputados (PSOE, Sumar, PNV, ERC, Bildu, Coalición Canaria, Junts y BNG). Sin los siete votos de Puigdemont, los socialistas verán decaer el decreto.
El chantaje permanente del independentismo
El Gobierno de Sánchez estará sometido al chantaje permanente de Oriol Junqueras (ERC), Arnaldo Otegi (Bildu) y Carles Puigdemont (Junts). El expresidente catalán se reserva, de hecho, un papel protagonista puesto que él es el nuevo aliado socialista de la XV Legislatura. Y quien tiene la llave de la gobernabilidad del país durante los próximos cuatro años. En Moncloa y en el PSOE saben que estos cuatro años serán así: una carrera constante contra el reloj. No obstante, el núcleo duro del presidente confía en sacar adelante ese decreto.
En verdad, los cuatro años que Sánchez tiene por delante van a ser imposibles. La propia reacción de Junts al discurso de investidura del presidente lo evidenció. Entonces, la derecha independentista catalana amenazó al líder del PSOE con no votarle si no se toma en serio el acuerdo que firmaron en Bélgica y si no replica el relato del procés que Ferraz pactó con Junts. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, amenazó a los socialistas con que no tienten a la suerte. Pero esa no será la única tensión que soporte Sánchez, porque Podemos, ahora en el Grupo Mixto, también está dispuesto a hacer ruido.
El PSOE, pues, tendrá que pelear para que la ley de amnistía, que le permitió permanecer en Moncloa, no le saque de allí. La amenaza está encima de la mesa y la puso el propio Puigdemont: una moción de censura apoyada por Junts que derribe al Gobierno de coalición. La medida de gracia será el tema de este año. No solo por las noticias que acarreará su tramitación, sino por todo lo que la rodeará: desde el regreso del expresidente catalán a España al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la ley.
