Rajoy y Santamaría ponen de manifiesto ante el Supremo que no tenían un plan contra el 'procés'

La abogada del Estado Rosa María Seoane planteó una única pregunta a Mariano Rajoy durante su declaración como testigo en el juicio sobre el procés: "¿Por qué en la consulta ilegal del 9-N en 2014 no se aplicó el artículo 155 de la Constitución? "¿Qué circunstancias distintas había respecto al 1-O?". La respuesta del expresidente del Gobierno fue que, en ese momento, los diputados soberanistas no habían realizado una declaración unilateral de independencia (DUI) y que, por tanto, no había lugar para esa medida "excepcional".

Los interrogatorios de este martes en el Tribunal Supremo a Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría han dejado claro que el Ejecutivo tuvo en todo momento constancia sobre el propósito de los soberanistas de cumplir su hoja de ruta, pero que, lejos de buscar soluciones para atajar esa crisis, prefirió actuar a rebufo de lo que iban decidiendo los líderes del procés. Hasta que se produjo la declaración unilateral de independencia, sólo negociaron sobre asuntos administrativos y lanzaron advertencias al Govern sobre las consecuencias de vulnerar la Constitución.

Rajoy ha negado la existencia de mediadores durante su estancia en Moncloa, dado que desde el principio transmitió a los independentistas su negativa a negociar sobre "el cumplimiento de la ley" y sobre la "soberanía nacional". En su interrogatorio, no se ha ahondado sobre las palabras del exconsejero de Empresa de la Generalitat Santi Vila quien la semana pasada detalló que el Ejecutivo central y el autonómico mantuvieron conversaciones en las horas previas al 27 de septiembre de 2017 para intentar buscar una vía alternativa a la DUI, pero que, en el último momento, Carles Puigdemont se echó para atrás y truncó el acuerdo. 

Las tres reuniones de Sáenz de Santamaría

Ambos testigos se han esforzado en dejar claro que advirtieron en varias ocasiones a los responsables de los partidos soberanistas de que el Gobierno ni tenía la intención ni la potestad de negociar un referéndum de autodeterminación; y que, en caso de que lo convocaran, se exponían a graves consecuencias.

Sáenz de Santamaría ha reconocido que mantuvo tres reuniones con Oriol Junqueras tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015. La primera fue en abril de 2016 para negociar una serie de peticiones de la Generalitat. Una de ellas, el referéndum. “Les dije que sobre ese tema no tenía nada que hablar ni abordar”, según sus palabras.

La segunda se celebró en julio de ese año y se centró en las dificultades económicas de Cataluña, mientras que la tercera, en enero de 2017. En la agenda, había 45 puntos sobre los que conversar, pero Junqueras no quiso ahondar sobre ningún asunto, más allá del relativo a la consulta de autodeterminación.

Política de hechos consumados

Los dos testigos han reconocido que conocían los planes de los independentistas, tanto por los mensajes que recibían desde el Govern, como por las noticias que publicaban los medios de comunicación. El propio Rajoy ha incidido en que era consciente del decreto por el que se creó el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, en 2013; y de su naturaleza independentista.

También tenía constancia de la voluntad de Artur Mas de convocar un 'verdadero referéndum' tras la consulta del 9 de noviembre de 2014. Pero, entonces, no propuso la aplicación del artículo 155 porque no se había materializado la DUI.

Frente a las críticas que ha recibido por parte de Ciudadanos, Vox y de su propio partido -entre ellos, de José María Aznar- por la tibieza de sus políticas para atajar el proceso soberanista, Rajoy ha defendido el modus operandi de su Gobierno: “Hay quien decía que el 155 había que haberlo aplicado 1 semana antes, otros 2 semanas (...), otros decían que no había que aplicarlo nunca, otros un poco más (…) y otros hablaron una vez se aplicó”. Sáenz de Santamaría ha sido más tajante: "Es más fácil tomar decisiones a toro pasado".

Hay que tener en cuenta que la actuación del anterior Gobierno para con Cataluña ha sido cuestionada a la izquierda, a la derecha y dentro del propio PP. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha realizado durante los últimos meses algunos conocidos acercamientos al Govern de Quim Torra e incluso llegó a proponer la figura de un 'relator' para mediar entre ambas partes. 

Pablo Casado ha hablado de la necesidad de aplicar un artículo 155 "duro y con la duración necesaria" para reconducir la situación, mientras que Santiago Abascal ha advertido de que la presencia de Torra en las instituciones certifica que el "golpe de Estado" de los independentistas no ha sido neutralizado. En este sentido, ha propuesto la detención de Torra.