El Gobierno elude abordar la supervivencia económica de Muface en la última reunión clave del año

Ni rastro de la crisis financiera de Muface en el orden del día del Consejo General que se celebrará el próximo 19 de diciembre. El Gobierno ha excluido de los 9 puntos del documento que se abordarán con los sindicatos el que más preocupa a los funcionarios: la supervivencia económica del modelo. El sindicato CSIF ha mostrado su contrariedad por esta notable ausencia en el orden del día -al que ha accedido Vozpópuli-: "Nosotros pondremos el tema sobre la mesa", aseveran en declaraciones para este medio.

En los últimos dos años, las 3 aseguradoras que ofrecen servicios en Muface (Adeslas, Asisa y DKV) acumulan pérdidas superiores a los 340 millones de euros, como afirman fuentes del sector. Alguna, como DKV, amenaza con abandonar el modelo ya que los números no salen. El concierto sanitario con el que funciona actualmente la mutualidad fue firmado en diciembre de 2021, antes de que estallase la Guerra de Ucrania y la consiguiente inflación.

CSIF teme que si DKV decide marcharse se produzca una reacción en cadena que provoque la salida de las otras mutuas. Los funcionarios también han comprobado cómo los servicios sanitarios recibidos se han resentido. Pese a la gravedad de la situación, el Ministerio de Función Pública, del que depende Muface, ha optado por no incluir este punto en el orden del día del Consejo General.

00.- Orden Del Día Consejo General 19122023 by Vozpopuli on Scribd

Como se puede comprobar, sí que se abordarán otros temas como el informe de seguimiento el Plan Muface Avanza, la Carta de Servicios o las ayudas para las víctimas de violencia de género.

Es la segunda vez que el Gobierno elude abordar la financiación de Muface en el Consejo General, donde participan la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, la directora general, Myriam Pallarés, y los representantes sindicales del cuerpo de funcionarios del Estado. En la reunión celebrada en septiembre tampoco se incluyó este punto en el orden del día. Fue CSIF quien sacó a colación el asunto, dada la gravedad de la situación. Para el año próximo, las pérdidas de las aseguradoras de Muface pueden ascender a lo 500 millones de euros.

En aquella ocasión, la Dirección General de Muface argumentó que "sin Gobierno la modificación del concierto sanitario 2022-24 estaba paralizada" y que se "estaba haciendo un trabajo interno para buscar soluciones". Ahora, con el Gobierno ya conformado, el Ejecutivo sigue sin abordar una cuestión que es de vida o muerte para un modelo que ahorra 800 millones de euros al año a las arcas públicas -según cálculos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)-.

"Pedimos el compromiso político de que se mejore Muface, salga quien salga investido -afirmaba entonces Carmen Espejo, portavoz de CSIF-. El concierto ya estaba infrafinanciado antes de empezar la guerra de Ucrania y ahora, con la inflación, está en pésimas condiciones".

Menos dinero y cada vez más funcionarios

A la mala situación económica del concierto hay que sumar el número cada vez mayor de funcionarios dadas las continuas convocatorias de empleo público del Gobierno de Pedro Sánchez. En el actual concierto sanitario (2022-24), se pactó una subida de prima para las aseguradoras del 8% en 2021, del 0,75% en 2022 y del 1,25% en 2023. Unos porcentajes totalmente insuficientes. DKV cree que la subida debe ser, como mínimo, de un 40% para el nuevo concierto.

A las malas condiciones económicas del concierto -incapaz de absorber la inflación y la avalancha de patologías no tratadas por la pandemia- hay que añadir el alta masiva en el número de funcionarios. En el último año entraron a Muface 45.000 personas y 3.300 beneficiarios, lo que va a implicar un gasto aún mayor.

Al menos sobre la mutualidad ya no planea la sombra de Mónica García, ministra de Sanidad, que declaró recientemente que el desmantelamiento de Muface no era una "prioridad". Su partido aboga por introducir a todos los funcionarios en la seguridad social -la sanidad pública-. En estos momentos, el 73% de los funcionarios elige la sanidad privada (Adeslas, Asisa y DKV).