La Administración disparó un 54% los contratos públicos antes del 28-M y adjudicó 17.000 millones

La contratación pública a cargo de la Administración pegó un acelerón en los primeros meses de 2023, antes de la celebración de las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo. Ayuntamientos, Gobierno regionales y entes estatales dispararon un 54% el número de expedientes tramitados, de acuerdo a los datos consultados por Vozpópuli, hasta alcanzar unas cifras totales récord en los últimos años. Además, el valor total de las adjudicaciones superó los 17.000 millones de euros en apenas tres meses, cifras muy superiores a las que se registraron en el mismo periodo de tiempo del año anterior.

Los datos figuran en un estudio hecho por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), el ente integrado en el Ministerio de Hacienda -aunque independiente en su función orgánica- encargado de vigilar y dar recomendaciones en las licitaciones públicas.

Según este informe, que se actualiza de forma trimestral, en los tres primeros meses de 2023 se tramitaron 56.572 expedientes públicos; 23.923 corrieron a cargo de las Comunidades Autónomas, 22.241 fueron de los Ayuntamientos y los 10.408 restantes, del Gobierno central. Ningún periodo trimestral en años anteriores tiene unos registros tan elevados.

Así queda en evidencia al comparar las cifras disponibles en el estudio hecho por la OIRESCON. Sirva como referencia el primer trimestre del año 2022, cuando la Administración tramitó un total de 36.631 expedientes para la contratación pública: 10.585 correspondieron a las autonomías, 28.398 a los consistorios y 7.648 a entes estatales. En términos porcentuales, los datos del primer trimestre de 2023 suponen un incremento del 54,44% respecto a los tres primeros meses de 2022.

Estas cifras hacen referencia a los expedientes tramitados por la Administración pública en sus diferentes fases, desde la evaluación previa hasta la adjudicación o resolución de los mismos. La proyección es creciente en los últimos años, como evidencian las gráficas, pero alcanzó su máximo exponente entre gobiernos regionales, entes estatales y Ayuntamientos a medida que llegaban las elecciones celebradas el pasado 28 de mayo, en las que se disputaban las representaciones en autonomías y municipios.

Contratos por 17.021 millones

Pero los datos recogidos por la OIRESCON también revelan el valor de todas las adjudicaciones de contratos públicos, que ascendieron a 17.021 millones de euros (sin contar impuestos) en el citado periodo, correspondiente al primer trimestre de 2023. El registro supera en un 21% a los datos referentes a los tres primeros meses de 2022, cuando se adjudicaron contratos públicos por valor de 14.073 millones de euros.

Esta disparidad tan notable se basaría, según sugieren fuentes del sector consultadas por Vozpópuli, en el elevado número de adjudicaciones que se llevan a cabo en las postrimerías de cada año

Este registro, a diferencia del número de expedientes tramitados, dista de ser el más cuantioso en los periodos trimestrales de los últimos años. Así, en los tres últimos meses de 2022 se adjudicaron contratos por valor de 25.700 millones de euros; y en el mismo periodo de tiempo de 2021 se superaron los 22.000 millones. Todo ello, sin incluir los impuestos.

Esta disparidad tan notable se basaría, según sugieren fuentes del sector consultadas por Vozpópuli, en el elevado número de adjudicaciones que se llevan a cabo en las postrimerías de cada año, apurando el remanente de los presupuestos anuales asignados a los diferentes órganos de la administración pública.

Desde la OIRESCON detallan que este estudio se basa en la información contenida en los datos abiertos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (perfiles de los órganos de contratación integrados en ella), que también incluye la información incorporada por parte de las Plataformas de Contratación de las CC.AA. (perfiles de órganos de contratación agregados): “Solamente se ha eliminado puntualmente y de forma selectiva algún dato concreto en el que el error fuese manifiesto y su impacto pudiera distorsionar la imagen fiel de alguna de las categorías”, inciden desde este departamento de supervisión.