La oficina que vigila contratos públicos ficha personal pero no cubre el 50% de las plazas

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), encargada de vigilar todos los contratos públicos de la contratación, contará con un refuerzo de personal para hacer frente a su ingente tarea. El Gobierno promete incorporar más personal a este órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, pero las cifras que se manejan no servirían ni para cubrir la mitad de las plazas de las que dispone la relación de puestos.

Como contó Vozpópuli, la OIRESCON se encuentra bajo mínimos. Se trata de un órgano que actúa con independencia y que tiene por objetivo “velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades en relación con la contratación pública”, tal y como indica su directora, María Luisa Araújo Chamorro, en su carta de presentación. De acuerdo a los datos que arrojaba una prospectiva redactada por esta oficina, la OIRESCON contaba con 35 puestos de trabajo, de los que apenas estaban cubiertos diez. Fuentes del Ministerio de Hacienda, en contacto con este diario, actualiza las cifras: la relación de puestos se ha ampliado a 40 y, a día 1 de junio, contará con 15 personas para cumplir con su labor.

También especifican que en los próximos meses se prevé la incorporación de otras tres personas tras la resolución del concurso específico de provisión de puestos de trabajo del Ministerio de Hacienda -convocado por Resolución de 9 de febrero de 2021 de la Subsecretaría- y una persona más incorporada por Oferta de Empleo Público. Incorporaciones con las que se alcanzará la cifra de 19 trabajadores. O lo que es lo mismo, una relación inferior al 50% de los puestos que tienen asignados.

La OIRESCON vigila el cumplimiento de todas las leyes y normas aplicables a la contratación pública en todos los órganos de la Administración, tanto por la Administración General del Estado como por las comunidades autónomas. Con los diez trabajadores de los que disponía -recientemente ampliados a 15 y en previsión de llegar a 19-, redacta informes anuales sobre unas adjudicaciones que movilizan un volumen de recursos equivalente al 9,6% del PIB nacional o al 23,4% del gasto público.

Contratos públicos en pandemia

También publican informes específicos sobre contrataciones públicas en determinados sectores o circunstancias. Uno de ellos es el Informe especial de supervisión de los contratos tramitados por vía de emergencia, actualizado en marzo de 2021. En él, como informó este diario, se desglosan los 7.134 millones de euros adjudicados en más de 22.000 contratos por vía de emergencia en la lucha contra el coronavirus.

“No podemos obviar que, en el contexto actual marcado por unas circunstancias históricas determinadas por la pandemia sanitaria generada por la Covid-19, la finalidad de la OIRESCON adquiere un renovado interés”, incide su directora, María Luisa Araújo, en su carta de presentación. Araújo asumió la dirección de la OIRESCON en noviembre de 2020, después de que su predecesora en el cargo, María José Santiago, renunciase a su cargo tras firmar un informe crítico con las adjudicaciones firmadas por la administración durante la pandemia.

Entre otros, la OIRESCON lamenta en sus informes la falta de unidad de criterio en la publicación de las ofertas públicas y en las adjudicaciones, así como la incurrencia en ciertos desajustes o la incorrecta aplicación de la normativa vigente. Por eso promueve la elaboración de estudios, guías y protocolos de buenas prácticas dirigidos a los diferentes órganos de la Administración.

Falta de transparencia

La oficina necesita personal ante el atasco y la falta de transparencia que existe en la contratación pública durante la pandemia. La propia OIRESCON alertó que uno de cada cuatro contratos tramitados por vía de emergencia vinculada a la causa covid-19 no constan en la información ofrecida por plataforma de contratación del sector público (PLACSP) en sus datos abiertos. En total, 3.202 contratos públicos de los que se desconoce qué, cuánto y a quién se han entregado.

Las situaciones de crisis permiten al Gobierno central, autonomías o empresas públicas adjudicar contratos de forma directa a una empresa y sin publicitar la licitación. La conocida como 'Tramitación de emergencia' dota de agilidad y rapidez a la Administración en las contrataciones en una crisis. Una situación que, como ha contado estos meses Vozpópuli, ha provocado que se incurran en errores millonarios: material defectuoso, el proveedor no era transparente o la gestión administrativa ha sido errónea. 

 "En los contratos tramitados por vía de emergencia como consecuencia del covid-19, se han identificado una serie de publicaciones con anomalías o confusión de conceptos que no permite identificar de forma adecuada la publicación individualizada de cada contrato y, en consecuencia, la información que debe constar en el correspondiente anuncio", asegura en su informe publicado en febrero. Unas serie de alertas que evidencian los problemas que existen para conocer todos los detalles de la gestión de las administraciones con el coronavirus.