El Congreso deberá convalidar el Decreto del Gobierno para exhumar los restos de Franco

El Gobierno aprobará este viernes un Decreto Ley para modificar la Ley de Memoria Histórica y así evitar que las posibles demandas judiciales de la familia puedan paralizar la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Se trata de dar la mayor cobertura legal a un proceso al que la Iglesia, según confirmó el arzobispo de Madrid Carlos Osoro a Pedro Sánchez, no se opondrá.

El proceso se ha alargado en el tiempo desde que el propio presidente del Gobierno trasladó en conversación informal con los periodistas en el Congreso que la exhumación se realizaría con carácter inmediato. Sin embargo, la complejidad jurídica del proceso ha hecho que el Ejecutivo haya tenido que retrasar la decisión para blindar el proceso frente a una posible reclamación de los familiares. 

La opción elegida, según explican fuentes oficiales de Moncloa, es elaborar un Decreto Ley que debe ser convalidado en el Congreso. Según ha confirmado el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, se espera que la convalidación del Decreto tenga lugar "lo antes posible", al comienzo del nuevo periodo de sesiones a partir de "la segunda semana de septiembre".

Sin embargo, una vez que se apruebe en la Cámara Baja, deberá ponerse en marcha un expediente administrativo y tendrá que notificarse a las partes la exhumación. Todo esto podría demorar aún varias semanas más una salida de los restos de Franco a la que la familia se opone. 

El 11 de mayo de 2017 la Cámara Baja aprobó una Proposición No de Ley socialista para pedir al Ejecutivo (entonces del PP) para que sacase los restos del dictador del Valle de los Caídos. Asimismo, reclamaba el traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera a un lugar "no preeminente" dentro del monumento. La iniciativa consiguió salir adelante entonces con la abstención de los populares.

Ahora estos últimos se muestran abiertos a "valorar el sentido del voto" en la convalidación del Decreto del viernes siempre que "respete la legalidad" y que "cumpla todas las garantías". Así lo ha expuesto en declaraciones a La Sexta la vicesecretaria de Política Social de los populares, Cuca Gamarra. "Cuando veamos el fondo del mismo, podremos hablar de ello", ha señalado. "Nosotros en ningún caso vamos a defender a un dictador", ha rematado.