La UTE del caso Koldo que Illa coló en su megacontrato cobró las mascarillas a 8 veces el precio de mercado

La UTE formada por la multinacional española Ferrovial y la empresa de la trama Koldo, Soluciones de gestión y apoyo a empresas, una particular alianza de Goliat y David que engrosó la lista de proveedores del 'megacontrato' de Salvador Illa, ofreció una rebaja al precio de sus mascarillas en abril de 2021. Una rebaja que quedó lejos de la que ofrecieron otras empresas del Acuerdo Marco. Las mascarillas FFP2 de la UTE pasaron de costar 1,13 euros la unidad a 90 céntimos. Un precio que seguía dejando las mascarillas de la UTE del caso Koldo nueve veces más caras que las da la competencia en el mismo período de tiempo.

Así se desprende de los informes del sumario a los que ha tenido acceso Vozpópuli. El 30 de noviembre de 2020, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que depende del Ministerio de Sanidad, adjudicó dos lotes del megacontrato de Illa -que buscaba abastecer de material sanitario a las comunidades autónomas- a esta unión temporal de empresas. Uno de los lotes adjudicados se correspondía con la administración de mascarillas FFP2 a 1,13 euros la unidad (IVA excluido).

A medida que pasaron los meses, decenas de empresas que formaban parte de este megacontrato empezaron a ofrecer rebajas en sus productos en aras del bien público. La producción de material sanitario empezaba a fluir y los costes de producción de mascarillas, guantes y diversos suministros empezaron a reducirse. Fueron las compañías motu proprio quienes ofrecieron a Sanidad una reducción del precio.

Entre ellas, la UTE de Ferrovial y Soluciones de gestión. El 27 de abril, el Ministerio de Sanidad registró un escrito, firmado por un representante de Ferrovial, proponiendo un nuevo proveedor para ofrecer las mismas mascarillas FFP2 a mejor precio (Ventoblock). La rebaja propuesta fue de 23 céntimos, por lo que cada unidad pasaría a costar 90 céntimos.

Esta rebaja, sin embargo, desluce en comparación con lo que el mercado ofrecía en el mismo período de tiempo. Basta acudir a otro de los contratos que recoge el sumario, el de Gamma Solutions. Esta compañía ofrecía de entrada precios más baratos que la UTE de la trama Koldo: entre 44 y 73 céntimos por mascarilla FFP2 en noviembre de 2020. Con la rebaja que plantearon a Sanidad, cada mascarilla FFP2 de Gamma Solutions pasó a costar 12 céntimos. Es decir, las mascarillas de esta otra compañía salían casi 8 veces más baratas que las de Soluciones de gestión y Ferrovial.

La investigación de la Fiscalía

Los proveedores del Ministerio de Sanidad en el megacontrato de Illa también figuran en el sumario del caso Koldo puesto que la empresa principal de la trama, Soluciones de Gestión, se adjudicó dos lotes para el suministro de mascarillas en UTE con Ferrovial, como se ha mencionado.
La UCO concluye en relación a este megacontrato que, “salvo alguna connotación”, el procedimiento de licitación siguió los cauces reglados por la Administración. No obstante, Soluciones de gestión, que realmente pertenece a Juan Carlos Cueto, permanece en el foco de los investigadores por este contrato y otros ocho más que se adjudicó en el peor momento de la pandemia por más de 54 millones de euros.
Además del Ministerio de Illa, Soluciones de Gestión se adjudicó contratos con Puertos del Estado y Adif (entes dependientes del Ministerio de Transportes), el Ministerio del Interior y también de las comunidades de Canarias y Baleares, presididas en el momento de los hechos por el actual ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, y por Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados.
La Fiscalía Anticorrupción interpuso querella en septiembre contra un total de siete personas –entre ellos Koldo García- por el pelotazo con estos contratos que les reportaron beneficios de hasta 17 millones de euros. De hecho, según la Fiscalía, solo el 13% de los 54 millones de euros públicos percibidos fueron a parar a la compra de material y a su traslado a España. Al hilo, los agentes destacan una serie de presuntas irregularidades con estas concesiones que se tramitaron de emergencia.
Así, por ejemplo, denuncian la falta de documentación en Transportes, Canarias y Baleares en relación a los contactos con Soluciones de Gestión que darían pie a los contratos. Esta falta de documental unido a que en algunos casos –como el de Baleares- recibieron primero el material y luego lo pagaron, les lleva a los investigadores a concluir que el Ministerio de Transportes fue la puerta de entrada de la mercantil a partir del cual se expandieron por toda la Administración.
A ello ayudó las recomendaciones a contratar con Soluciones de Gestión que salieron de entes como Puertos del Estado o del gobierno balear que presidía Francina Armengol. Ello, sostienen desde la UCO, facilitó la formalización de otros contratos, incluido también el que gestionó Ingesa en nombre del Ministerio de Sanidad. La Guardia Civil destaca un correo que se envió desde la Administración el 18 de febrero de 2021 donde el representante de la UTE elegida por Sanidad informó de que no se había recibido “ninguna oferta firme para suministro de material”.