"Nos reunió a las nueve de la mañana y nos soltó casi a las 11 de la noche". Así sintetizó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la maratoniana jornada a la que fueron sometidos por Alberto Núñez Feijóo tanto él como sus homólogos populares este sábado, en un hotel de la sierra de Córdoba. El líder del PP convocó a sus barones territoriales como si de una concentración mundialista se tratara. Fueron 14 horas de debate y conjura que se saldaron con un acuerdo programático de 20 puntos, más un bonus track: repetir la misma fórmula, al menos, dos veces al año.
El PP prepara una suerte de gabinete en la sombra, no al estilo anglosajón, sino fáctico, fundamentado en el enorme poder territorial amasado el pasado 28-M. "Gestionamos los intereses públicos del 70% de los españoles", repicaron Moreno y Feijóo en sus intervenciones de clausura del domingo. Ése es el gran argumento del principal partido de la oposición para desplegar un gobierno alternativo que, a diferencia del actual Ejecutivo de coalición, "no hinque la rodilla ante el separatismo minoritario". Una hoja de ruta que durará así establecida hasta que el presidente del Gobierno caiga, vaticinó Feijóo, "por la mentira y la corrupción".
Sin embargo, como ha podido saber Vozpópuli, tal fue la tormenta de ideas (y de lluvia) en Córdoba que, de puertas hacia dentro, apenas abordaron el 'caso Koldo'. El objetivo de la convocatoria era otro: elaborar una batería de medidas susceptible de ser adoptada por todos los territorios sentados a la mesa. Los 11 presidentes autonómicos del PP, Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias; Juan José Imbroda, presidente de Melilla; y Alberto Gaitán, consejero de Ceuta, hilvanaron un largo debate en el que también participaron Cuca Gamarra, secretaria general; Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización; y Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal.
Las conclusiones de la reunión se materializaron en la Declaración de Córdoba, el "plan de acción política", explican fuentes cercanas al líder del PP, que las administraciones autonómicas populares iniciarán en el futuro más inmediato. Para ello, se llevó a cabo una adaptación de lo que en el mundo empresarial se denomina como benchmarking: localizar las estrategias de quienes lideran las diferentes políticas públicas para ajustarlas a cada territorio. "Qué es lo que hace uno bien para el otro también complementarlo, incluso a veces adaptarlo a tu territorio, en definitiva, qué podemos hacer conjuntamente todos", explicó Juanma Moreno en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad califal. "La Declaración de Córdoba es un proyecto de país", abrevió el presidente andaluz.
Los barones del PP acordaron aplicar en esta misma legislatura medidas como la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, apoyarse en las Reales Academias y otras entidades especializadas para "asegurar la ausencia de sesgos ideológicos" en los currículos educativos, homogenizar los criterios de Selectividad para 2025, limitar el uso de los móviles en las aulas, establecer un marco común de vacunas y prevención de cánceres, elaborar un Plan de Juventud que ataje problemas como la "emancipación", la "salud mental" o la "crisis de valores"; o implementar medidas compartidas de ayuda a los autónomos, como la cuota 0 en el primer año de actividad o la bonificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en lo referente a actividades empresariales.
El Pacto del Agua, el debate más agitado
Además, los presidentes autonómicos populares solicitan al Gobierno una "mayor descentralización" de la financiación europea para que haya una "cogobernanza efectiva" de los Fondos Next Generation, una "financiación suficiente" en política de inmigración que palie el "incremento histórico" de flujos migratorios en España a través de un "control fronterizo" intensificado en Canarias, Ceuta y Melilla; un plan de choque para ampliar los médicos de Atención Primaria o la reducción del IVA en la carne, el pescado y las conservas como medida de apoyo al sector primario.
Todo eso y un Pacto Nacional del Agua que "fortalezca a nuestro país ante los efectos crecientes del cambio climático". Se trata del punto que suscitó un debate más acalorado entre los presidentes autonómicos del PP por motivos obvios: las clásicas diferencias de pareceres entre territorios. "Todo ha sido en un tono absolutamente constructivo", acota uno de los presidentes autonómicos. La sangre, en ningún caso, llegó al Ebro; pero sí quedaron reflejadas las distintas opiniones de unas y otras regiones. "Cuando las cosas se hacen bien, todo sale bien", insistía otro de los presentes.
El consenso alcanzado por los barones populares exige al Gobierno como "punto de partida" y de manera "urgente" la creación de una Autoridad Nacional Nacional del Agua y un incremento de 40.000 millones de euros de inversión en infraestructuras hídricas para aumentar la capacidad de almacenamiento y distribución. Además, el PP pide a Sánchez que "ponga sobre la mesa" un Plan Nacional del Agua que "fortalezca a nuestro país ante los efectos crecientes del cambio climático".
El domingo, después de exhibir músculo frente a un PSOE famélico territorialmente con la enésima foto de familia, uno a uno fueron firmando el acuerdo en un acto público donde sus nombres fueron cantados por un speaker como en Space Jam. La Declaración de Córdoba fue rubricada por todos los presidentes autonómicos del PP: Juanma Moreno (Andalucía), Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), Jorge Azcón (Aragón), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Alfonso Rueda (Galicia), María Guardiola (Extremadura), Marga Prohens (Baleares), Gonzalo Capellán (La Rioja), Fernando López Miras (Murcia) y María José Sáenz de Buruaga (Cantabria). También por el vicepresidente canario, el presidente de Melilla, el consejero ceutí presente en Córdoba y por el propio Feijóo.