Jóvenes de fiesta en un domicilio del barrio de Salamanca de Madrid, unos policías tiran la puerta abajo tras un intercambio de palabras con una de las chicas del interior, que se niega a abrir la puerta a los agentes. El vídeo con las imágenes de lo sucedido ha circulado por las redes sociales abriendo el debate sobre un posible exceso de las fuerzas de seguridad al allanar así un domicilio. Vozpópuli ha tenido acceso al atestado policial que redactaron los agentes que actuaron en el suceso y que justifican su proceder porque los jóvenes “estaban cometiendo un delito flagrante de desobediencia”.
Alegan que “no existía otro medio más sencillo y a la par que eficaz para hacer cumplir la ley”. El delito se estaba produciendo en presencia de los agentes, siendo percibido claramente por los sentidos auditivos de estos, los autores se encontraban en el interior, sin existir duda razonable de su participación en el delito, al menos desde la perspectiva policial. Explican que se daba la “necesidad urgente” de intervenir para “impedir la propagación del mal que la infracción penal acarrea”. Se refieren al derecho al descanso de los vecinos y a enviar la propagación de la covid entre los asistentes a la “fiesta ilegal”. Sin embargo, en el relato de hecho del atestado se especifica que el delito era la desobediencia al negarse a identificarse.
Nueve detenidos
Los hechos ocurrieron a las 00.50 horas la noche del sábado al domingo de la semana pasada en un piso de la calle Lagasca de Madrid, en el exclusivo barrio de Salamanca de la capital. La actuación se saldó con nueve detenidos, entre ellos la chica que aparece en las imágenes discutiendo con los agentes a través de la puerta. “Usted se está pensando que se ha encontrado aquí con cuatro extranjeros que les puede colar la minga, y no”, les dice a los policías. Esta joven acabó esposada e insultando a la parte de la fiesta que sí quería abrir la puerta. Según el atestado -firmado pasadas las cinco de la madrugada- les llamó “zorras”, “guarras” y “traidoras”.
Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 19 años el más joven y 26 el más mayor. Hay cuatro nacidos en Emiratos Árabes Unidos, otro en Arabia Saudí, otro en Reino Unido y tres españoles. A la policía les alertó un vecino del mismo bloque alertando de que se estaba celebrando una fiesta con una gran afluencia de personas. Cuando los agentes llegaron al lugar pudieron “escuchar la música y excesivo ruido ya desde el rellano”. El vecino afectado les informó a los policías de que, “desde hace tres o cuatro días”, venían soportando fiestas nocturnas con trasiego de gente sin poder conciliar el sueño.
Según les dijo, llamó a la Policía Nacional porque antes lo había hecho a la Policía Municipal y no habían acudido. En el atestado los agentes dicen que el domicilio en el que se estaba celebrando la fiesta es “un piso turístico de los que habitualmente se alquilan por jóvenes para celebración de fiestas en su interior”. Por ello apelan al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que, desde el 18 de febrero, autoriza a la Policía Local “como servicios de inspección turística” para evitar que se incumplan las medidas de prevención contra el covid. Una inspección turística es como se llama, por ejemplo, a las intervenciones en un local comercial para chequear que cuentan con las licencias municipales en vigor.
La Policía llamó varias veces al timbre sin obtener respuesta “seguramente debido al exceso de ruido”. Luego golpeó con fuerza la puerta y gritaron para que la abrieran. Eso provocó que los jóvenes apagasen la música y guardasen silencio. El atestado dice que su único objetivo era que les abriesen para poder identificarles y en su caso llamar a la Policía Municipal para que pudiese hacer una inspección turística. Así se lo requirió “en un tono claro, imperativo y sobradamente alto”. Alegan que la Ley de Seguridad Ciudadana autoriza a los agentes a “identificar a las personas cuando existan indicios de de infracción y cualquiera que sea el lugar donde se hubiera hecho el requerimiento, en este caso un piso turístico”.
Añaden que se les advirtió a los jóvenes que negarse a identificarse, según la misma Ley de Seguridad Ciudadana, era un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad “que posibilitaría su detención”. Los agentes escucharon a los jóvenes en el interior discutir entre ellos sobre qué hacer. Tras unos minutos sin que abrieran la puerta ya sí se les comunicó que estaban cometiendo un delito de desobediencia grave. En ese momento, los policías actuantes recibieron la información de que la noche anterior, prácticamente a la misma hora, compañeros suyos también intentaron sin éxito identificar a los jóvenes que estaban celebrando otra fiesta en el interior.
Las imágenes que han circulado en las redes sociales corresponden al momento en el que los policías proceden a intentar abrir la puerta. Primero trataron de hacerlo por el método del “resbalón”. Consiste en introducir una lámina fina por el hueco de la puerta para forzar la cerradura sin ocasionar daños. Pero como la llave estaba echada fue imposible. Es por ello por lo que -”agotadas todas las vías de diálogo posibles”- recurrieron al ariete que se ve en el vídeo con el que tiraron la puerta abajo y desencajaron parte del marco de la puerta.
Los juristas ven exceso policial en la actuación
Esta actuación ha provocado las críticas de juristas que ven un exceso policial en la actuación. Alegan que la actuación ante un delito flagrante autoriza a los policías a actuar así, pero solo para evitar la consumación del delito o la desaparición de los efectos del mismo. En ese sentido, niegan que exista tal urgencia si el delito es desobediencia dado que ya se ha producido. Apuntan incluso a que los agentes cometieron un delito de allanamiento de morada en concurso con un delito de daños.
La joven a la que se ve en el vídeo se identificó como “letrada y jurista” con “estudios de derecho” y “opositora a abogado del Estado”. Les advierte de que su actuación era “ilegal” y que no tenían la obligación de identificarse al estar en un domicilio privado. “Una vez en el interior, se observa a un grupo de 14 personas, todas ellas sin mascarilla, en evidente actitud festiva, fumando y con vasos en la mano”. A la joven que grabó las imágenes con su teléfono móvil se le advirtió de que podría aportarlo como prueba ante un tribunal, pero en ningún caso difundirlo en redes sociales. Se basan también en la Ley de Seguridad Ciudadana, tachada en su día críticamente como la Ley Mordaza.
La joven que se había erigido como portavoz del grupo tuvo una actitud “agresiva”, “hostigante” y de “rebeldía”. Por ese se procedió a su “engrilletamiento”. Eran 14 y se arrestó a nueve. Los cinco restantes afirmaron que ellos sí querían haber abierto la puerta pero no les dejaron por lo que solo fueron identificados. Son dos españoles, una india, una búlgara y una francesa. Ninguno de ellos residía en el piso. De hecho, la vivienda pertenece a un ciudadano mexicano residente en Navarra. La casa quedó precintada.
