La Policía detiene al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes por el 'caso Mediador'

La Policía Nacional ha detenido este lunes a Juan Bernardo Fuentes en el marco de la investigación del caso Mediador, relacionado con el cobro de comisiones ilegales en la gestión de ayudas a productos alimentarios. Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli confirman el arresto del exdiputado del PSOE, quien renunció a su cargo la semana pasada tras conocer su presunta implicación en los hechos.

La detención ha tenido lugar a instancia del Juzgado de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife. Los agentes de la Policía Nacional también han registrado el domicilio del exdiputado, en Fuerteventura, en busca de documentación relacionada con el caso. Presumiblemente, Juan Bernardo Fuentes pasará a disposición judicial este miércoles, indican fuentes jurídicas a este diario.

Este exdiputado no fue detenido antes porque hasta que presentó su dimisión estaba aforado. Una circunstancia que se produjo la semana pasada. A este hombre se le imputan los mismos delitos que al resto de los miembros de la presunta trama: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.

El caso 'Mediador' se centra en una trama corrupta que captaba a empresarios ganaderos para que se instalaran en las Islas Canarias y pudieran disfrutar de las bonificaciones de la Zona Especial Canarias (ZEC). También evitaban inspecciones sanitarias y agilizaban o desbloqueaban expedientes de ayudas europeas. A cambio recibían cuantiosas comisiones los miembros de esta trama. Los investigadores tratan de determinar si el general de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa, amenazaba con inspecciones a las empresas en caso de no abonar las cuantías. Todos estos hechos ocurrieron entre los años 2020 y 2021.

La operación realizada por Policía Nacional, con el apoyo de Asuntos Internos de la Guardia Civil, ha sido desarrollada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. En total han sido arrestados 12 personas; entre ellas, el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuente. El único detenido que ha ingresado en prisión provisional es el general Francisco Javier Espinosa.

"Paco el Pocero" y el "Alférez MON"

El pasado en las islas de este agente era clave para ejercer su poder. Francisco Javier estuvo cuatro año como jefe de la Comandancia de Las Palmas. Llegó a las islas en el 2008 desde la Embajada de España en Francia. Antes su destino era Algeciras. "Era un hombre muy preparado actuaba de enlace y hablaba español, inglés, francés e italiano", remarcan fuentes de su entorno.

Su amplia formación colisionó de forma frontal con sus actuaciones. "Tuvimos montones de obras en poco tiempo. 'Paco el Pocero' le llamaba en la comandancia por todas esta obras", recuerda uno de estos agentes. Francisco Javier era muy amigo del primo de una alcaldesa socialista. Este constructor fue apodado como 'Alférez MON' ya que "entraba en los cuarteles como perico por su casa". El primo de la alcaldesa llegaba a dejar su coche de lujo al general cuando iba a la isla. Estuvo investigado en esa época por revelación de secretos.

Fue nombrado general por Zoido un día antes de jubilarse

Tiempo después esta alcaldesa fue detenida en el marco de una operación y antes del arresto fue informada por su primo, según constaba en las diligencias del caso. El general en cuestión llegó a estar investigado en varios casos por su relación con Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

Anteriormente, este mando había sido teniente de tráfico en la Guardia Civil en Sevilla. En esa época también forjó una gran amistad con Juan Ignacio Zoido. Años después, cuando era ministro del Interior, Zoido le nombró general un día antes de su pase a la reserva por el tiempo máximo en el empleo de coronel. Después pasó al retiro, donde se encontraba desde el 11 de enero de 2021, según informan a Vozpópuli fuentes de la investigación.

Un sueldo de más de 220.000 euros al año

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) anunció que solicitará ejercer la acusación popular en el ‘Caso Mediador’. "En la Guardia Civil no debe tener cabida la corrupción. Un problema de tal calibre tiene que recibir la condena unánime de parte de todas las asociaciones representativas. De este modo, debería iniciarse el trabajo dentro del Consejo de la Guardia Civil para implantar los mecanismos necesarios que eviten estas irregularidades y similares", señalaron.

Cuando se produjeron los supuestos hechos delictivos de los que se le acusa al ex General, él ya no formaba parte de la estructura orgánica directa del Cuerpo, pero sí era colaborador del Proyecto europeo GAR-SI Sahel, de formación de agentes del norte de África. Cobraba un salario anual superior a los 220.000 euros por desempeñar estas funciones.