Podemos se desvincula de la malversación por electoralismo y el PSOE ve la mano de Iglesias

Podemos no está dispuesto pagar en votos la reforma de la malversación cocinada entre el PSOE y ERC vía enmienda. Según ha sabido este diario de fuentes del espacio confederal, entre los morados ha habido debate sobre si firmar o no el texto transaccional que socialistas y republicanos elevaron este lunes en la ponencia de la comisión de Justicia que dio luz verde al retoque del código penal.

Pero sí hay un consenso generalizado dentro de Unidas Podemos de que es mejor no pagar el pato en caso de que cale en la opinión pública que el Ejecutivo suaviza el castigo a la corrupción tras rebajar a 6 años la horquilla máxima de penas por cometer ese delito si no existe ánimo de lucro personal. Y que podría beneficiar a varios imputados y condenados por el proceso independentista en Cataluña por mucho que el Gobierno niegue la mayor.

El redactado de la transaccional zanja que en el supuesto de la malversación del patrimonio público para un fin distinto al previsto legalmente, es decir lo que sucedió durante el procés, se impondrán penas de un año a cuatro de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años, y se fija como requisito para las penas de prisión que con el desvío presupuestario se cause un “daño o entorpecimiento grave del servicio público”. Y ahí llega la guerra de relatos, porque ERC asegura que no afecta ni a sus cargos condenados por este delito ni los que están pendientes de juicio. Mientras que el Gobierno asegura que sí.

"Incongruencia de Podemos"

En el PSOE ven incongruente la postura morada porque pese a todo, permitió con su voto que salga adelante, aunque no lleve su firma. En Ferraz achacan el tacticismo de sus socios a la mente estratega del exlíder de Podemos Pablo Iglesias, según fuentes socialistas consultadas por este diario. "¿Qué Podemos es el que ha dicho que no pone su nombre?", comentan estas fuentes, en alusión a los matices que han aflorado dentro del espacio morado sobre el delito.

"La posición que Podemos ha trasladado la he conocido en el Ejecutivo. Deben ser ellos quienes den explicaciones", ha resuelto la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría. Por si la 'espantada' de Podemos podía generar dudas, Alegría dejó claro que se ha ejecutado la transaccional "con todas las garantías técnicas". "No hay ninguna rebaja. Hay una diferencia entre corrupción y desvío presupuestario irregular", remachó la portavoz socialista. 

Oficialmente, los de Ione Belarra sostienen que tienen "dudas sobre la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces". Pero el presidente del grupo confederal y portavoz en el Congreso de En Comú Podem, Jaume Asens, zanjó que "suena bien la música" de la enmienda de ERC y del PSOE, porque que va "en camino de intentar desjudicializar un conflicto político".

El peaje catalán

Lo cierto es que dentro de Unidas Podemos, es su rama catalana, la de los 'comunes', la que más incentivos para que la norma, finalmente, vea la luz. Y es que deben vender su utilidad en el Gobierno cuando lleguen las elecciones municipales, en las que compiten directamente con los republicanos independentistas de ERC. Eso sí, los comunes no son los únicos con la mirada puesta en las urnas catalanas.

Sánchez paga del todo el peaje de la llamada "desjudicialización" del conflicto en Cataluña, el gran requerimiento de ERC en la mesa de diálogo, y que le ha costado también la reforma del delito de sedición con el pretexto de homologar las penas y el tipo penal al del resto de países europeos. Y todo para atar sus terceros presupuestos generales del Estado con los que se ha garantizado agotar la legislatura y encarar los próximos 12 meses con el altavoz del Gobierno en modo campaña electoral, desdeñando incluso las demandas sociales de sus socios de Unidas Podemos en el consejo de ministros.

El líder socialista está empeñado en "destensar" la situación en Cataluña, ante la evidencia que circula por Ferraz de que serán los catalanes quienes más votarán a Sánchez en las elecciones generales. Y es que el PSC es, ante la debilidad de la federación socialista andaluza tras la mayoría absoluta del PP, el principal granero de votos del PSOE. Sánchez, por tanto, actúa en consecuencia. Poco le importa que sus concesiones revuelvan en sus asientos a presidentes autonómicos de su partido como el castellano-manchego Emiliano García-Page o el aragonés Javier Lambán. Un sector del PSOE mira con preocupación el 'asalto' al código penal.

Consulta sí o sí

Mientras, en ERC celebran el gol. Cabe recordar que los republicanos acusan al Estado de haber utilizado el delito de malversación de forma "arbitraria" para "perseguir al movimiento independentista". Los de Junqueras sostienen que su propuesta pide volver al "modelo previo" de la reforma que implantó el PP en 2015, cuando detectó el problema del desvío de fondos públicos para fines ilegales relacionados con el la causa soberanista. Siete años después, el PSOE de Sánchez cede, en la práctica, a la amnistía, ya que aunque esta no se ha decretado como tal, los efectos de su fontanería en Cataluña serán muy similares.

Por si fuera poco, ERC aprovechó la presentación de la enmienda para explicar sus planes. Los republicanos someterán a ratificación de su militancia su apuesta por negociar un 'acuerdo de claridad' con el Gobierno de España que persigue sentar las bases de un referéndum de independencia en Cataluña. Y lo harán en la ponencia del partido que se votará el 28 de enero en su congreso en Lleida y que será su hoja de ruta para los próximos cuatro años. ERC propone considerar que ha ganado el 'sí' a la independencia si hay un mínimo de 50% de participación y un 55% a favor del sí. Toda un afrenta al orden constitucional.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha insistido este martes en que el 1-O no fue un delito y ha alegado que "organizar un referéndum no está en el Código Penal y por tanto no es un delito". "ERC defiende todas las vías democráticas" para alcanzar la independencia, ha apuntado. Según Junqueras, la reforma de la malversación sirve para "corregir las reformas del Código Penal que aprobó el PP con nombres y apellidos" para condenar a independentistas, por lo que ha sostenido que favorece al conjunto de la sociedad y ha rechazado que responda únicamente a la situación de los condenados por el 1-O.