España

Podemos se desvincula de Yolanda Díaz y exige negociar directamente con Pedro Sánchez

El partido de la vicepresidenta segunda está alarmado por la creciente beligerancia de los morados y avisa de que "van en serio". Los de Ione Belarra prevén una investidura fallida

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 6 de julio.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 6 de julio. EUROPA PRESS

Podemos ha decidido incendiar Moncloa. Los morados han roto de facto con Yolanda Díaz y exigen negociar directamente con Pedro Sánchez -y que este atienda sus reclamaciones- si el candidato socialista para ser investido quiere los votos de los cinco diputados comandados por Ione Belarra. Sumar está alarmado por la creciente beligerancia de su supuesto aliado, integrado en su coalición. Fuentes de alto nivel del partido de la vicepresidenta segunda avisan a este diario de que "van en serio". "No se trata de ningún brindis al sol. Es una estrategia bastante sería: buscan un tú a tú del PSOE", sintetiza una destacada fuente del entorno de Díaz.

Lo cierto es que Podemos prevé una investidura fallida. Cada día que pasa los morados ven más probable que la salida al embrollo de la amnistía sea una nueva jornada electoral en España. De manera que el partido ha decidido empezar la maniobra de ruptura con Yolanda Díaz que le conduzca, en caso de repetición de las elecciones el próximo 14 de enero, a presentarse al margen de Sumar; una idea que lleva semanas rondando la cabeza del núcleo duro de Podemos. Y que ahora ya dibujan sin tapujos.

La propia Belarra fue este jueves contundente en una entrevista en TVE. La líder morada volvió a repetir el mantra de que Podemos y Sumar son dos proyectos políticos diferentes que buscan objetivos parcialmente distintos. Y pidió a los socialistas que escuchen e incorporen sus peticiones. "El PSOE tiene que escuchar las peticiones de Podemos, de las cuales aún no tenemos ningún tipo de respuesta, y creo que sería bueno darle estabilidad al futuro gobierno incorporando todas las sensibilidades", dijo. Toda una alusión velada a que la ministra de Igualdad, Irene Montero, permanezca en su ministerio si se reedita la coalición. Incluso a que se hagan con alguna otra cartera. Lo que está claro es que las reclamaciones al PSOE de Podemos y Sumar van por prioridades distintas. Y es que el partido de Yolanda Díaz está peleando su propia parcela: la reducción de la jornada laboral de 35 horas semanales.

El PSOE: "Tendrán que hablarlo con Sumar"

El PSOE, por el momento, obvia la situación. Fuentes de la planta noble de Ferraz precisan a Vozpópuli que antes de entablar cualquier tipo de conversación con Podemos, debe ser Yolanda Díaz quien decida: "Tendrán que hablarlo en Sumar", zanjan estas fuentes. La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones lleva semanas sin hablar con Belarra. Es más, fuentes de Sumar reconocen que la líder no ha autorizado los movimientos de Podemos. Aunque también está nerviosa. Quizá por ello, en previsión de que se pueda producir una escisión, Díaz muestra su lado más combativo para retener al votante morado más acérrimo.

Podemos inició hace poco más de un mes un proceso de movilización de sus inscritos cuyo fin último es decidir dónde, cuándo y cómo termina su camino con Yolanda Díaz: "La gente de Podemos tenemos una enorme responsabilidad. Por todo esto, hemos iniciado un proceso de reflexión y debate colectivo con el objetivo de fijar nuestra nueva hoja de ruta para esta etapa que comienza. A lo largo del proceso, mediante el diálogo en innumerables asambleas por todo el país, queremos que esta propuesta inicial evolucione y mejore, recogiendo toda la inteligencia colectiva de las bases de Podemos y que culminará en una gran conferencia política el próximo sábado 4 de noviembre", explica la secretaría de organización del partido.

Es más, Podemos amaga con consultar a sus bases el acuerdo de coalición al que lleguen el PSOE y Sumar -que aún está lejos de cerrarse-. De todas las fuerzas que forman la amalgama política de la vicepresidenta segunda en funciones, solo Izquierda Unida y los morados están obligados a preguntar a su militancia por los acuerdos de gobierno según sus estatutos. Pero ahora no los firman ellos. Esa es la clave. Podemos no tendría obligación de someter a la opinión de la militancia el pacto. Pero si lo hace será para hostigar a Sumar tras los desplantes de las últimas semanas.

Lo cierto es que los de Ione Belarra llevan varias semanas haciendo sonar tambores de guerra dentro de Sumar. El mosqueo en la sede de Francisco Villaespesa es mayúsculo después de que Yolanda Díaz impidiera intervenir a los diputados de Podemos durante la investidura de Alberto Núñez Feijóo en contraposición a los comunes y a Izquierda Unida, que sí tuvieron voz (Aina Vidal y Enrique Santiago). Cabe señalar que las portavocías adjuntas del grupo parlamentario están repartidas solo con Compromís (Àgueda Micó) y Chunta (Jorge Pueyo).

Mientras, los morados siguen sometiendo a Sumar a toda la presión que pueden. En especial con Irene Montero. Podemos exige a Díaz que no ceda posiciones en el Consejo de Ministros y, por supuesto, que no se desprenda de Igualdad. Aunque el PSOE está dispuesto a robarle la cartera. Y Yolanda Díaz inclinada a cambio de mantener Trabajo y otros tres ministerios para los suyos. Pedro Sánchez no parece inquieto por las amenazas de Podemos. Aunque puede tener motivos para preocuparse.

Un partido en quiebra técnica

Podemos intenta reflotar pese a ser un partido en quiebra técnica. El partido sufrirá mermas de ingresos del 90% a nivel estatal y del 70% en sus federaciones por la pérdida de apoyo electoral del pasado 28 de mayo. Los morados están en liquidación tras activar este verano un ERE que afecta a la mitad de su plantilla. Por eso, la formación tendrá que tirar de sus ahorros y destinar sus depósitos para devolver 1.150.000 euros que los simpatizantes les prestaron a través de microcréditos -una vía financiación sin intermediarios bancarios-.

Más de la mitad de esa deuda (731.000 euros) proviene de territorios en los que los morados se quedaron sin representación en las elecciones municipales y autonómicas y, por tanto, sin un solo euro de subvención electoral. El partido vive con el agua al cuello. Además, tendrá que hacer frente a las indemnizaciones por despido de los trabajadores afectados por el ERE, aunque eso sí, el partido puede negociar esa cifra con los trabajadores.

El golpe del 28 de mayo destrozó el despliegue territorial que impulsó el partido en su última convención municipal. El plan, dirigido por la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, era afianzarse en aquellos lugares donde poder competir con otras fuerzas de su espacio, como Izquierda Unida. Pero la realidad les ha dado un baño. En 2015, apenas un año después de su irrupción, el partido tenía 170 diputados autonómicos por todo el país. Ocho años después tienen apenas 34.

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