España

Un agujero de 17 millones en un pueblo vizcaíno de 3.000 habitantes salpica al PNV

La Justicia investiga a tres exalcaldes peneuvistas de la localidad de Alonsótegui, próxima a Bilbao, por distintos casos de presunta corrupción entre 2003 y 2015

Andoni Ortuzar, presidente del PNV.
Andoni Ortuzar, presidente del PNV. EFE

Silencio stampa en el Partido Nacionalista Vasco ante un asunto de presunta corrupción que emerge como ya lo hiciera el 'caso De Miguel' (pendiente de sentencia), entre bambalinas mediáticas y un dilatado recorrido judicial.

Desde el partido peneuvista han evitado dar cualquier respuesta a preguntas de Vozpópuli sobre la investigación que llevan adelante juzgados vizcaínos por un presunto agujero urbanístico de dimensiones millonarias en la pequeña localidad a 8 kilómetros del centro de Bilbao, Alonsótegui (donde ahora gobierna el PNV por el apoyo del PSOE, al hilo del acuerdo en la comunidad), que salpica a la propia Diputación de Vizcaya.

Alberto Uriona, periodista con recorrido en el ElPaís, ElMundo y ElDiario.es y uno de los mayores conocedores del caso, se hacía eco esta semana de un reciente "salto cualitativo" en la gravedad de las investigaciones. Si bien a él, a preguntas de este medio, "no le consta" que ninguno de los investigados siga ostentando algún cargo público ligado al PNV, reclama ya que tenga lugar algún tipo de "asunción de responsabilidades" por una trama que ahora, tras las últimas pesquisas, cifra en un agujero de 17 millones de euros en las arcas públicas. 

Un constructor reconoció en sede judicial que el alcalde le mandó a "hacer una serie de facturas" para cobrar su deuda al consistorio

El pasado mes de octubre, en un auto al que ha tenido acceso este medio, el Juzgado de Instrucción 4 de Baracaldo solicitó a la Audiencia de Vizcaya que abriera juicio oral contra, entre otros, el exalcalde peneuvista de este pueblo de 3.000 habitantes, José Luis Erezuma (2011-2015).

Ello, por un posible desvío de 600.000 euros en "ayudas extraordinarias" de la Diputación de Vizcaya al Ayuntamiento y de otros 81.392 del propio Consistorio en 2011 a una empresa vasca, Laneder (quebrada en 2013 y con la que el consistorio tenía una deuda de un millón de euros por una edificación de 2008), a cargo de obras que no se han ejecutado y que se impulsaron con la excusa de un temporal que azotó al pueblo.

Así lo reconoció al menos en sede judicial uno de los constructores implicados, afirmando que la simulación de obra pretendía ser un atajo del Consistorio para saldar su deuda con la empresa. "Y si no, a la cola y ya veremos cuando cobráis y si cobráis", testificó el constructor que le dijo el primer edil.  

Tres alcaldes seguidos

Erezuma, que ha esgrimido en su defensa que la operación que le involucra no supuso perjuicios económicos para el Consistorio, es el tercer exalcalde jeltzale consecutivo de este pueblo que puede ir a juicio por un caso de presunta corrupción.

En julio del año pasado concluyó el procesamiento del Juzgado de Instrucción 1 de Baracaldo contra sus dos antecesores, Gabino Martínez de Arenaza (2003-2007, y luego director de Turismo y Promoción exterior de la Diputación de Bizkaia) y Aitor Santiesteban (2007-2011) por tráfico de influencias, malversación y fraude, entre otros delitos, que habrían ocasionado un agujero económico de obras sin justificar a través de la sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz (activa entre 2003 y 2011) de unos 15 millones de euros, según una auditoría realizada a petición de EH Bildu por la auditora bilbaína Afianza. 

Los dos primeros alcaldes investigados llevan un año esperando fecha de juicio

A preguntas de Vozpópuli, la auditora ha evitado cualquier declaración y se ha limitado a recordar que su informe forma parte ahora de un "proceso judicial en marcha".

Martínez de Arenaza y Santiesteban (al que paralelamente se investiga por un desvío de 1,2 millones en subvenciones de la Diputación de Vizcaya y del propio Gobierno central para afrontar inundaciones en el pueblo en 2008) están pendientes de la fecha de juicio desde julio de 2018.

Una dilación que no llama la atención si se considera que el mayor juicio por presunta corrupción que afronta el PNV, el 'caso De Miguel', lleva desde diciembre de 2018 visto para sentencia.

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