Publicado: 19/01/2020 05:15
Más de 30 años después, Pedro Sánchez emula la estrategia que Felipe González tejió para limitar los efectos políticos de la investigación de la Fiscalía sobre el caso Banca Catalana y Jordi Pujol. En 1986, el líder histórico socialista colocó a su ministro de Presidencia en el cargo de fiscal general del Estado, y meses después fue criticado por no recurrir el archivo de la acusación contra el expresidente catalán.
Esta semana, el presidente del Gobierno ha anunciado su decisión de imponer a su exministra de Justicia Dolores Delgado al frente de la Fiscalía. Y lo ha hecho justo después de que comunicara su intención de desjudicializar la política, especialmente la vinculada con Cataluña y sus socios parlamentarios.
Una de las principales consecuencias del nombramiento de Delgado será, según apuntan fuentes jurídicas de la esfera progresista a Vozpópuli, que se limitará la acción de la Fiscalía en el conflicto catalán. Algo que no ocurrió con la ex fiscal general María José Segarra, que no modificó el criterio del Ministerio Público en el Tribunal Supremo.
Según las mismas fuentes, en los ambientes socialistas se considera que Segarra, tras ser nombrada fiscal general, siguió las pautas de su antecesor, José Manuel Maza, nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy y arquitecto de la querella por rebelión. Para que esas directrices se mantuvieran durante la instrucción, Mazó nombró a cuatro fiscales, tres de ellos considerados conservadores, que acusaron a los líderes del próces de haber cometido un delito de rebelión.
No hizo cambios
Con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, los socialistas no entendieron que la fiscal general del Estado, nombrada por Dolores Delgado, renunciara a hacer cambios e incluyera en el equipo de fiscales del procés a alguna persona de su confianza. Las fuentes consultadas sostienen que Segarra rechazó cambiar a los fiscales elegidos por su antecesor: "No tenía por qué mantener la estrategia que había marcado Maza, que no incluyó en el equipo a fiscales de la Sala Segunda con un perfil más progresista, como por ejemplo Juan Ignacio Campos o Antolín Herrero", lamenta a este diario un jurista de reconocido prestigio que reclama su anonimato.
Por el contrario, la Abogacía del Estado, bajo control directo del Ejecutivo, sí acusó por sedición, algo que le costó el puesto al abogado del Estado del caso, Edmundo Bal, que acabó denunciando la maniobra y presentándose como candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados. Por eso, apuntan las citadas fuentes, el nombramiento de Delgado, que hasta hace unos días se sentaba en el Consejo de Ministros, tendría como finalidad buscar un mayor control del procés, pero también de otras causas consideradas sensibles.
Así, parece evidente que la maniobra de Pedro Sánchez, que ha sido fuertemente contestada por jueces y fiscales, es idéntica a los manejos que a mediados de los años 80 desarrolló el presidente del Gobierno, Felipe González, quien nombró fiscal general del Estado a una persona de su máxima confianza, el entonces ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, para aplacar a los nacionalistas catalanes.
La maniobra de Felipe González
El relato de la actuación de González comienza el 19 de mayo de 1984, cuando el diario El País publicaba la noticia sobre una "inminente" querella contra Jordi Pujol y otros responsables de Banca Catalana en la que se anunciaba que el entonces fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, había dado instrucciones a los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena para interponer una querella contra el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña por el agujero de la entidad financiera.
Sánchez repite la estrategia de Felipe González, quien nombró al ministro de la Presidencia fiscal general del Estado para aplacar a los nacionalistas catalanes
Esa información se generó a partir de una filtración periodística, apuntan a Vozpópuli fuentes cercanas al caso, que puso al fiscal general Luis Antonio Burón entre la espada y la pared: si impedía la querella la opinión pública sabría que había sido él; y si la interponía, se ganaría la animadversión del entonces ministro de Justicia, Javier Moscoso, y del propio presidente González, que mantenía una buena relación con Pujol, considerado en Madrid un hombre de Estado.
La causa contra Pujol
La causa fue investigada hasta noviembre de 1986, año en el que los fiscales pidieron el procesamiento de 18 exconsejeros del banco -entre ellos Jordi Pujol Soley- por presuntos delitos de apropiación indebida. Sin embargo, el Pleno de la Audiencia de Barcelona rechazó el procesamiento al estimar que no había indicios racionales de criminalidad en la actuación del que ya desde mayo de 1980 era presidente de la Generalitat de Cataluña.
33 magistrados votaron en contra de procesar a Pujol, mientras ocho se pronunciaron a favor. La instrucción del caso continuó para el resto de acusados, pero en marzo de 1990 la misma Audiencia decretó el sobreseimiento definitivo, pese a que se reconoció que “se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa".
Entre los ocho magistrados que se opusieron estaba Margarita Robles, hoy ministra de Defensa, que años después -tras conocerse la fortuna oculta del clan- reivindicó en un mensaje dirigido a la asociación a la que pertenece (Juezas y Jueces para la Democracia) su voto particular.
"Sólo ocho magistrados de los componentes del Pleno formulamos entonces voto particular, entendiendo que procedía el procesamiento de Jordi Pujol por hechos que treinta años después se han manifestado en los términos en que lo ha hecho. También por ello fuimos objeto de grandes críticas por lo que algunos consideraron ataques a Cataluña", escribió de forma literal Robles.
La querella presentada bajo el paraguas del fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, magistrado de carrera y que había sido nombrado por el anterior ministro de Justicia, Fernando Ledesma, del que era amigo personal, dio paso a una crisis en las relaciones institucionales entre la Administración central y la Generalitat, entonces gobernada con brazo férreo por Pujol. El diario El País denominaba en sus crónicas este enfrentamiento como 'Síndrome de Banca Catalana".
El secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Lluis Prenafeta, llegó a asegurar en 1988 que el desenlace de la querella había sido como los puntos de sutura que deja una operación quirúrgica: "Estás curado, pero la herida sigue allí, y a veces, cuando estás en la ducha o hace mal tiempo, los puntos te tiran en el costado y entonces te das cuenta de que siempre estará allí".
El nombramiento de Moscoso
Esta rivalidad se mantuvo pese a que el Gobierno de Felipe González relevó el 19 de septiembre de 1986 a Burón, para nombrar al ministro de Presidencia y diputado Javier Moscoso fiscal general del Estado. Esta decisión provocó un rechazo similar al del reciente nombramiento de Dolores Delgado entre jueces y fiscales. Al igual que ha pasado este jueves, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se fracturó al analizar la idoneidad del nuevo fiscal general. El exministro de Felipe González recibió el apoyo de 13 de los 20 vocales.
Ya como máximo responsable del Ministerio Fiscal, Moscoso rechazó recurrir el archivo de la investigación contra Jordi Pujol Soley, que hoy está imputado en la Audiencia Nacional como integrante de una "organización-familia" que ingresó más de 30 millones de euros al margen del fisco español, según los informes recientes de la Agencia Tributaria.
Fuentes jurídicas han asegurado a Vozpópuli que Moscoso también habría jugado un papel activo a la hora de desactivar una investigación de la Fiscalía catalana contra Prenafeta. Sin embargo, y pese a la pax romana impuesta por los sucesivos Gobiernos centrales con los nacionalistas catalanes, Prenafeta ha acabado teniendo problemas con la Justicia. En 2018 la Audiencia Nacional le condenó a un año y once meses de cárcel por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales tras cobrar comisiones ilegales a cambio de mediar en tres pelotazos urbanísticos en el área metropolitana de Barcelona.
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