En política, las victorias son efímeras. Pedro Sánchez pensaba que no vería el balón de la amnistía moverse en el Congreso de los Diputados tras la patada que le dio este martes el diputado socialista Óscar Puente, cuya réplica chulesca al líder del PP durante su investidura sacó de la conversación pública la medida de gracia a los independentistas. Pero el presidente en funciones no podía estar más equivocado. Los secesionistas siempre llaman dos veces a la puerta. Y este viernes, el PSOE tendrá que defender en la Cámara Baja que no está dispuesto a negociar un referéndum de autodeterminación, como le exigieron este jueves Junts y ERC a cambio de investir a Sánchez presidente del Gobierno.
A Ferraz no le quedó más remedio que mover ficha tras el pacto que sellaron ambas fuerzas independentistas para no investir a ningún candidato a presidente que no se comprometa a trabajar para hacer efectiva una consulta de autodeterminación en Cataluña. Los socialistas se agarraron al marco constitucional, al diálogo, la convivencia y el entendimiento. Todo es un compendio de categorías en las que no entra un referéndum divisivo que ponga a los catalanes en la tesitura de decir 'no' al resto del país. Esa es la gran línea roja del PSOE. O, al menos, la que hace ver, porque en política lo que parece es. El presidente sabe que no puede atravesar una puerta que le llevaría directo a la inconstitucionalidad. Por eso publicó ese comunicado, para que el PP no use la exigencia secesionista este viernes en el Congreso y atice a Sánchez, quien podría verse interpelado a hablar en la Cámara. El plan del PSOE es que lo hiciera Puente. Aunque está por verse si hay cambio de guion.
El momento que eligieron los independentistas para hacer público ese acuerdo, que tendrá que votarse en el Parlamento catalán, no es casual. Buscan presionar a Sánchez y hacerle sudar tinta. Ambos partidos siguen envueltos en una brutal disputa por la hegemonía del espacio independentista. Ninguno de los dos, con el horizonte de elecciones catalanas, quiere aparecer ante los suyos como un traidor a la causa. Y ese es el motivo por el que firmaron conjuntamente esa resolución. El propio Oriol Junqueras, líder de ERC, advirtió este jueves de que su partido no garantiza ya su apoyo a Sánchez: "No, absolutamente no", espetó a las puertas del Congreso.
El recado electoral
El comunicado, el PSOE recuerda a los independentistas que el resultado de las elecciones del 23 de julio no fue bueno para ellos, ya que redujeron su fuerza en detrimento de un auge espectacular del PSC: "En las últimas elecciones generales, la sociedad catalana en particular, y la española en su conjunto, han apostado de manera amplia por un gobierno progresista que continúe la senda de diálogo, acuerdos y concordia iniciada hace cuatro años, y no por mirar al peor pasado sino por seguir construyendo juntos un futuro mejor".
Lo cierto es que el escenario que abre la exigencia independentista puede abocar a una investidura fallida a Sánchez y, por consiguiente, a una repetición de las elecciones generales que se celebrarían sí o sí el próximo 14 de enero. Pedro Sánchez tiene prisa por acudir a la investidura. Su núcleo de confianza, en conversación con este diario, reitera que desea que sea "cuanto antes". Pero el calendario es tozudo y los obstáculos cada vez más grandes.
El presidente del Gobierno en funciones afronta dentro de poco una semana horribilis que le ha hecho alejar su investidura hacia la segunda mitad del mes de octubre. El presidente se prepara para una marcha contra la amnistía "potente", como prevén sus colaboradores, el próximo domingo 8 en Barcelona. Y tan solo cuatro días después, el día 12, se celebra en Madrid el desfile del Día de la Fiesta Nacional. El líder del Ejecutivo está mentalizado para recibir una pitada monumental con todo tipo de insultos de coro y con la presión de los independentistas ahogándole. Es cierto que las conversaciones de Moncloa con los independentistas avanzan, según fuentes de ERC consultadas por Vozpópuli. Pero han encallado en lo más difícil.
La amnistía es aceptable para Sánchez
Por ahora, los equipos negociadores de Moncloa, ERC y Junts intercambian documentos sobre el encaje legal de la otra gran reclamación del independentismo: la amnistía. Moncloa busca espacio en la legalidad para darla a luz en el Congreso. El Gobierno hace caso omiso a los gritos en contra de la amnistía. Este lunes desmereció a través de su portavoz en Moncloa, Isabel Rodríguez, la concentración cocinada por Génova el dominog pasado.
La también ministra de Política Territorial en funciones recordó que los españoles ya hablaron el 23 de julio en las urnas y que "fueron más" quienes no quisieron un Gobierno del PP con Vox que quienes lo votaron. Esa es la legitimidad que siente Sánchez para ultimar la amnistía que se niega a pronunciar. El presidente abrió la semana pasada de manera definitiva la puerta a sacar adelante una hipotética ley de amnistía o de alivio penal. Y lo dijo de manera velada, cuando recordó que será "coherente con la política de normalización en Cataluña". Nadie en el PSOE sabe hasta dónde llegará.
