Se cumple un año de la apertura de hostilidades del presidente del Gobierno contra la por él denominada `derecha judicial´ confabulada con la derecha política y la mediática. Recién concluida una sesión del Consejo de Europa el 15 de diciembre de 2022, en su comparecencia ante la prensa Pedro Sánchez denunció un atropello a la democracia “no solamente por parte de la derecha política, sino también de la derecha judicial, jaleada por la derecha mediática”. Ahí comenzaron, antes que en los compromisos con ERC y Junts, las alertas sobre el `lawfare´ (guerra política/sucia de jueces y fiscales) que ya se arrojan con ese nombre desde las filas del PSOE, de forma abierta y definitiva por su portavoz parlamentario Óscar Puente y por el mismo presidente en declaraciones del pasado día 4.
La advertencia lanzada por Sánchez en Bruselas hace un año fue caldo de cultivo para otras aportaciones que han contribuido a que el sanchismo termine descalificando al tercer poder del Estado con el término `lawfare´, tan ajeno a la naturaleza de la Unión Europea. El desencadenante de aquellas severas acusaciones vertidas por el presidente el Gobierno fue el frenazo del Tribunal Constitucional a su propósito de renovar la composición de ese órgano por una vía de urgencia impugnada por el PP. El frenazo fue seguido, cuatro días después del pronunciamiento de Sánchez en la capital comunitaria, de una sentencia suspendiendo ese intento pilotado desde Moncloa.
Aquel inicio de combate contra miembros de un poder del Estado, con todo a lo que ha llevado un año después, no fue un arrebato del jefe del Gobierno. El mismo día que abrió fuego dialéctico en Bruselas, el diputado y portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, utilizó munición gruesa desde la tribuna del Congreso de los Diputados: “Hace 41 años la derecha quiso parar la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido”. Con aquella equiparación de guardias civiles golpistas y magistrados, el hoy comisario especial del TC se refería a las resistencias encontradas semanas antes para derogar el delito de sedición y abaratar el de malversación.
Lo que se dijo y se hizo en diciembre pasado en torno a esas reformas del Código Penal y al intento de renovar el TC por un atajo, alimentó los cada vez más frecuentes llamamientos a una ‘desjudicialización’ de la política que, en realidad, pretendía dejar fuera del alcance de la Justicia ciertos delitos o irregularidades cometidos por determinados gobernantes y que ha terminado en la guerra abierta de estos días que abarca desde la Fiscalía General al Consejo de Estado pasando por el CGPJ y el Tribunal Supremo, con expresiones agresivas de los aliados separatistas del Gobierno o con formas taimadas como la utilizada por el inquilino de la Moncloa en `Espejo Público´ calificando de “deriva judicial” la acción de la Justicia tras el 1-O.
Lo que visto con perspectiva empezó como guerra política contra los jueces, su promotor, Sánchez, consiguió que prendiera fuera y dentro de nuestras fronteras. La primera reacción negativa a la suspensión de la renovación tramposa del Constitucional en 2022 no tardó ni 24 horas. Llegó del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), dependiente del Grupo de Puebla, que es laboratorio doctrinal del `lawfare´ esgrimido para encubrir desmanes de gobernantes de aquel continente. El citado CLAJUD solicitó la condena internacional “del atropello a la soberanía popular cometido por la derecha política y judicial española con el fin de perpetuar su control de los órganos jurisdiccionales”.
La identificación en conceptos y terminología entre el sanchismo y el populismo americano apreciado en el comunicado salido del Grupo de Puebla se ha mantenido en el tiempo, hasta el punto de que el último boletín de esa organización trata a Sánchez como `uno de los nuestros´ tras su intervención 'online' en la última asamblea de esa organización que, además, le ha felicitado públicamente por su nueva investidura, al considerarlo “un hito” porque con “su liderazgo” se fortalece una Iberoamérica “más progresista y justa”.
El presidente español no improvisaba cuando advirtió desde Bruselas, con cierta gravedad, que “estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solamente por parte de la derecha política, sino también de la derecha judicial, jaleada por la derecha mediática, y creo que esto es inaceptable”, añadiendo que “nuestra democracia va a prevalecer frente a cualquier intento de atropello, sean los magistrados conservadores, o sea la derecha mediática, o sea una derecha política”.
Cultivando esa presunción de culpabilidad sobre un sector mayoritario de la magistratura, Sánchez ha desembocado estos días en la denuncia abierta de `lawfare´ en España, alineándose con los más conspicuos miembros del Grupo de Puebla como el juez Baltasar Garzón, Cristina Fernández de Kirchner o los expresidentes Alberto Fernández, Rafael Correa y Evo Morales. El pasado 30 de noviembre reconocía en 'TVE' la existencia de casos en España porque “definitivamente se han instrumentalizado instituciones públicas para perseguir a adversarios políticos y ocultar pruebas en causas judiciales que afectaban al Partido Popular”, siendo más explícito cuatro días más tarde en la 'Cadena SER': “El principal partido de la oposición tiene de rehén, preso y capturado al Poder Judicial (…) Esto es un caso paradigmático del `lawfare´, de politización de la Justicia”.
Las cicatrices que han dejado en la biografía de Sánchez Pérez-Castejón los indultos a los golpistas del 1-O, la eliminación de los delitos de sedición y parte de malversación y la imposible renovación de un CGPJ a su medida, son las determinantes de que llegue a diciembre de 2023 enarbolando la alarma ante una guerra política de los jueces tal como la describe el populismo bolivariano en vez de referirse, como antes, a su confabulación con los “poderes ocultos”. Todo eso ha marcado su posición actual, antes que los compromisos adquiridos en sus pactos de investidura, y de gobierno, con ERC y Junts.
Las continuas referencias del sanchismo a que ha de hacer de la necesidad virtud para salvar el Gobierno, incluso en cierto mimetismo con los ataques y hostigamiento de los separatistas catalanes a la judicatura, omiten que la veda abierta por Sánchez hace un año tuvo sus consecuencias. El más sonado de aquellos efectos, hablando en sede parlamentaria de complicidad política de los jueces, lo volvió a protagonizar el presidente. Durante una sesión de control en el Senado el 21 de diciembre de 2022, en respuesta a Alberto Núñez Feijóo dijo refiriéndose al Constitucional: “(…) los poderes que le acompañan a usted y a su partido, los poderes que les arropan -poderes, por cierto, cada vez menos ocultos-… Han conseguido (…) quitarle competencias que le habían conferido la Constitución y los ciudadanos al Parlamento, al Senado y a las Cortes Generales”.
Aquella ofensiva del presidente del Ejecutivo y su partido contra lo que aún no llamaban `lawfare´ fue amainando a medida que se acercaron las citas electorales de este 2023, pero se ha reavivado tras los pactos con los independentistas catalanes, particularmente el firmado con Carles Puigdemont con alusión expresa a esa desviación de jueces y fiscales. Definitivamente, las expresiones judicialización y derecha judicial han sido sustituidas en boca de ministros y dirigentes del PSOE por las de politización de la Justicia y, una vez que ha traspasado las paredes de la Moncloa, directamente por `lawfare´.
Paralelamente, los fabricantes de opinión y los medios de comunicación afines al Gobierno sanchista y al independentista de Cataluña arrecian desde hace semanas en el acoso o la descalificación de los llamados sectores conservadores de la judicatura, multiplicándose las alusiones a la guerra sucia desde ese poder del estado con motivo de la tramitación de la ley de amnistía. Llegando al extremo de que en la prensa catalana de corte separatista se `normalicen´ afirmaciones como ésta reciente del director de 'VilaWeb': “España se encuentra inmersa en un golpe de Estado perpetrado por el Poder Judicial contra el Poder Legislativo y el Ejecutivo”.
La guerra dialéctica inaugurada por Sánchez en Bruselas en diciembre de 2022 ha trazado el camino hasta la estrategia frentista de diciembre de 2023 que incluye a los jueces. Así lo ha consagrado el presidente del Gobierno en sus entrevistas del 30 de noviembre y 4 de diciembre y lo ha rubricado su superministro Félix Bolaños en Bruselas, cerrando el círculo iniciado en la capital belga hace un año, al reconocer a la revista europea `Politico´ que es posible que Puigdemont esté en lo cierto con lo de jueces españoles politizados y, de confirmarse, serán perseguidos porque “el Estado de derecho en España dispone de mecanismos para extirpar cualquier actuación de un funcionario público contraria a la ley”.
