Un padre denuncia a Madrid tras ser absuelto de maltrato: dos años sin ver a sus hijas

Una verdadera lucha burocrática. Así es el conflicto que ha comenzado Carlos L.J. un padre madrileño que busca ahora restituir su honor en los tribunales. Su mujer le denunció por malos tratos y ahí comenzó su vía crucis. Estuvo dos años sin poder ver a sus hijas. Ahora busca ser redimido y ha denunciado a la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y a la Fundación Luz Casanova. Solicita a todos ellos una disculpa pública y una indemnización de 85.000 euros por vulnerar su derecho al honor, según han informado a Vozpópuli fuentes de su entorno.

El calvario de este padre arrancó en marzo de 2019 cuando tras meses de una relación deteriorada su mujer interpuso una denuncia con él por malos tratos. Su esposa dijo haberse sentido amenazada, haber sido golpeada y recibir insultos por parte de Carlos. Esta querella fue enviada al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Madrid.

Casi de igual manera en el tiempo, su mujer en representación de la hija de ambos también denunció a su padre por malos tratos. Este hecho fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Ambas denuncias fueron archivadas tanto en primera instancia como en apelación. "Las relaciones de la menor con el padre parece estar deterioradas por motivos que se desconocen aunque sin descartar la influencia negativa del conflicto de los progenitores", dictaminó la juez en el auto en el que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa.

"El deterioro de la relación matrimonial que podría estar causando perjuicio emocional a la denunciante y las hijas ha podido llegar a un punto que podría hacer inevitable la separación. La grave conflictividad existente en el seno de la unidad familiar deberá de resolverse en el ámbito de la jurisdicción civil", valoraba la juez.

Denunció a la madre por secuestro

A pesar de que ambas denuncias fueron desestimadas la Fundación Luz Casanova reunió a la madre y a las niñas en una casa de acogida "en base a la normativa de la nueva Ley de Violencia de Género", según explica a Vozpópuli el abogado actual del padre Carlos Peña Collantes del despacho es Legal Orbis abogados.

Desde ese momento, el progenitor estuvo tres meses sin saber nada de sus hijas y llegó a interponer una denuncia por secuestro que fue archivada. El lío de competencias entre los juzgados provocó que no pudiera ver a sus hijas durante dos años. Incluso la abuela paterna presentó una demanda porque se negaba a ver a su nieta menor en un punto de encuentro. Esta anciana perdió la querella que ha sido de nuevo recurrida.

Una de las menores, que tiene 17 años, solo ha visto a su padre una vez en tres años y medio en un punto de encuentro. Después se negó a tener visitas con él. El juez decidió que el padre tenía que pasar una pensión de alimentos de 400 euros por cada niña, en el caso de la mayor, supeditado a que acredite que está estudiando.

No le facilitaban datos académicos ni sanitarios

La situación de desesperación de este progenitor ha provocado que ha denunciado a la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Luz Casanova por una supuesta vulneración de su derecho al honor. El padre asegura que desde que su mujer se fue del domicilio no tuvo conocimiento del lugar de residencia de sus hijas, de su rendimiento académicos o de su estado de salud.

"No existe desde dicha fecha presunción alguna en contra del padre ni por supuesto medida de ninguna índole que pudieran impedir su relación con las hijas", afirma. Este hombre denuncia que fue tratado como un maltratador cuando no hubo ni hay resolución judicial firme.

También menciona que la Fundación Luz Casanova sin existir denuncia firme trasladó a las niñas de su centro académicos sin consultar con él. Dio instrucciones "directas tanto a las instituciones educativas como sanitarias que no se facilitase" al padre "ningún dato".

El padre pide una indemnización de 85.000 euros

Por todo ello, el abogado del padre considera que se ha producido un menoscabo de su honor a la vista de la "gravedad de las acusaciones formuladas contra mi representado, la evidente deshonra a su reputación personal que como consecuencia de las acciones y omisiones de las demandadas ha debido soportar durante años y sobre todo, el inenarrable sufrimiento que ha padecido tras verse imposibilitado en la relación con sus hijas".

Por todo ello, ha demandado a estad administraciones por una "intromisión ilegítima en el derecho al honor" de su representado. Este letrado solicita que "se condene a la entidades demandadas a publicar a su costa la parte  dispositiva de la sentencia condenatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad  de Madrid y en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, así como en los dos diarios locales gratuitos de Madrid de mayor tirada y en el tablón de  anuncios del colegio Virgen de Atocha".

También pide a las demandadas "efectuar una declaración jurada de que no ha existido resolución alguna que demuestre maltrato alguno" y que se condene al abono, de manera solidaria en concepto de daño moral, de una indemnización por los daños y perjuicios causados en la cuantía de 85.000 euros.