La otra cara de Valdecañas: tres lustros de empleo, comercio y propietarios en peligro

La isla de Valdecañas es uno de los puntos más calientes de la actualidad política y social del momento en España. El complejo urbanístico extremeño, ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en la provincia de Cáceres, ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones ecologistas, hasta el punto que se había ordenado su derribo.

Sin embargo, el pasado martes 20 de junio, el Tribunal Constitucional decidió en su Pleno suspender de forma cautelar la orden de demolición sobre la isla de Valdecañas, hasta adoptar una decisión definitiva sobre el fondo del asunto. Según las fuentes jurídicas consultadas por la agencia Europa Press, el Pleno ha acordado la medida cautelar solicitada como parte de los recursos presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del complejo norte, centro y sur de Valdecañas.

La votación, apuntan, se resolvió por seis votos a favor y cinco en contra, aprobando así la ponencia redactada por el magistrado Enrique Arnaldo. Fue el pasado noviembre cuando la corte de garantías admitió a trámite los recursos planteados contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que dio la razón a Ecologistas en Acción, ordenando demoler el complejo urbanístico en su totalidad.

Valdecañas, un conflicto que viene de lejos

Esta situación no es en absoluto nueva. De hecho, al asunto lleva bajo sospecha más de una década. El punto de partida de esta batalla judicial se sitúa en 2011, cuando el TSJ de Extremadura anuló el visto bueno de la Junta de Extremadura a la isla de Valdecañas, ordenando devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.

El Supremo confirmó las resoluciones del TSJ, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el tribunal extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.

Ya en 2022, el alto tribunal, estimando el recurso de un grupo ecologista, ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora litigan en el Constitucional.

En mitad de este cirio, el pasado mes de marzo, la Junta de Extremadura publicó en el DOE (Diario Oficial de Extremadura) la entrada en vigor de la 'Ley Zepa'. De este modo, se regulan aspectos de la Red ecológica europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, permitiendo así la viabilidad del proyecto Isla de Valdecañas.

Este texto legal no sentó nada bien a Ecologistas en Acción, quienes presentaron una querella contra los 33 diputados de la Asamblea de Extremadura que, con sus votos, aprobaron la 'Ley Zepa' que permitirá a Valdecañas aguantar este nuevo envite legal. Una querella que ha inadmitido la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), tal y como comunicó el pasado viernes 23 de junio.

Comercios, viviendas y empleos, en peligro

La decisión de la Junta de Extremadura de aprobar la 'Ley Zepa', así como la paralización cautelar del derribo por parte del TC ha beneficiado especialmente a todos los trabajadores, locales e ingresos que dependen única y exclusivamente de la actividad turística en la isla de Valdecañas. Impacto medioambiental al margen, tendemos a olvidar que Valdecañas sale adelante gracias al trabajo de centenares de personas que podrían perder sus empleos si se concretase la demolición.

Además, las decenas de propietarios de segundas viviendas en Valdecañas no desean, como es lógico, quedarse sin su residencia veraniega por motivos que le son totalmente ajenos a ellos. No quieren perder su dinero.

Por último, y más importante, el complejo proporciona trabajo a más de 400 personas. Centenares de puestos, directos e indirectos, que conforman una salida profesional para una Comunidad Autónoma, Extremadura, laboralmente deprimida y abandonada de forma sistemática por el Estado desde hace años en muchas áreas.

"Esta es nuestra vida, nuestro bienestar depende de Valdecañas", comentan los trabajadores del complejo con los que hemos podido hablar. Ha insuflado vida a El Gordo y Berrocalejo, pueblos que tienen a un 30% de su población trabajando para la isla de Valdecañas.

El futuro se plantea "muy incierto" según los empleados de Valdecañas. El TC les ha proporcionado un respiro, igual que la 'Ley Zepa', pero la sombra del derribo planea en las vidas del conjunto de empleados, propietarios y empresarios cuyo porvenir depende de mantener en pie la isla de Valdecañas. Todo es cuestión de ponerse en los zapatos del otro.