Publicado: 03/01/2023 20:07
Actualizado: 03/01/2023 20:08
La ONU da al Gobierno 60 días para hacerse cargo de investigar el espionaje del sistema Pegasus, dirigido a líderes independentistas, y exponer cómo reparará a los afectados, sancionará a los culpables, y evitará que el suceso se vuelva a repetir. Así lo han solicitado tres relatores de la institución internacional a raíz de una denuncia de ERC.
Son relatores encargados sobre cuestiones de las minorías; la promoción y protección de derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, según recoge la nota de prensa emitida hoy por ERC.
Con esto, la ONU responde a la información que envió desde Ginebra por la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, en nombre de los republicanos presuntamente espiados y en coordinación con el resto de organizaciones afectadas por el llamado 'Catalangate'.
El escrito denunció el espionaje vía software de activistas catalanes entre 2017 y 2020
En el escrito que acompaña la nota de prensa de ERC, fechado el 24 de octubre de 2022, los tres relatores exponen al Gobierno que han recibido una comunicación denunciando el presunto espionaje mediante el uso de software espía Pegasus y Candiru sobre un "amplio número de personalidades y activistas catalanes durante el período 2017-2020".
"Las víctimas de los complejos y sofisticados programas de espionaje incluyeron líderes catalanes, miembros del Parlamento Europeo, legisladores, juristas y miembros de organizaciones de la sociedad civil", precisan y recuerdan que este software se vende únicamente a los gobiernos, según su productor (NSO Group, con sede en Israel), y con él se infectaron los dispositivos electrónicos de al menos 65 personas.
Entre los afectados citan a Pere Aragonés, al abogado de Junqueras y Raúl Romeva, Andreu Van den Eynde; a Jordi Sánchez, expresidente de la ANC y a Marta Rovira, entre otros.
Seria preocupación por la posible vulneración de derechos
Tras exponer los hechos, los relatores expresan su "preocupación muy seria" por lo que "se informa como un programa de espionaje extenso y bien coordinado sobre activistas y figuras públicas prominentes de la minoría catalana".
En su opinión, el mencionado espionaje "parece ser una interferencia en su derecho a tener y expresar libremente sus puntos de vista, intercambiar y difundir información e ideas, a reunirse pacíficamente y participar en asociaciones, a tener vida privada y privacidad en la correspondencia, y a ser iguales ante la ley y con derecho a igual
protección de la ley sin discriminación alguna".
Los relatores acompañan su escrito con un anexo en el que se recogen las "referencias al derecho internacional de los derechos humanos". Dicho esto, recuerdan que su mandato es "intentar clarificar las alegaciones" que les ha presentado ERC.
Para ello, reclaman que el Gobierno les envíe en el plazo de 60 días: cualquier información sobre las alegaciones mencionadas en el escrito; toda la información disponible sobre las investigaciones oficiales de las denuncias de espionaje; aclaraciones sobre las "conexiones" entre el espionaje y las autoridades españolas; sobre como Pegasus podría haberse utilizado contra ciudadanos españoles pertenecientes a "minorías" si "supuestamente" se vende solo a los gobiernos.
Aclaración sobre presuntas conexiones entre el espionaje y autoridades
Además pide que diga cómo planea "remediar" las "eventuales inconsistencias con las normas internacionales de derechos humanos" y qué tiene previsto hacer el Gobierno para garantizar "la reparación de las víctimas y la no repetición de las actividades de espionaje denunciadas".
Advierten de que transcurridos esos 60 días de plazo harán públicas tanto la presente comunicación así como la respuesta recibida del Gobierno español y también estarán disponibles ambas en el informe habitual que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.
Finalmente, reclaman al Ejecutivo que "adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades" de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas
a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Y reclaman que se tomen las medidas efectivas para evitar que los hechos se repitan.
ERC expone en su nota de prensa que "seguirá exigiendo" al Gobierno que sea transparente sobre qué entidades gubernamentales utilizaron Pegasus para espiar, que asuma las responsabilidades pertinentes y que garantice que hechos como éstos no vuelvan a producirse. Además, le reclama que "repare a las víctimas, tal como pide Naciones Unidas".
A ello añaden que también esperan que esta resolución impulse a la justicia española a "dejar de entorpecer el curso de las querellas presentadas y lleve a cabo una investigación efectiva de los casos de espionaje denunciados".
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Creo que a estas alturas no nos engañamos de esas noticias sobre los independentistas caviar que llegan -¡oh misterio-, nada menos que de la ONU. Pero me sigue asombrando de que algunos digitales serios lo tomen como noticias.
LA ONU no tiene competencias para "dirigirse" a un país directamente, su Carta no lo contempla.
Pero ya hace muchas décadas que, para aparentar que trabajan, y cobrarse unos sueldecillos, se inventaron a los "relatores", todos ellos a disposición, dicen, de los necesitados de una mejoría de los "derechos humanos".
Los relatores son gente que se prestan a, como dice la palabra, "hacer un relato" bien pagado de lo que interesa a alguien.
Y así, dado que los pitufos catalanes no tocan bola en Europa, han descubierto que pueden solicitar -previo pago- un relator que les prepara un documentito "ad hoc" que luego exhiben.
La mejor periodista que tienen los pijos para este asunto es una periodista-sindicalista-contratodostodas, llamada Afro [o algo así, que no se entiende bien a los de la Sexta- que siempre está citando a la ONU -dice ella, refiriéndose al relator/relatora/relatore- cuando de asuntos de CAT se trataba.
Pero, dejémoslo claro: Mientras ese informe NO SE aprueba en l asamblea general -y hasta ahora no se ha aprobado ninguno, porque no existe ese concepto- es papel mojado.
Apareció en concreto en el Juicio de los golpistas catalanes, donde declararon dos "relatores", aunque no "sabían" quién les había pagado.
Venga, a ver si por fin dejamos en paz el tema: insisto NO ES LA ONU, esa institución SOLO APRUEBA resoluciones.
Lo demás, puro invento del separatismo multisecular del condado catalán.