Herve, ciudadano de origen belga, adquirió junto a su esposa una vivienda en Jerez por un valor aproximado de 400.000€ y en 2017 comenzó un calvario que a día de hoy aún sigue dándole disgustos. Herve alquiló su vivienda a través de una inmobiliaria a un hombre, con un contrato de un año de duración. Pero su sorpresa fue que, por desconocimiento de la ley en España, no sabía que esto no era legal y que el alquiler podría prorrogarse hasta tres años si el inquilino así lo quería.
Tras informarse de eso, Herve le notifica a su inquilino -seis meses antes de que se cumplan los tres años- que no quiere renovar el contrato y que abandone la vivienda transcurridos los tres años. Este se niega, y comienza a no efectuar pagos completos, por lo que el dueño de la vivienda lo denuncia. Justo en 2020 la pandemia del Covid propicia numerosas prórrogas del alquiler a las que el inquilino se acoge. Aquí es donde comienza, según Herve, su calvario.
El afectado se arrepiente cada día de haber alquilado su chalé: no se trata de una vivienda barata, está ubicada en una de las áreas más cara de la ciudad de Jerez y cuenta con pistas de pádel, pistas de tenis, zonas ajardinadas y garaje. Sin duda una propiedad que tiene un coste de mantenimiento alto. Herve cuenta a Vozpópuli que, según le ha manifestado la administradora de la finca, el inquilino reconvertido en “okupa” posee más de 5 motocicletas y 2 coches, y además -cómo el mismo ha sabido- tiene también una empleada de hogar. “Cobra una paga del estado, de la que tiene embargada una parte porque antes de hacer esto con mi casa ya fue juzgado por otro hecho idéntico y también lo echaron de otra casa en las mismas circunstancias”, asegura Herve indignado. Tampoco se explica cómo alguien con estos antecedentes puede pasar los filtros de una inmobiliaria y perpetrar el mismo delito.
Una sentencia firme para echarlo pero no recoge las notificaciones
El pasado 29 de mayo era la fecha en la que se señalaba que este “okupa” debía abandonar la casa de Herve, pero al no recoger ninguna notificación sigue dentro de la casa. “La única notificación que recogió fue una que le trajeron indicándole mi cambio de domicilio y que debía comunicarse con mi abogado, la recogió pero no hizo ni caso”. Según cuenta el afectado, el inquilino “okupa” se ha personado en el juzgado y ha asegurado que él es una víctima, que no es cierto que no recoja las notificaciones e incluso se ha comparado con una víctima de violencia de género.
El caso está ahora en la Audiencia Provincial de Cádiz a la espera de que se le asigne un nuevo juzgado porque “el juez que previamente había juzgado dos veces todo esto lo ha rechazado en esta ocasión”, ha indicado Herve a este diario. Un periplo de cinco años que parece no tener fin. En este momento Herve no trabaja por enfermedad: “cuando comenzó esta pesadilla yo vivía en Marruecos, trabajaba allí, ahora cinco años después estoy sin trabajo y no tengo casa porque ese señor no quiere abandonar la mía”.
Herve, desesperado, asegura que en su país de origen, Bélgica, esto se habría solucionado hace muchísimo tiempo; en Alemania se habría resuelto en un mes y Francia ya empieza a cambiar las leyes a este respecto. Con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, Herve pide a los políticos españoles “que garanticen el Estado de derecho con una justicia independiente y que actúe en defensa de los ciudadanos”.
Entre el cansancio y la desolación, ha decidido pedir ayuda a los medios de comunicación “¿Por qué este hombre no sale de mi casa? ¿Por qué la justicia no es justa y resuelve esto?” se lamenta Herve. Este ciudadano con pasaporte Belga, era un consultor que ayudaba a países en vías de desarrollo y lamenta que estás situaciones sigan ocurriendo en un Estado de derecho, como España.
