El juez del caso 'Neurona', en el que se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, ha decidido mantener imputada a la gerente del partido, Rocío Esther Val, por los supuestos sobresueldos que habría creado para ella y otros cargos de la formación 'morada'.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha respondido así a un escrito presentado el pasado 27 de mayo por la defensa de Val en el que se pedía el sobreseimiento provisional de la causa para la gerente, acusada de un delito de administración desleal.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor ha explicado que "no procede en el presente estado del procedimiento pronunciarse sobre dicho sobreseimiento provisional (...) en tanto en cuanto restan por practicar diligencias de investigación".

En concreto, ha mencionado la declaración de la ex senadora de Podemos Celia Cánovas, prevista para este jueves, y que aún falta que Podemos entregue físicamente, "no por mera remisión a su página web", el informe sobre la ejecución del presupuesto de 2019.

Escalonilla investiga los pluses salariales y gastos reembolsados que autorizó Val y que el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente describió en su denuncia, de la que partió el caso 'Neurona', como posibles sobresueldos.

Complementos y reembolsos

Se trata de dos complementos que cobraban Val y el tesorero, Daniel de Frutos, --uno por Coordinación, de 210,32 euros, y otro por Coordinación Ejecutiva, de 400 euros-- y el de Responsabilidad Personal (otros 210,32 euros) que recibía la abogada Marta Flor, así como de los reembolsos que habrían recibido en una media de 300 euros mensuales la gerente y De Frutos en concepto de gastos por desplazamiento.

En marzo, el juez archivó provisionalmente esta línea de investigación al concluir que Val podía acordar dichos complementos económicos. Sin embargo, un mes después, y en respuesta a un recurso de reforma de Vox, la reabrió argumentando que la nueva documentación aportada por Podemos lleva a pensar "indiciariamente" que en realidad la gerente no tendría facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, tampoco para modificarla mediante la creación de pluses.

Sobre este asunto giró la declaración como testigo efectuada por el ex gerente de Podemos Pablo Manuel Fernández Alarcón el pasado 21 de mayo. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, vino a validar la actuación de Val al afirmar que, durante su etapa en el cargo, aprobó incrementos salariales de forma puntual, valorando las circunstancias personales de los trabajadores. "No conozco norma que me lo impidiera", dijo.

El testimonio de la 'ex senadora'

Las palabras de Fernández Alarcón fueron interpretadas por la defensa de Val como motivo suficiente para volver a archivar esta rama de 'Neurona', algo que Escalonilla ha rechazado para ahondar en las pesquisas.

En este sentido, y en otro auto, el juez ha ratificado su decisión de escuchar el testimonio de Cánovas --que también ejerce la acusación particular-- debido a su "conocimiento directo" sobre los hechos investigados.

Podemos había pedido al instructor que cancelara la comparecencia de Cánovas aduciendo, por contra, que tiene un "nulo conocimiento" sobre los mismos y, además, una "abierta animadversión" al partido. Apuntó también a una posible connotación política de esta citación, advirtiendo sobre un supuesto intento de Vox de buscar nuevas líneas de investigación para "seguir engordando" la causa.

El juez ha respondido que "está fuera de lugar alegar siquiera como hipótesis que la admisión de la práctica de dicha testifical pueda tener por objeto 'hechos de naturaleza política'", subrayando que "ni pueden ser objeto de investigación en la presente causa, ni lo han sido en ningún momento".

Así, ha enfatizado que "los hecho objeto de investigación en el presente procedimiento se encuentran perfecta y plenamente acotados, de modo y manera que ni la instrucción de la presente causa ha sido prospectiva, ni se admite dicha declaración testifical para interrogar a dicha testigo sobre cuestiones ajenas" al caso.

A este respecto, ha añadido que el hecho de "que la testifical haya sido propuesta por el partido político Vox en nada invalida su admisión", como tampoco lo hace "la presunta animadversión de dicha testigo hacia Podemos", apostillando que el partido hace esta misma acusación sobre "cualquier testigo" que no proponga él.

Neurona, al margen

Escalonilla ha defendido asimismo la pertinencia de que Cánovas testifique, aduciendo que al haber sido candidata y senadora de Podemos "puede tener conocimiento de los hechos objeto de investigación en la presente causa, al presumírsele un conocimiento más profundo por su parte respecto del funcionamiento de dicho partido".

En particular, ha precisado que Cánovas podría arrojar luz sobre "las funciones de la gerente" para la implementación de esos pluses y reembolsos, y sobre "la presunta distracción del dinero de Podemos que se haya podido cometer a través de la Caja de Solidaridad" en beneficio de la Asociación 404 Comunicación Popular.

No obstante, ha coincidido con Podemos en que, respecto al contrato de 363.000 euros que el partido firmó con Neurona Comunidad por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, "no parece" que Cánovas "pueda aportar dato adicional alguno".

Este contrato es el núcleo del caso 'Neurona'. El juez sospecha que fue un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas' en un circuito que llevaría a una presunta financiación ilegal de Podemos o a sus dirigentes.

A ello se suman otros hechos denunciados por Calvente, como los citados complementos salariales y las donaciones de la Caja de Solidaridad, si bien se han archivado las tramas referidas a los contratos electorales con ABD, las obras de la nueva sede de Podemos y el supuesto acceso no consentido al disco duro de la abogada del partido Marta Flor.