La nacionalización del jugador de origen francés Aymeric Laporte ha evidenciado las ventajas de las que goza el mundo del fútbol. Mientras cualquier inmigrante que llega a España debe atravesar un tedioso y largo proceso administrativo que habitualmente se demora durante años, Laporte ha conseguido el pasaporte en cuestión de días, con un procedimiento exprés reservado para unos pocos privilegiados. 

El pasado martes, el Consejo de Ministros del Gobierno aprobó el acceso de Laporte a la nacionalidad española a petición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Preguntada por Vozpópuli, la RFEF no concreta la fecha exacta en la que solicitó la nacionalidad del futbolista. En cualquier caso, se trata de un procedimiento extraordinario que permitirá a la Selección Española de Fútbol disponer del jugador “con efecto inmediato” gracias a la intermediación del Ejecutivo. 

Nacido en la localidad francesa de Agen el 27 de mayo de 1994, Laporte recaló con 15 años en el Athletic, club en el que permaneció hasta finales de enero de 2018, cuando el Manchester City le fichó. Y aunque Laporte ha competido con los equipos inferiores de Francia, nunca ha llegado a debutar con la absoluta, por lo que está en disposición de ser llamado a jugar con España en cualquier momento y todo apunta a que el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, lo incluirá en la lista de convocados para la Eurocopa.

Un procedimiento extraordinario

La celeridad con la que se ha tramitado la nacionalidad del jugador no es nueva. El Gobierno ya ha empleado en otras ocasiones este tipo de procedimientos discrecionales para otorgar la condición de ciudadano español. Así ocurrió el pasado verano con el pianista y escritor James Rhodes, que fue nacionalizado por el Consejo de Ministros después de que el músico actuara para el propio Ejecutivo y tras múltiples pronunciamientos a favor del presidente Pedro Sánchez.

Estas nacionalizaciones exprés y por la vía de atrás difieren de los procedimientos a los que se ve abocado cualquier inmigrante que desea acceder a la españolidad, para lo que debe residir durante años en el país. De hecho, el procedimiento convencional establece un periodo de residencia mínimo de diez años para obtener la nacionalidad, al margen de los procedimientos que contemplan lazos familiares españoles con el solicitante.

Tal y como recoge el Ministerio de Exteriores en su página web, dicho periodo puede ser inferior en una serie de casos: cinco años para aquellas personas que han obtenido la condición de refugiado y dos para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.

El caso de Fernanda

Uno de esos casos es el de Fernanda, una joven mexicana vinculada a España desde hace muchos años. “Fue una decisión bastante razonada, y no fue de urgencia ni por necesidad”, apunta en conversación con este diario. Fernanda solicitó la nacionalidad española en marzo de 2018 y no le fue concedida hasta diciembre de 2019. Tardó un año y medio en hacerse española, y lo hizo después de siete años residiendo en España en dos etapas: de 2008 a 2010, primero, y de 2013 a 2018, después. 

“En términos prácticos, hice un trámite bastante tradicional, por los mecanismos correspondientes”, explica antes de señalar “las molestias” de un procedimiento “plagado de trabas”: “Las personas de a pie pasamos por procedimientos tediosos, que son más complejos para quienes no hablan el idioma”. “Casos como el de Laporte dan un poco de rabia”, confiesa Fernanda, recordando los problemas que acarrea la nacionalización para los extranjeros más vulnerables.