España

Estiman el recurso de una mujer multada por saltarse el confinamiento en el estado de alarma

Una mujer fue sancionada en Guadalajara con 800 euros cuando trataba de regresar a su vivienda habitual desde su segunda residencia. Recurrió la decisión de la subdelegacion del Gobierno y la instructora del procedimiento ha estimado sus alegaciones 

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico manda parar a un vehículo en un control policial.
Un agente de la Guardia Civil de Tráfico manda parar a un vehículo en un control policial. Eduardo Sanz / Europa Press

Una mujer ha visto estimadas las alegaciones presentadas contra la multa de 800 euros impuesta por estar en la calle durante la vigencia del estado de alarma. Agentes de la Guardia Civil propusieron para sanción a M.R.R por hallarse en el interior de su vehículo privado en compañía de dos personas el pasado 29 de marzo en Guadalajara.

La mujer alegó que se encontraba en las proximidades de su segunda vivienda en un pueblo de la provincia, donde estaba con su familia desde el 14 de marzo. Manifestó a los agentes que se disponía a regresar a su residencia habitual, aunque estos no aceptaron su explicación y decidieron amonestarla. 

"La resolución es un paso adelante porque demuestra que si aportas pruebas suficientes, cambian el sentido de la misma. Abre la vía para todos aquellos que puedan justificar que no estaban en la calle por que sí", asegura el abogado Josep Maymó, que puso en marcha la página recursomultaconfinamiento.com, y que se encargó de interponer las alegaciones el pasado 15 de junio. Explica que emplearon como prueba recibos de compras y hasta ubicaciones de Google Maps y alegaron que no existió desobediencia a las órdenes de los agentes. 

El acuerdo de iniciación del procedimiento al que ha tenido acceso Vozpópuli sostenía que la mujer no pudo "acreditar encontrarse realizando ninguna de las actividades relacionadas" en el real decreto del estado de alarma ((a) adquisición de alimentos y productos; b) asistencia a centros sanitarios; c) desplazamiento al lugar de trabajo d) el retorno al lugar de residencia habitual; e) asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes; f) desplazamiento a entidades financieras y de seguros...).  Además, se consideraba que los hechos descritos por los agentes podían "constituir una infracción administrativa grave", en base al artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, la popularmente conocida como 'ley mordaza'.

Según la interpretación del ministerio del Interior, expuesta por el propio Fernando Grande Marlaska, la desobediencia no se limitaría al incumplimiento de las órdenes expresas dadas por los agentes, sino también de las limitaciones contenidas en el propio decreto del estado de alarma. Al respecto existe un amplio debate jurídico abierto. 

La funcionaria encargada de instruir la reclamación señala que "no queda suficientemente acreditada la desobediencia a la autoridad"

En su propuesta de resolución, la funcionaria encargada de instruir la reclamación señala que "no queda suficientemente acreditada la desobediencia a la autoridad". En este sentido, concluye que "contrastado el hecho denunciado con las disposiciones reseñadas y la documentación aportada, las alegaciones formuladas por la denunciante desvirtúan los hechos imputados, por lo que la conducta del denunciante no se considera constitutiva de infracción administrativa". Así, propone al subdelegado del Gobierno el archivo y sobreseimiento del procedimiento sancionador. Este último tiene dos semanas para presentar sus propias alegaciones. 

Se trataría del segundo archivo de una sanción que ha trascendido hasta el momento. Hace un mes, la subdelegación del Gobierno en Huesca anulaba la multa de 601 euros a un hombre denunciado por estar en la calle sin justificación en pleno estado de alarma. Según publicó El Confidencial, el hombre alegó que iba a cuidar a su abuela. Muchas de las más de un millón de propuestas de sanción dictadas por los agentes durante la vigencia del estado de alarma ni siquiera han prosperado dentro de las propias delegaciones y subdelegaciones por falta de base jurídica. 

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