Publicado: 24/01/2024 04:45
Actualizado: 24/01/2024 12:25
Moncloa lo ha vuelto a hacer, aunque de manera menos directa. La semana pasada fue la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, quien cuestionó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por tener "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles". Y ahora son fuentes gubernamentales de alto nivel consultadas por este diario las que vuelven a insinuar la intencionalidad política del magistrado, al que desde el PSOE también se considera afín al PP.
De poco ha servido el comunicado que emitió Moncloa la semana pasada para desautorizar el desliz de la ministra para la Transición Ecológica, recién llegada a la ejecutiva socialista y en el que se hizo hincapié en el "respeto institucional al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor". Estas fuentes, en conversación con este diario, zanjan: "El derecho, y en manos de quién, pues ya sabes".
Las fuentes consultadas explican que, al final, quienes van a decidir si aplican o no el delito de terrorismo en base al convenio europeo de derechos humanos y a la directiva comunitaria son los propios jueces. También García-Castellón, quien abrió una investigación al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por ese delito en el marco del caso Tsunami.
Habrá condenados por terrorismo amnistiados
De manera que el cambio del Gobierno pactado a través del Grupo Socialista en el Congreso con los independentistas de Junts y ERC -y que el PSOE reiteró que no se haría- en el tratamiento del delito de terrorismo en la ley de amnistía no busca otra cosa que blindar aún más a Carles Puigdemont y, por extensión, al resto de casos incluidos en la causa Tsunami y también a los CDR. La idea es exonerar todos los delitos de terrorismo a excepción de aquellos que se hayan cometido de "forma manifiesta y con intención directa" causando "violaciones graves de derechos humanos".
La enmienda zanja: "En particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario". Esto viene a ser, y así lo reconocen las fuentes gubernamentales consultadas, una limitación al ámbito de interpretación del juez. Las fuentes consultadas explican que el artículo 2 y el artíuclo 3 del convenio y la directiva europeo sobre terrorismo serán objeto de interpretación de los togados.
En efecto, será los jueces quienes tendrán que decidir caso por caso si ven o no delito de terrorismo en cada proceso y si se trata o no de una violación grave. "Si considera que es una violación grave estará fuera [de la amnistía] y si considera que no es una violación grave estará dentro", sintetizan estas fuentes. El Ejecutivo cree que afinando el margen de maniobra sobre el delito, está impidiendo que se cuele todo el mundo.
Un intento de cerrar la amnistía, según el Gobierno
La redacción anterior de la norma, según Moncloa, había generado debate doctrinal y entre expertos porque el requisito para excluir el terrorismo -que hubiera sentencia firme- provocaba, en la práctica, que pudiera ser amnistiado "todo el mundo", ya que no hay una sola sentencia firme ni hay previsión de que la vaya a haber antes de que se apruebe la ley de amnistía. Por eso, el Gobierno se agarra ahora a estos dos nuevos parámetros, que son la directiva y el convenio.
Mientras, el PSOE asume las consecuencias de su pacto con Carles Puigdemont tras dos meses y medio. Los socialistas admiten que la medida de gracia no les entusiasma. Y ya empiezan a calibrar los efectos de su política en Cataluña. Altos cargos del partido consultados por este diario reconocen que el expresidente catalán ha ganado "notoriedad" gracias a la atención que le brinda el PSOE por ser un socio indispensable en esta legislatura.
El giro del PSOE hacia Waterloo ha removido el tablero en Cataluña, donde ERC y Junts viven en un empate técnico que oscila unos días hacia Oriol Junqueras y otros hacia el expresidente catalán prófugo de la Justicia. La amnistía, en efecto, ha servido para potenciar la pelea entre los independentistas. En ese contexto de guerra caliente, el PSC ya está preparado para un más que previsible adelanto electoral. Fuentes de la dirección consultadas por Vozpópuli dibujan la convocatoria de las elecciones a la presidencia de la Generalitat a partir de septiembre de este mismo año.
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La primera piedra lanzada desde el consejo de ministros contra el juez García Castellón la lanzó Ribera, pero ayer, en la Comisión de Justicia y entre otras lindezas, el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, después de hablar del lawfare sin tapujos ni reparo alguno, afirmó que la amnistía sería beneficiosa incluso para “ese magistrado”, en clara alusión al juez Manuel García Castellón. ¿Quiere decir con ello que le considera culpable de algún delito del que en el futuro será amnistiado? ¿Será juzgado según las reglas establecidas por la neoinquisición parlamentaria? Qué gratuito resulta soltar improperios cuando te sabes protegido por tu inmunidad parlamentaria. A eso se le llama cobardía
¿El animal que lanzó el adoquín que impactó en la cabeza del agente de la UIP provocándole una incapacidad permanente lo hizo de forma manifiesta y con intención directa o su intención era exclusivamente humanitaria y sólo pretendía arrancarle de cuajo el casco?
Es de suponer que el ejército de asesores y expertos jurídicos que pululan por LM conocerán al dedillo la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo porque si las instituciones europeas funcionan correctamente, la bazofia de la ley de amnistía tendrá que superar ese filtro. Por cierto, los ímprobos esfuerzos que realiza una gran parte de la clase política, tanto a nivel nacional como internacional para eludir el calificativo de atentado terrorista a los hechos acontecidos el 7 de octubre, resultan inútiles frente a la definición de delitos de terrorismo contemplado en el Título II, art.3,&1, letras a) a c)