La presunta agresión sexual a una niña de 11 años por parte de un grupo de menores de edad, dos mayores de 14 años y otros tres inimputables, en un centro comercial de Badalona (Barcelona) ha abierto de nuevo el debate sobre si debe reducirse la edad mínima de responsabilidad penal en España. Esta posible disminución del umbral de imputabilidad permitiría a la Justicia actuar en un mayor número de casos.
Doctoras expertas en Derecho Penal y abogadas consultadas por Vozpópuli precisan que reconsiderar una modificación de la ley reguladora del menor con motivo de "alarma social", "no es adecuado". Las fuentes preguntadas descartan que esa sea la solución y abogan por "invertir en medidas de acompañamiento, reinserción y educación en las franjas de edad por debajo de los 14 años que en aplicar medidas que se perciban como un mero castigo por parte del menor".
Al contrario, alegan que en delitos y casos graves cómo este, la respuesta no debe ser la penal. "Cuando alguien de tan corta edad comete un homicidio, un asesinato, una violación, en la práctica totalidad de los casos, revela un grave problema de desestructuración familiar, de marginalidad, de ser víctima de abusos, o bien de problemas de salud mental. Problemas todos ellos que deben solucionarse por la vía de protección, asistencial, de políticas públicas, pero no por la vía penal", advierte Laura Pozuelo Pérez, doctora en Derecho en la UAM y especializada en derecho penal del menor.
La realidad es que algunos sectores alertan del aumento de agresiones sexuales entre menores. En 2021 se incoaron 2.625 procedimientos por delitos contra la libertad sexual con menores implicados, frente a los 1.661 de 2020, según la Memoria anual de la Fiscalía. Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó 439 menores condenados por delitos sexuales en 2021, un 12,6% más que el año anterior. Entre ellos, 609 fueron delitos de naturaleza sexual y casi 300 con un menor de 16 años como víctima de la agresión.
Una de cada cuatro agresiones múltiples, cometidas por un menor
Por su parte, los delitos sexuales múltiples se han incrementado el 56% entre 2016 y 2021 (han pasado de 371 a 573 en estos cinco años), según datos del Ministerio del Interior. Del total, se estima que una de cada cuatro agresiones de este tipo las ha cometido un menor de edad, según datos de feminicidios.net, portal de referencia sobre violencia contra las mujeres. A su vez, datos de la Fundación ANAR, de ayuda a niños y adolescentes en riesgo, también muestran un aumento de las violaciones grupales, alegando que este tipo de agresiones ha pasado de un 2,1% a un 10,5% en la última década.
En este sentido, Elena Ruiz Escalera, abogada penalista y coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se muestra contraria a la rebaja en la edad penal del menor "salvo que esté justificado y soportado en datos objetivos". "Esto es, que exista un aumento generalizado de hechos cometidos por menores de 14, o datos científicos o sociológicos que justifiquen una rebaja en la edad, por entender que socialmente se ha experimentado un cambio que justifique tal rebaja".
Ruiz asegura que la reducción no erradicaría las causas ni solucionaría el problema. "Lo único que implicaría es que se aplicará a mayor número de menores por quedar más abierta la horquilla o la franja de edad". Para la coordinadora del ICAM, este planteamiento "no nos exime como sociedad que se dejen de producir hechos dolosos o dañosos por menores que se encuentren por debajo de dicho límite".
La profesora de la Universidad Autónoma de Madrid coincide al respecto. Laura Pozuelo insiste en que introducir el arsenal punitivo del Derecho penal en la vida de un niño "tiene que estar muy justificado, pues conlleva un importante riesgo de estigmatizarle, criminalizarle y desocializarle".
Los delitos 'graves' en menores deben solucionarse por la vía de protección, asistencial, de políticas públicas, pero no por la vía penal"Laura Pozuelo Pérez, doctora en Derecho y especializada en derecho penal del menor
Fuentes cercanas a la Fiscalía lo ven de forma distinta. "La ley reguladora de la responsabilidad penal del menor fue un avance hace 20 años, pero hay particularidades de ésta que deben desarrollarse más. Porque la sociedad de entonces ha cambiado, y no muchas veces a mejor". Además, alerta que "hay algo que está quebrándose" porque "no se tratan de hechos aislados".
"El derecho es mucho más amplio y tú y tus conductas tienen que ser adecuadas en la sociedad que están. Por eso la educación es tan importante y no creo que se infrinja absolutamente ni un solo derecho de ningún niño cuando se condene conductas de este tipo y plantear nuevas alternativas transversales para que en el futuro sean adultos adaptados a una sociedad". El entorno del Ministerio Fiscal advierte que "hay que tomar medidas y hacer una llamada a la sociedad para que se de cuenta de lo que está ocurriendo".
No obstante, ambas expertas consultadas ven crucial que la Administración se involucre y vaya más allá. "Un sistema público no dotado de medios es un sistema huérfano y hueco incapaz de solventar o atajar los problemas sociales de forma eficiente".
"Es la Administración quien debe dotar de mecanismos de prevención temprana, de acompañamiento y de seguimiento de los entornos más desfavorecidos que permitan una protección real de los menores, y que coadyuven a prevenir situaciones que puedan propiciar o desencadenar que los menores lleguen a realizar conductas contrarias a las normas o al orden público y que pongan en riesgo bienes jurídicos especialmente protegidos".
