El Gobierno de Manuela Carmena se ha metido en un lío a cuenta de la gestión de las bicis que instaló Ana Botella en la anterior legislatura.

Un año y medio después de remunicipalizar el servicio, el PP ha anunciado una querella y el PSOE pide, para empezar, explicaciones en el próximo pleno municipal. Si no les convence Inés Sabanés, apoyarán una comisión de investigación.

Hace algo más de un año después de unos meses con graves problemas el Área de Movilidad, que gestiona Inés Sabanés, llegó a un acuerdo con BiciMAD para remunicipalizar el servicio.

La EMT y la actual concesionaria, Bonopark S.L., acordaron la cesión del contrato de este servicio, mientras que la concesionaria seguiría participando como proveedor tecnológico de la EMT.

El PP señaló que el Ayuntamiento se comprometió a pagar 10,5 millones de euros a la empresa.

En el acuerdo –según explicó el Ayuntamiento en su día- se cuantificó los activos no amortizados del sistema que pasaron a manos de EMT: hardware y software, bicicletas, maquinaria y equipos técnicos, construcciones, mobiliario y existencias, siendo el valor de todo ello de 10.500.000 euros.

Con esta cifra, Bonopark S.L. renunciaba a la solicitud de reequilibrio económico registrada en octubre de 2016, que quedó sin efecto tras la firma del acuerdo de cesión.

El inventario de BiciMAD pasó en su totalidad a la empresa municipal, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, así como una licencia de uso indefinido de las patentes propiedad de Bonopark S.L.

Bonopark hizo una inversión inicial de 7,3 millones de euros 

Bonopark había hecho una inversión inicial de 7,3 millones de euros y planteó un calendario de amortizaciones que depreciaba el valor inicial a 3,5 millones de euros. La empresa solicitó un reequilibrio de la concesión por 3,5 millones euros por las pérdidas provocadas por el vandalismo que fue denegado por el Ayuntamiento.

El Gobierno de Manuela Carmena prefirió no sancionar a la empresa, que ofrecía una mala calidad del servicio, ni rescatar la concesión sino que ‘compró’ el contrato municipal a través de la EMT, que no sólo se ocupa de los autobuses sino que tiene también la gestión de los aparcamientos públicos.

El PP señala en su denuncia que “se desconoce cómo se llega a la valoración de pago de 10,5 millones de euros, que se da por buena sin contrastarla por ningún servicio municipal. En el expediente a fecha de compra no consta el inventario de los bienes que se decían a la EMT”.

Críticos con la operación

El PP fue crítico desde el primer momento y en 2016 solicitó una auditoria y una tasación independiente del precio del contrato. La propuesta fue rechazada por Ahora Madrid y el PSOE.

El PP señala que tanto en la firma del contrato de 17 de mayo 2016 como en la aportación de capital de fecha 21 de diciembre de 2016 la valoración de la compra por 10,5 millones de euros se justifica mediante un informe sin fechar y sin firmar que carece de encabezado.

El Grupo Popular entiende que la Ley exige que para aprobar la compra del servicio de Bici-mad hubiera sido necesario “un informe previo y preceptivo de la Dirección General de Economía y Sector Público que no figura en ninguno de los dos expedientes tramitados por la EMT y el propio Ayuntamiento, lo que podría ser causa de nulidad del contrato”.

Un año después de la operación

el 19 de diciembre de 2017, la EMT hizo un contrato menor por importe de 3.750 euros para hacer un informe de auditoría para “verificar criterios del precio de cesión del contrato de Bicimad”.

El PP cree que se hizo “no para valorar el precio de la concesión, sino para justificar el método de valoración recogido en el informe sin fechar ni firmar”.

Se pidieron las tres ofertas preceptivas y se adjudicó el contrato directamente a la empresa “Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría SL”.

Fuentes del PP indicaron que la factura de este contrato se presentó, según sello del registro de la EMT, el 31 de diciembre de 2017, día en el que el registro de la EMT estaba cerrado.

El PP pidió el expediente del contrato menor. “Para sorpresa de los presentes –señalan- aparece el informe de valoración esta vez ya con encabezado, fecha y firma. Analizado este documento quien firma el documento, con fecha 8 de septiembre de 2016, es el actual Director Financiero de la Empresa EMT, D. David Pérez Moncada, en calidad de Director Financiero de la Empresa y con membrete de la Dirección Financiera”.

Los populares señalan que a 8 de septiembre de 2016 no existía la Dirección Financiera de la EMT y que David Pérez Moncada era Subdirector Financiero. La plaza de Director Financiero se creó y nombró a David Pérez director en Marzo de 2017. Es decir 6 meses después de la supuesta realización y firma del informe de valoración.

Tras valorar la situación, el portavoz del PP ha anunciado que la próxima semana presentarán en el juzgado una querella contra Inés Sabanés y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández por la auditoría de Bicimad.

El PP considera que el contrato está hecho a propósito para justificar la posible responsabilidad penal que tienen Inés Sabanés y el gerente de la EMT

El Partido Popular considera que “es un contrato ‘ad hoc’ para justificar la posible responsabilidad penal que tienen Inés Sabanés y el gerente de la EMT e interpondrán una querella para determinar definitivamente si se ha producido una malversación de caudales públicos en la cesión del contrato de Bicimad”.

El portavoz Popular, José Luis Martínez Almeida se pregunta “¿Por qué ahora, un año y medio después, tienen que verificar los precios de cesión?”.

Cree que no había elemento de cuantificación objetiva alguna para fijar el precio de cesión en 10,5 millones de euros, no hicieron auditoría ni inventario de los bienes previo a la cesión del contrato.

Los populares sospechan que el informe se hizo con posterioridad a la compra y que puede ser falso “al estar realizado en una fecha posterior, aunque fechado con anterioridad, con el único objeto de incorporarse al expediente y solventar los déficits de este”.

Martínez Almeida dice que el PSOE debería replantearse por qué votó en contra de la comisión de investigación y se pregunta si “está dispuesto a seguir siendo cómplice de todas las irregularidades que se están produciendo en Bicimad o si por el contrario quiere arrojar luz”.

Reacción socialista

Los socialistas han reaccionado a estas informaciones y para empezar van a preguntar a Inés Sabanés en Pleno por las presuntas irregularidades. Si no les satisfacen las explicaciones solicitarán una comisión de investigación.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Purificación Causapié ha reclamado “que el proceso de Bicimad se ejecute de manera correcta y transparente”.

“Los socialistas –explicó- estamos a favor de la gestión pública de los servicios, y por eso en su día apoyamos la remunicipalización de Bicimad. Pero estos procesos de retorno a lo público deben realizarse con una absoluta corrección y limpieza, deben ser ejemplos de gestión impecable. La mejor manera de defender el carácter público de Bicimad es a través de una gestión sólida, eficaz y transparente”.

La portavoz socialista dijo que la información de que disponen “es muy confusa, y apuntan más a una chapuza que a una gestión correcta”.

El concejal socialista Ignacio Benito, miembro del Consejo de Administración de la EMT, solicitará una reunión extraordinaria y urgente del Consejo para que el gerente informe del proceso de municipalización de Bicimad.

“La información –añadió- que hemos recibido del gerente es claramente insuficiente y por ello, desde el mismo mes de noviembre en que se debatió este tema en el pleno, hemos ido reclamando más información, peticiones que en algunos casos siguen sin haber sido satisfechas”.

El edil añadió que “algunas de las peticiones de información aún no han recibido respuesta, algo que, cuando menos, nos parece sospechoso”.