El juez mantiene al Ayuntamiento de Madrid como perjudicado: Medina y Luceño ocultaron sus altas comisiones

El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha ratificado la decisión de mantener al Ayuntamiento de Madrid como perjudicado en el denominado 'caso mascarillas' y ha establecido que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño ocultaron sus altas comisiones.

En un auto emitido este jueves, al que ha tenido acceso 'Vozpópuli', el juez encargado de caso asegura que, tras estudiar y tramitar el recurso de Medina para que no se tenga por perjudicado al Consistorio, este se desestima.

El texto indica que el empresario, acusado por el magistrado de "engañar" a la institución en una operación de compra de material sanitario durante la pandemia, pedía, además, que se impusiesen fianzas al PSOE y Podemos de Madrid.

Según el recurrente, el Consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida "no puede ser perjudicado" porque la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Hacienda y Personal, Elena Collado, "aceptó tres contratos", así como "la devolución del dinero del material defectuoso.

El Juzgado establece que "no se debe confundir a la Sra. Collado -quien contrató a la empresa Leno y alto cargo del Consistorio- con la institución pública que tiene su patrimonio público independiente de la misma".

Así, según el magistrado, el Ayuntamiento de la capital "debe tener la condición de perjudicado porque las altas comisiones de los investigados fueron ocultadas al mismo".

"Perjuicio económico" al Ayuntamiento

Según el auto, esta ocultación "supuso un perjuicio económico" a la institución pública, "con independencia de la actuación de Collado.

La decisión del juez sigue la línea de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado día 22 de abril también rechazó retirar la condición de perjudicado. Según el Ministerio Fiscal, el Consistorio madrileño es "víctima" de un delito por pagar "una cantidad de dinero muy superior al valor real" de la mercancía obtenida.

El abogado de Medina instaba entonces a que se tuviera en cuenta que no es era momento procesal para que se personase, ya que en el caso de que en la investigación se aprecie que se ha producido alguna irregularidad, "la responsabilidad podría recaer en dicha institución".

El fiscal se opuso, criticando que el letrado se limitase a hacer referencias a las declaraciones de Collado que demostrarían que hubo un acuerdo en la operación, excluyendo de forma intencional otras en las que se apunta "claramente" la posibilidad de que la institución fuera víctima de un delito.