Una juez ha archivado una operación policial relacionada con una presunta red de explotación sexual en los bajos del número 69 de la calle Gabriela Usera en Madrid. Una de las prostitutas denunció coacciones a la hora de realizar su trabajo. Sin embargo, sus compañeras lo negaron y reconocieron que mantenían las relaciones de forma consentida, según un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Las pesquisas comenzaron en la Comisaría de Policía Nacional de Latina a través de la denuncia de una de las prostitutas por un presunto delito de coacciones y contra la salud pública. El caso quedó en manos de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid.
La víctima ponía de manifiesto la existencia de coacciones con ocasión del ejercicio voluntario de la prostitución en el inmueble sito en la calle Gabriel Usera 69 Bajo de Madrid, así como la existencia de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes en dicho local. De forma paralela, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras-UCRIF Grupo 6 inició diligencias para la investigación de un presunto delito de trata de seres humanos en ese mismo establecimiento.
Los agentes practicaron una entrada y registro donde intervinieron siete envoltorios de color blanco conteniendo un total de 5,462 gramos de cocaína con una riqueza cercana al 25% así como cinco blíster conteniendo cada uno de ellos un comprimido de sildenafilo, estimulante de la actividad sexual, así como 1.880 euros. Los investigadores no pudieron determinar la procedencia de la droga que encontraron en las habitaciones de las prostitutas.
Las prostitutas ejercían voluntariamente
Los principales investigados, que fueron defendidos por la abogada penalista Beatriz Uriarte, negaron toda trascendencia penal y las siete prostitutas, mujeres que prestaban servicios sexuales en dicho establecimiento, testificaron que ejercían voluntariamente, sin coacción, ni amenaza ni extorsión alguna.
La ausencia de material incriminatorio suficiente en la instrucción obligó a la magistrada a decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones, una decisión que fue también requerida por la Fiscalía, según los documentos a los que ha tenido acceso Vozpópuli. La jueza ordenó el sobreseimiento provisional de las actuaciones al "no aparecer debidamente justificada la perpetración de los delitos investigados".
"No pueden extremarse las exigencias en esta fase anticipando valoraciones que solo procederían tras examinar la prueba practicada en el juicio oral. Pero sí ha de cancelarse el proceso cuando racionalmente quepa hacer un pronóstico fundado de inviabilidad de la condena por insuficiencia del material probatorio con que se cuenta", afirmó en su auto.
Clientes muy jóvenes
Todo ello para evitar "la celebración de juicios innecesarios que, entre otras cosas, supondrían la afectación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas". "También el de las partes acusadoras que verían inútilmente postergada en el tiempo la decisión final ya pronosticable, y dilapidadas energías no solo procesales sino también económicas y personales cuando se trata de parte no institucional", añadía.
La Policía Nacional consideraba que en este prostíbulo se ofrecía droga y sexo sin protección a clientes muy jóvenes. Los agentes liberaron a tres mujeres que presuntamente eran víctimas de explotación sexual, sometidas a condiciones insalubres y obligadas a consumir drogas, según han informado fuentes policiales a Vozpópuli.
Los líderes de este prostíbulo eran una mujer paraguaya de 37 años, que ejercía como madame, y su marido un español de 46 años. Recibían los pagos por la aplicación de Bizum. Estas dos personas fueron detenidas junto con otras seis en el transcurso de esta operación.
Una de las mujeres denunció por teléfono
Una de las prostitutas presentó una denuncia telefónica a través del servicio de atención 24 horas de prevención de situaciones de trata de seres humanos alertó a los investigadores. Dijo a la Policía que el matrimonio obligaba a las víctimas a ejercer la prostitución en jornadas maratonianas y sin descanso. Había días que estaban trabajando las 24 horas.
La Policía explicó que el control ejercido por la ‘madame’ era posible debido a que previamente había instalado en el interior del domicilio videocámaras de seguridad que registraban sin interrupción la actividad de las mujeres para que cumplieran con las jornadas impuestas. En ausencia de la principal responsable, su marido y otras dos mujeres ejercían el papel de encargados, ocupándose, entre otras funciones, de cobrar a los clientes por los servicios sexuales de sus víctimas. Estas figuras intermediarias se ocupaban, además, de publicitar el negocio en internet, obligando a sus sometidas a posar desnudas para realizarles fotografías que servían como reclamo en la red.
