Cruce de reproches en el 'caso mascarillas'. Luis Medina ha pedido al magistrado que le acaba de procesar por delitos de estafa y falsedad documental que corrija su criterio y le archive la causa. El empresario sostiene que no ha cometido delito alguno con su mediación para que el Ayuntamiento de Madrid se hiciera con material sanitario en lo peor de la pandemia y que fue un "mero facilitador" del acuerdo. Sin embargo, el consistorio ha respondido que hay indicios de sobra para que acabe en el banquillo de los acusados.
Así consta en los últimos escritos aportados a la causa, y a los que ha tenido acceso Vozpópuli, en los que se constata las posturas encontradas en relación a este contrato de 12 millones de dólares. Por un lado Medina ha interpuesto recurso contra el auto del juez que acordó su procesamiento junto con Alberto Luceño delegando en él toda la responsabilidad de la gestión.
El hijo del fallecido Duque de Feria defiende que no ha cometido delito alguno con su mediación en el acuerdo con la asiática Leno y que tenía "plena confianza" en la actuación del principal imputado, Alberto Luceño. "No fue más que un facilitador que nada tuvo que ver con la fijación de los precios ni los pactó, por lo que de ninguna manera puede achacársele engaño alguno", reza su defensa.
Medina: "No aludí a quien era"
Pese al criterio del juez, que considera que Alberto Luceño y Luis Medina estafaron al Ayuntamiento al embolsarse cinco y un millón de dólares respectivamente en comisiones, el empresario asegura que no hubo engaño alguno. Para empezar, razona que antes de mediar en esta operativa desarrollada en plena pandemia, desconocía la comisión que iba a percibir así como el detalle exacto de la transacción, que delega en su socio.
Al hilo denuncia indefensión en la causa porque, dice, no se le ha facilitado toda la documental recabada por la Policía y porque tampoco se ha tomado declaración a un protagonista clave de la casusa: el empresario malasio San Chin Choon. "No puede entenderse de ninguna de las maneras que, si se están investigando unos contratos, no se haya puesto todo el foco y todos los esfuerzos para llamar al firmante de los mismos, ya que es una prueba capital para aclarar los hechos y averiguar cómo se negociaron o quién fijó el precio de las comisiones", dice.
La causa, que arrancó en abril del año pasado a tenor de una querella de Anticorrupción, ha concluido su instrucción sin que el magistrado Adolfo Carretero haya interrogado a San Chin Choon. El proveedor malayo, cuya existencia llegó a ponerse en duda, ha defendido en entrevistas el contrato por el cual suministró mascarillas, guantes y test covid. No obstante, nunca ha llegado a declarar ante la Justicia española ya que el juez quería que compareciera en persona y no por vía telemática.
No engañó a nadie. Aunque la cuantía de algunas comisiones pueda parecer desmesurada, hay que tener muy clara la diferencia entre legalidad penal y moralidadRecurso de su abogado
En relación a cómo se contactó con el consistorio, Medina asegura que la condición social de su familia no influyó a la hora de conseguir que se atendiera su propuesta. "Está acreditado que no aludió a su procedencia familiar ni a quien era", reza su recurso. Su abogado se apoya en las testificales acordadas en la causa para apuntalar que consiguió el correo genérico de la alcaldía a través del primo del alcalde (Carlos Martínez Almeida) a quien accedió gracias a su antigua profesora, María Díaz de la Cebosa.
Sobre el millón de dólares que Medina cobró por mediar en el pelotazo, su abogado explica que no hay desfalco puesto que le pagó la empresa malasia. "Difícilmente ese pago puede imputarse como una lesión al patrimonio de la entidad local cuando ese dinero ya no formaba parte del erario público", dice y añade: "Mi mandante nada tuvo que ver con los precios pactados, ni habló de ellos con nadie", aseveró.
Al hilo afirma que, aunque estas comisiones puedan parecer desmesuradas, "hay que tener muy clara la diferencia entre legalidad penal y moralidad". En lo que respecta a la falsedad documental por los papeles aportados al banco para justificar el cobro de estas cuantías, Medina delega en Luceño y dice que desconocía que los hubiera falsificado.
El Ayuntamiento le implica en el pelotazo
El consistorio, personado como perjudicado del pelotazo, rebate uno a uno los argumentos esgrimidos por Medina para salir de la causa. Alega que su participación fue "esencial" y que tenía conocimiento de la comisión que iba a percibir por conseguir que Leno suministrara todo este material a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S.A, que fue la que firmó los tres contratos.
De las diligencias practicadas se desprende que no existió trato de favor alguno por parte del Ayuntamiento de Madrid con el señor MedinaEscrito del consistorio
Los servicios legales del consistorio apoyan el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y del magistrado Adolfo Carretero y sostienen que inflaron los precios del material (llegándose a pagar un 60% más en el caso de las mascarillas y un 81% en el de los guantes) pese a que tuvo que devolver el precio de los guantes por ser defectuosos.
Sobre el hecho de que no declarara durante la instrucción San Chin Choon, el consistorio sostiene que no le causa perjuicio a los imputados y que si no ha comparecido en el procedimiento es responsabilidad exclusivamente suya, ya que pudo haber declarado ante las autoridades malayas. Del mismo modo también descarta que le perjudique que no se haya aportado todo lo incautado en casa de Luceño, pues hay cinco informes policiales que acreditarían su implicación.
En lo que sí coincide con el hijo de Naty Abascal es en que no recibió ningún trato de favor a la hora de contratar a Leno. "De las diligencias practicadas se desprende que no existió trato de favor alguno por parte del Ayuntamiento con el Sr. Medina", alega el Ayuntamiento, el cual añade que, no obstante eso, hay indicios suficientes para que tanto él como Luceño terminen en el banquillo de los acusados por embolsarse seis millones de dólares con el acuerdo comercial.
