La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha alertado este jueves de que el 80% de las amenazas a la libertad de expresión que señala Naciones Unidas en una nueva resolución son aplicables a España.
La organización ha explicado que, desde hace ocho años, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones publica una Resolución especial sobre seguridad de los periodistas.
La PDLI ha detallado que, en esta nueva resolución, la ONU incorpora otros cuestiones que vulneran la libertad de expresión como una redacción demasiado amplia y vaga de las leyes, juicios estratégicos contra periodistas o artistas, sistemas de acreditación, límites al acceso a la información, el impacto de la pandemia de la covid-19 o amenazas específicas de género contra periodistas.
Preocupación "por la falta de aplicación de estas resoluciones"
"En menos de un mes hemos visto cómo tres declaraciones internacionales (esta resolución de la ONU, el informe de UNESCO y el reciente estudio de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en la UE señalan ataques a la libertad de expresión y a la libertad de prensa que ocurren casi a diario en España, como venimos denunciando desde la PDLI: desde leyes vagas que se aplican contra estos derechos fundamentales, como la 'Ley Mordaza' y el Código Penal, a las querellas instrumentales para acallar a periodistas y medios, o ataques dirigidos a mujeres periodistas, que sufren un acoso online muy superior al de sus compañeros hombres", ha afirmado la secretaria general de la PDLI, Yolanda Quintana.
Por su parte, la organización internacional Article 19 manifiesta su preocupación "por la falta de aplicación de estas resoluciones". "Instamos a todos los Estados a traducir estos renovados compromisos internacionales en la asignación de recursos y voluntad política para prevenir, proteger y reparar todas las violaciones de derechos", ha añadido.
En concreto, la PDLI ha explicado que la resolución aborda las "implicaciones significativas para el trabajo, la salud y la seguridad de los periodistas" que la covid ha generado y pide a los Estados que "evalúen el daño que la pandemia de la covid-19 está infligiendo al suministro de información vital para el público y la sostenibilidad de los entornos de los medios de comunicación, y considerar, siempre que sea posible, el diseño de mecanismos apropiados para brindar apoyo financiero a los medios (...) sin comprometer la independencia editorial".
Informe sobre el impacto y repercusión de las medidas tomadas en la pandemia
Además, solicita a la Alta Comisionada que elabore un informe sobre el impacto y repercusión de las medidas tomadas en respuesta a la pandemia en relación a la seguridad y el trabajo de los periodistas y trabajadores de los medios, integrando una perspectiva de género.
La organización ha destacado que, en España, el coronavirus ha supuesto un golpe económico adicional para unos medios ya diezmados por la crisis de 2008, cuando se perdieron cerca de 20.000 puestos de trabajo. Durante la pandemia, y según datos del INE, 11.400 comunicadores o periodistas han perdido su empleo entre los meses de abril y junio.
"La crisis derivada de la covid-19, con un desplome publicitario de hasta el 80% en el caso de la radio y la dificultad de acogerse a las medidas especiales del Gobierno por las especificidades del trabajo periodístico, han colocado a los medios en una situación crítica", ha remachado.
Además, se recuerda que un gran número de Estados ha utilizado la pandemia como una oportunidad para intensificar la represión de la libertad de expresión, incluidos los ataques, la vigilancia y la detención arbitraria de periodistas por informar sobre las respuestas de sus Gobiernos a la pandemia.