La libertad de expresión, a juicio: 25.000 euros por informar de un barco abandonado

Lunes 20 de junio. 12.30 horas. Juzgados de lo Penal número 8 de Madrid. Un periodista se sienta en el banquillo de los acusados por una información publicada en el portal Naucher sobre un barco español varado en Filipinas a comienzos de 2020. Se trata de un ejemplo más de cómo en los últimos tiempos se han disparado los juicios por informaciones periodísticas en los que no siempre queda muy claro si lo que se busca es resarcir la presunta comisión de un delito o silenciar las revelaciones.

En este caso, el periodista Juan Zamora afronta una multa cercana a los 23.000 euros por la información publicada en el portal Naucher el 20 de mayo de 2020. Además, otros 25.000 euros de indemnización por daños y perjuicios. En su turno ante la juez, no solo ratifica el contenido de esta noticia -según la cual 15 tripulantes se quedaron a bordo del gasero totalmente desatendidos- sino que además responde afirmativamente cuando la abogada de los denunciantes le pregunta si se ratifica en lo escrito.

"Soy completamente inocente"

"No tengo nada de lo que arrepentirme. Todo lo que cuento es cierto", responde el periodista durante su interrogatorio. Al término del mismo, cuando la juez le da la oportunidad de acogerse al turno de última palabra, Zamora deja constancia de su postura. "Soy completamente inocente. Se hizo una investigación periodística. El derecho a la libertad de prensa ha de primar por encima de la vanidad, la soberbia o los presuntos honores ofendidos", dijo.

En el lado contrario, los empresarios Rodolfo Burgos Marín y Rodolfo Burgos Escudero. Padre e hijo actuaron contra el periodista por, según sostienen, injuriarles y calumniarles con este artículo concreto. El mismo traía cabida de una serie de publicaciones sobre la situación de este barco que quedó varado en Manila tras perder el timón durante su navegación. En el serial publicado durante el mes de mayo, el periodista aludió también a la gestión de la empresa Globalgas, propietaria del buque Celanova, y la trayectoria de la familia Burgos, de la que dijo que estaba llena de "fraudes y engaños".

La abogada de los denunciantes preguntó a Zamora por las fuentes en las que se basó para escribir la noticia, así como si le constaba que existiera condena alguna contra los Burgos por su trayectoria empresarial. "Yo no digo que fueran condenados", replicó el periodista. "Yo lo que explico es que fueron beneficiarios del escándalo de la privatización de los astilleros públicos Hijos de J. Barreras y que el beneficiario y el artífice fue Rodolfo", asestó.

El factor 'Google'

Los empresarios emprendieron acciones legales tras pedir una rectificación que nunca se produjo. Ni tan siquiera hubo oportunidad de acuerdo de conformidad en los minutos previos al arranque de la vista y ello pese al último intento de la letrada de la Administración de Justicia. Ya dentro, el primero de los denunciantes en prestar declaración fue Burgos hijo. La abogada orientó sus preguntas hacia las gestiones iniciadas entonces para solventar el problema y también al perjuicio que estas noticias le estaban ocasionando tanto en su vida profesional como personal.

"Es lamentable. Estoy en el paro desde el año 2021. La empresa vendió el buque y para mi esto es tremendo porque cada vez que voy a buscar trabajo aparece esta información cuando se busca en Google ni nombre. A mi esto me ha perjudicado tremendamente", dijo y siguió: "Tengo 51 años. Esto es un desastre absoluto. Mi familia depende lógicamente también de mis ingresos. Mis hijos viven en Internet y ponen el nombre de su padre... les tengo que explicar que ni su padre ni su abuelo son estafadores ni piratas. No estamos condenados. Somos gente normal".

También espetó que los medios que publicaron esta información son los que no le llamaron para conocer su versión. El periodista, en su turno, apeló a sus fuentes asegurando que se apoyó en informaciones publicadas, a su vez, en El País y también en "personas del mundo marítimo" que consultó por su conocimiento sobre el asunto.

La libertad de prensa, en declive

Del mismo modo defendió que hablase no solo del episodio del barco en Filipinas o del impago a los tripulantes, sino también del pasado de los empresarios dueños del pesquero y de la firma Globalgas. De ella constató que, desde su creación, había sido gestionada bajo el apotegma de “coge el dinero y corre”. 

"En cuanto a las expresiones vertidas -dijo en los últimos minutos del juicio- me amparo en el derecho a la libertad de expresión. Cuando hablo de pufos es porque me constaba que no se presentaban y dejaban cadáveres por el camino. Nunca tuve intención de ofender, injuriar o calumniar a nadie", sentenció. Minutos antes, los abogados de las partes ratificaban sus informes y elevaban a definitivas sus conclusiones.

La abogada de los Burgos pidió la condena, mientras que el letrado del periodista su absolución. La primera cuestionó que el artículo fuera veraz e incluso dijo que el periodista había aportado documental para "enmarañar el procedimiento". "Esta parte se llega a preguntar si hay mala fe", se cuestionó la letrada, que ratificó la petición de los Burgo de condenar al periodista por delitos de injurias y calumnias a multa superior a los 22.500 euros y, además, al pago de 25.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El abogado de Zamora, por su parte, se amparó en la libertad de expresión y de prensa y dijo que la noticia por la que ahora su cliente se sienta en el banquillo se publicó en más medios así como en el telediario. También apeló a la situación personal del demandante: "Lamento que esté en paro pero me llama la atención la cantidad de empresas que tiene. Tres cuartas partes inactivas. Me llama profundamente la atención que esté en paro. Me resulta increíble", apostilló.