A principios de mayo de 2020, la plataforma informativa Naucher Global publicó que un buque de bandera española llamado Celanova estaba abandonado por su armador en Manila. A bordo, 15 tripulantes que contemplaban indefensos como les debían el salario de varios meses y se acababan las provisiones, el combustible y el agua. El aire acondicionado dejó de funcionar y se veían obligados a dormir a la intemperie para soportar el agobiante calor de la bahía de Manila. Fondeados a considerable distancia de la ciudad, rodeados de bolsas de basura que nadie venía a recoger. y en plena pandemia, la situación que sufrían los tripulantes era angustiosa. Cualquier petición a las autoridades filipinas o a los consignatarios del buque chocaban con la negativa de plano, la indiferencia o la excusa de que la pandemia no lo permitía.

El seguro obligatorio previsto en el Convenio Internacional sobre Trabajo Marítimo, que España ratificó en enero de 2013, había de pagar la repatriación de la tripulación abandonada y hacer frente a la deuda salarial de hasta tres meses. Pero el seguro, una empresa norteamericana, alegaba que el buque había perdido la cobertura al quebrantar el boicot internacional contra Irán. En efecto, el Celanova había entrado a cargar butadieno en el puerto de Assuleyha en noviembre de 2019. El naviero conocía la prohibición, razón por la cual le pidió al capitán que al entrar en aguas iraníes apagara el Sistema Automático de Identificación (AIS) del buque. 

En España, los armadores, una empresa llamada Globalgas, propiedad de la familia Burgos y dirigida por Rodolfo José Burgos Escudero, se escudaba detrás del silencio para no afrontar su responsabilidad.

Finalmente, merced a los esfuerzos de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), que lograron convencer a la aseguradora, a finales de julio de 2020 los tripulantes fueron repatriados y pudieron cobrar parte de sus salarios. El armador, Globalgas, dejaba numerosas deudas salariales de tripulantes que habían trabajado en el buque durante el año 2019, entre ellos la del propio capitán que había mandado el Celanova entre el 1 de agosto y el 6 de noviembre de 2019.

Historia del hurto

El buque, un gasero que entró en servicio en 2003, construido en Vigo por el astillero Hijos de J. Barreras, 119 metros de eslora y 20 de manga, quedó fondeado en Manila, sin tripulación. Lo lógico, lo legal, exigía que el armador incapaz de gestionar el buque, lo pusiera en venta y con el importe cancelara las deudas de todo tipo que el buque había dejado por el camino. Pero el propietario del buque, los Burgos como se les conoce en el sector marítimo, tenían un plan mejor.

En septiembre de 2020, los Burgos traspasan el buque a una sociedad fantasma, Princeton, SA, con sede en Majuro, capital de las Islas Marshall, lo rebautizan con el nombre de Vivian, le quitan la bandera española y le colocan la bandera de Togo, el registro marítimo más desprestigiado del mundo, apto para todo tipo de cambalaches y operaciones opacas. Nada por aquí, nada por allá, el gasero Celanova ha desaparecido del patrimonio de la empresa Globalgas, que se apresura a solicitar la conclusión del concurso de acreedores por insuficiencia de la masa activa del artículo 470 Texto Refundido de la Ley Concursal, petición que es atendida por el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid, el cual con fecha 22 de marzo pasado, publicada en el BOE de 22 de abril, declara extinguida la empresa Globalgas.

Vuelta a navegar

Dos días después de la extinción de la empresa, el 24 de marzo, el buque Vivian, ex Celanova, es traspasado de Princeton a una empresa instrumental domiciliada en Grecia, OCM Maritime Drava LLC, la cual poco después, el 18 de abril de 2021, transfiere la gestión del buque a la empresa, Anco Ltd, domiciliada en la misma dirección que el armador propietario, OCM Marítime, lo que indica que nos hallamos ante un entramado societario creado para sortear eventuales responsabilidades contraídas por la explotación del buque. Los ¿nuevos empresarios? abanderan ahora el Vivian en Islas Marshall (la bandera de Togo tiene una reputación tan pobre que cualquier buque con su pabellón resulta sospechoso), dejan el Bureau Veritas y contratan a la sociedad de clasificación Rina para certificar el buque, consiguen nueva tripulación low cost y, nada por aquí, nada por allá, el ex Celanova vuelve a navegar y a generar fletes.

Los trabajadores y los acreedores públicos y privados de Globalgas (unas cuantas empresas, alguna con deudas que superan el millón de euros) han sido burlados. El Fogasa se hará cargo de una parte de la deuda salarial mientras los prestigitadores bailan de contento. Ellos, los Burgos, son unos magos de los negocios. No se sabe si Princeton, OCM Maritime y Anco son empresas ligadas a los Burgos. Y de no ser así, tampoco se sabe cuánto cobraron por el buque y dónde está el dinero. Tal vez la Agencia Tributaria y la Administración Marítima podrían saber. Es su trabajo, ¿no?