España

La ley de libertad sexual regulará el trato en comisaría a las víctimas de agresiones

El articulado impulsado por Igualdad incluye como derecho una atención con "sensibilidad" y que la primera actuación policial corra a cargo de "personal expresamente formado en materia de género"

Irene Montero
Irene Montero Europa Press

El anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsado por el Ministerio de Igualdad recoge el derecho de las víctimas de agresiones sexuales a recibir un trato con “sensibilidad” por parte de las fuerzas policiales durante la primera atención en comisaría. Esta redacción se someterá ahora al trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados y se convertirá en ley si recaba la mayoría en las Cortes.

“En la primera atención policial y posterior acompañamiento, las víctimas de violencias sexuales tendrán derecho a ser atendidas por personal expresamente formado en materia de género y violencia sexual, que brindará una respuesta con el mayor grado de sensibilidad, calidad, celeridad y eficacia, evitando actuaciones que representen un incremento de la victimización y la duplicación o repetición de las intervenciones”, dice el artículo 39 del anteproyecto.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, realizó el mes pasado unas declaraciones en las que cuestionaba la actuación de las fuerzas de seguridad cuando una mujer acude a denunciar una agresión sexual: “La situación que nos estamos encontrando ahora es que cuando una mujer denuncia una agresión sexual se le pregunta que si iba vestida con una minifalda y que, a lo mejor, como iba con una minifalda iba provocando".

Montero cuestionó a las fuerzas de seguridad

“Claro que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen un trabajo excelente, pero no me van a negar ustedes que hace falta más formación y sensibilización", insistió días después en el Congreso de los Diputados. Estas palabras generaron un profundo malestar entre las fuerzas policiales. El Ministerio del Interior salió en defensa de la Policía y la Guardia Civil en lo que supuso uno de los diversos enfrentamientos acaecidos en el seno del gabinete de ministros desde que comenzó la legislatura.

El Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska replicó que el protocolo de las fuerzas seguridad españolas en materia de agresiones sexuales está a la “vanguardia mundial”. "Se realiza con los más altos estándares de apoyo, empatía, privacidad y acompañamiento", dijo a Europa Press un portavoz del Ministerio. 

Precisamente el anteproyecto de ley impulsado por Igualdad también recoge esa obligatoriedad de ahondar en la formación sobre violencias sexuales de las fuerzas y cuerpos de seguridad que reclamaba Montero. Concretamente dedica hasta cinco artículos a la cuestión. Van dirigidos tanto a policías como a jueces, abogados, forenses y personal penitenciario.

Temario de género para ser juez o policía

En el caso de las fuerzas de seguridad, el articulado impone que en el temario para acceder a cualquier cuerpo policial se deben incluir “temas dedicados a la perspectiva de género en la función policial, así como a las medidas de protección integral contra las violencias sexuales”. También para ascender por promoción interna de los policías. Las mismas medidas se estipulan para el acceso a la carrera judicial.

El artículo 41 sobre “Protección efectiva de las víctimas en riesgo” apela a las “unidades especializadas” para “vigilar y controlar el cumplimiento exacto de las medidas acordadas por los órganos judiciales encaminadas a la protección de la víctima”. Esto significa vigilar a “los imputados o condenados”. “A fin de cumplir tales objetivos, los cuerpos policiales habrán de dotarse del personal necesario”, añade. Una de las reivindicaciones históricas de los sindicatos policiales es la escasez de puestos de trabajo en la Policía para poder cubrir esta exigencia.

En cuanto a la actuación de los forenses, la ley indica que deberán de elaborarse “protocolos de actuación global e integral en casos de violencia sexual”. En dichos planes se establecerán pautas para “realizar los informes de valoración, que incluirán el daño social”.

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