'Lawfare', la palabra que dio la puntilla al convulso mundo judicial

El 9 de noviembre de este año que termina quedará marcado en rojo en el calendario judicial. La palabra 'lawfare' se colaba en el acuerdo de investidura de PSOE y Junts para sorpresa de toda la carrera judicial que, pasados los primeros minutos de incredulidad y desconcierto, cerró filas contra la acusación de guerra judicial contra el independentismo catalán en un nuevo capítulo de ataque contra los jueces.

Estas siete letras incendiaron a toda la carrera y consiguieron poner de acuerdo a asociaciones de jueces, fiscales, notarios, tribunales superiores de Justicia, audiencias provinciales y hasta el maltrecho CGPJ. "Ataque sin precedentes", "inadmisible injerencia a la independencia judicial" o "flagrante atentado a la separación de poderes", fueron algunas de las expresiones que los jueces emplearon para reivindicar su actuación.

Desde entonces, este término que puso de moda la expresidenta argentina Cristina Kirchner salió a relucir prácticamente a diario llegando Pedro Sánchez y miembros de su equipo de Gobierno a asegurar que en España ha habido casos de 'lawfare'. Una afirmación que el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha corregido en sus reuniones con los principales actores de la carrera judicial.

Aunque si hay un partido que reincide en ello es Junts per Catalunya. La coalición que lidera Carles Puigdemont fue elevando el tono hasta terminar el año señalando a jueces con nombres y apellidos desde la tribunal del Congreso de los Diputados. Se les llamó "indecentes" y se exigió su expulsión de la carrera judicial.

Los jueces, contra el 'lawfare'

La explícita referencia en el acuerdo a una presunta guerra judicial reconocida además por el partido que en noviembre aspiraba a revalidar su mandato al frente del Gobierno ha terminado por tensar al máximo la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

La crisis derivada del pacto -que incluye también una amnistía absoluta a todo el procés por primera vez en democracia- da la puntilla a años de tensiones agravadas por los ataques continuados a la labor de los jueces y por la incapacidad de renovar un Consejo General del Poder Judicial que lleva diez años operando, cinco de ellos en funciones, con la imposibilidad de nombrar las vacantes que van en aumento en la carrera judicial.

Pese a todas las desavenencias, el tono de la judicatura con la clase política ha sido neutro. Tan solo se elevó a comienzos de 2020 para defender la labor del Tribunal Supremo ante reiteradas acusaciones de Pablo Iglesias, quien desde la vicepresidencia del Ejecutivo despreció al tribunal del procés asegurando que había sido humillado por otros tribunales europeos. El Poder Judicial emitió un insólito comunicado pidiéndole "responsabilidad institucional".

Tras ello llegaron las rebajas de condenas en aplicación de la ya derogada ley del 'solo sí es sí' y las acusaciones de "machistas" y "fascistas con toga". También la Audiencia Nacional, y en concreto el magistrado Manuel García Castellón, han sido objeto de duros ataques por el caso de Tsunami Democràtic y la imputación por terrorismo de Carles Puigdemont, tras la cual pidió amparo al CGPJ.

Pero la puntilla a esta escalada la la dio el término 'lawfare'; esta palabra que hasta hace unas semanas era prácticamente desconocida en nuestra jerga, que proviene del inglés y que resulta de conjugar 'law' (ley) y 'warfare' (guerra). Su significado es claro: el uso de los procedimientos políticos como arma de guerra.

Las comisiones en el Congreso

Su irrupción en el campo político hizo que las habituales fricciones en las asociaciones de jueces o en el CGPJ quedaran de lado. El rechazo de la judicatura contra estas acusaciones fue unánime, a la par que se lanzó una seria advertencia sobre la vulneración del principio de separación de poderes. Máxime porque el apoyo de los independentistas a Sánchez venía sujeto, además, a la creación de comisiones parlamentarias para fiscalizar el trabajo de los jueces.

El compromiso se cumplió a principios de diciembre y el Congreso, el mismo día que dio luz verde a la tramitación de la amnistía, aprobó la creación de tres comisiones sobre 'lawfare': una relativa al espionaje con Pegasus a líderes independentistas, otra del atentado yihadista de Las Ramblas y una última sobre la conocida como operación Cataluña, actuación que puso en marcha la policía patriótica contra los Pujol y otros actores del independentismo catalán.

El Pleno del CGPJ rechazó por unanimidad estas comisiones parlamentarias y recordó a los jueces que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) les exime de acudir. La propia Constitución determina en su artículo 117 que los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Ello se traduce en que ante cualquier irregularidad penal deben responder ante el tribunal que estén aforados.

La cámara baja no puede, por tanto, requerir su comparecencia. Además, se ha exhortado a los jueces a poner en conocimiento del CGPJ cualquier requerimiento de comparecencia que les llegue, máxime porque tienen también impedido por ley pronunciarse sobre las causas que conocen en el ejercicio de su trabajo.

¿Dónde está el Gobierno?

Precisamente esto mismo hizo Pablo Lucas, el magistrado del Tribunal Supremo que autoriza las actuaciones del CNI y que declinó el requerimiento del Parlamento catalán para comparecer por el espionaje de los servicios secretos con Pegasus. Ni tan siquiera las advertencias de incurrir en un ilícito penal pueden forzar a un juez a hablar de asunto secretos y, en el caso de Lucas, protegidos además por la reserva que dispensa la Ley de Secretos Oficiales.

Así pues, las comisiones sobre el 'lawfare' amagan con convertirse en una fuente importante de conflicto porque, pese lo dispuesto en la Carta Magna, las formaciones separatistas seguirán la hoja de ruta pactada con Moncloa. Así pues, además de la amnistía que permitirá volver en libertad a Carles Puigdemont y del borrado de todas la causas relacionadas con el procés, el foco seguirá en los jueces y fiscales que han dirigido estas causas.

El CGPJ insta a los jueces a no atender los requerimientos que les lleguen del Congreso para declarar en las comisiones parlamentarias porque la ley les exime de declarar ante cualquier órgano que no sea el tribunal al que están aforados

Y mientras tanto la judicatura contempla con recelo la actuación de Moncloa. La crisis provocada ante las acusaciones de 'lawfare' y los señalamientos a jueces estalló en pleno arranque del nuevo equipo de Gobierno y con cambio al frente de Justicia. Pilar Llop, considerada para parte de la carrera como 'la ministra ausente' dejó paso a Félix Bolaños, a quien este nombramiento le ha terminado por situar como hombre fuerte de Sánchez.

Desde que tomara posesión el también ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes ha insistido en defender la independencia de los jueces, pero sus palabras no llegan a calar en la carrera, desde donde recuerdan que las acusaciones de guerra judicial y las comisiones parlamentarias se han creado con el aval y respaldo del PSOE. Tanto es así que el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, llegó a suspender una primera reunión prevista con Bolaños el 13 de diciembre tras los ataques de la diputada de Junts, Miriam Nogueras, en el Congreso.

La escalada de acusaciones contra la judicatura vaticina un 2024 especialmente tenso y con el foco puesto en Europa. A los pronunciamientos que se esperan de entes como el Consejo de Europa sobre la ley de amnistía, se prevé que se sumen las peticiones pueden dirigirse desde los jueces españoles al TJUE en caso de que se incrementen las presiones para comparecer en la cámara baja. Unos episodios que evidencian que la judicatura deja atrás su año más negro con un horizonte nada halagüeño.