El Gobierno recurrirá la sentencia que impide llevar a cabo las exhumaciones del Valle de los Caídos

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha anunciado que pretende recurrir la sentencia del tribunal madrileño por la cual se anula la licencia para poder llevar a cabo las exhumaciones del Valle de los Caídos, ahora llamado Cuelgamuros. Dicha licencia urbanística permitía llevar a cabo obras en el terreno, donde asociaciones y familias demandan extraer los cuerpos de algunas de las víctimas allí enterradas.

Dicha Secretaría, dependiente del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática encabezado por Félix Bolaños, denuncia cómo este tribunal ya había actuado de manera similar en 2021. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia madrileño revirtió su decisión.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de la capital cumple en su sentencia con lo demandado por los recurrentes, entre los que se encuentra la Fundación Francisco Franco.

Las exhumaciones del Valle de los Caídos vuelven a "paralizarse"

No es la primera vez que esta institución paraliza las exhumaciones, ya que en noviembre de 2021 tomó la misma decisión. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revertió la decisión con una resolución avalada por el Tribunal Supremo en marzo de este año.

La sentencia llega después de que este verano hayan empezado los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas del Valle de Cuelgamuros. Se trata de un nuevo obstáculo para el cumplimiento de la resolución judicial que en 2016 reconoció el derecho de los familiares de los hermanos Lapeña a recuperar sus cuerpos.

La jueza Eva María Bru Peral explica en su sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en este procedimiento judicial no se ha tratado de determinar "si pueden o no hacerse las obras en la basílica", sino establecer "el instrumento jurídico a través del cual deben realizarse".

Es decir, si las obras en los accesos a las criptas de la basílica debieron autorizarse mediante una licencia de obras, como estableció el acuerdo de la localidad, o a través de un plan especial.

Tras examinar el caso, la magistrada afirma que, debido a la "complejidad" de las obras, reconocida en la descripción del proyecto, estas "entraban en el ámbito de un plan especial", pese a los "esfuerzos de Patrimonio Nacional" por encajarlas "dentro de una mera licencia de obras". Porque, explica, una licencia de obras "está supeditada" a trabajos de "mantenimiento, consolidación, recuperación o rehabilitación".

Sin embargo, en este caso, la arquitecta redactora del proyecto hablaba de "obras de reforma", en las que se incluían trabajos de ampliación "y las ampliaciones están expresamente prohibidas para ser autorizadas a través de licencias, por la protección integral del Bien".

La jueza ha detectado "falta de motivación" en el informe del arquitecto municipal, que no realizó "una valoración y calificación de las obras", sino que se limitó a "reproducir la normativa municipal y los datos existentes en el proyecto que fue presentado por Patrimonio Nacional", dando por válida la calificación, "lo que a su vez conlleva un Acuerdo municipal carente de motivación", que es un "copia y pega" de aquel informe.

Las exhumaciones en el Valle ya estaban en marcha

Este mes de junio comenzaron por fin los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas de Cuelgamuros en cumplimiento de la sentencia histórica de 2016.

En el recinto del Valle de Cuelgamuros, considerado la mayor fosa común de España, permanecen enterrados 33.833 restos de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil.

De ellos, 128 han sido reclamados por sus familiares y los trabajos comenzaron tras un largo periplo judicial y político que ahora da un nuevo giro.

En 2016, una sentencia histórica reconoció a los familiares de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, a exhumar sus cuerpos. Naturales de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), fueron fusilados en 1936 por los franquistas, enterrados en Calatayud (Zaragoza) y luego reinhumados sin permiso de la familia en el Valle en 1959.

A partir de 2020, Patrimonio Nacional reconoció el derecho de exhumación a todos los familiares de víctimas que lo reclamen y que puedan acreditar que los cuerpos están enterrados en las criptas del Valle y el actual Ejecutivo aprobó en marzo de 2021 una subvención de 665.000 euros para las exhumaciones.

Poco después, en junio de 2021, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió a Patrimonio Nacional la licencia urbanística para las obras de exhumación, pero la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica recurrió esta medida porque consideraba que ello influiría en la "necesidad de respetar el sagrado reposo eterno" de los fallecidos y sus familias.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid suspendió en noviembre de 2021 la licencia de obra al entender que eran "evidentes" los daños que se podrían causar si se hacían las obras antes de tener una sentencia definitiva, ya que "la construcción originaria habría desaparecido".

Por este motivo, quedaron paralizados los trabajos de preparación para las exhumaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantó en junio de 2022 la suspensión al estimar el recurso de apelación de la abogada del Estado contra el auto del juzgado, pero el fallo del tribunal autonómico fue recurrido en casación.

Poco después, en diciembre de 2022, comenzaron los trabajos previos para las exhumaciones, consistentes en habilitar los accesos a los columbarios, asegurar las estructuras arquitectónicas que lo necesitaran e implementar los protocolos de seguridad laboral.

El Tribunal Supremo rechazó en marzo de 2023 el recurso de la Fundación Francisco Franco y de un particular que abogaban por paralizar los trabajos y a los que ahora la jueza da la razón en una sentencia fechada este mismo viernes 29 de septiembre.