La Junta desmiente una llamada a capítulo de Bruselas por Doñana

La Junta de Andalucía ha desmentido que la Comisión Europea les haya llamado a capítulo por la Ley de regadío de Doñana. Según el Gobierno andaluz no ha sido un 'toque de atención' europeo como ha insinuado la vicepresidenta Teresa Rbiera, sino más bien, se ha tratado de una reunión "más que necesaria" solicitada por el propio Ejecutivo autonómico que contribuirá para "apaciguar la tensión".

En dicho encuentro, el consejero andaluz de medioambiente ha tratado de transmitir un mensaje de "tranquilidad" a la oficina del comisario explicando, no sólo la poposición de ley, sino también "las acciones que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en materia medioambiental y para la protección de Doñana". Iniciativas entre que las que destacan el cumplimiento en la construcción de importantes infraestructuras de depuración de aguas residuales, cuyo incumplimiento en la etapa de Susana Díaz ya provocó una multa millonaria de la UE a España.

 Tras esto, el comisario de Medioambiente, Virginius Sinkevicius se ha comprometido a "estudiar ese documento", según apunta la Junta de Andalucía.

La Comisión Europea utilizará "todos los medios" para proteger Doñana

Dichas cartas eran la antesala a las declaraciones de este martes por parte de Sinkevicius. En ellas, la Comisión ya advertía que el proyecto de ley "podría contravenir la legislación medioambiental comunitaria" y que, de ser así, Bruselas utilizará "todos los medios" para protegerla.

En la reunión, el órgano ejecutivo europeo ha trasladado a la Junta que "existe una fuerte evidencia de que la agricultura intensiva y los centros turísticos cercanos estaban relacionados con la desecación/reducción de los estanques en todo Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son insostenibles y requieren medidas urgentes para controlar las extracciones".

"El proyecto de ley crea un marco legal favorable para el reconocimiento de los derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la presión excesiva sobre los cuerpos de agua subterránea ya sobreexplotados", agregaron las fuentes. El comisario de Medioambiente europeo ha señalado ser consciente de la importancia del riego para la economía local, pero ha aprovechado para recordar que la UE "exige un uso sostenible del agua" y de la conservación de lugares protegidos "en beneficio de los usuarios del agua y de todos los servicios ecosistémicos, especialmente en el clima actual de severo estrés hídrico".

La norma puede enfrentarse a la Justicia europea

"Los valores naturales excepcionales de Doñana deben preservarse, ya que son importantes para Andalucía, España y la UE en su conjunto. Es probable que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea tenga efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, uno de los puntos críticos de biodiversidad de la UE", continúa la advertencia europea.

Sinkevicius "evaluará cuidadosamente las aclaraciones proporcionadas en las cartas del Gobierno español y del Gobierno andaluz". Por su parte, fuentes diplomáticas conocedoras de la reunión y consultadas por la Agencia EFE indicaron que la Comisión sostuvo en esa cita, como lo había hecho por carta, que "de prosperar la proposición de ley del Parlamento Andaluz se estaría produciendo una violación flagrante de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE".

Las mismas fuentes comunitarias han apuntado a que una de las posibles medidas contra la norma sería elevar un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solicitando sanciones pecuniarias. Han subrayado que, frente al argumento de la Junta de que la legislación propuesta "no afecta a las aguas subterráneas, que solo afecta a la superficiales y está fuera de la sentencia", la Comisión mantiene que sí afecta al humedal "aunque solo sean aguas superficiales" y que la propuesta de la Junta "va en la mala dirección".

El pasado viernes, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se abrió a modificar la propuesta de ley en los puntos en los que la Comisión Europea no esté de acuerdo, extremo en el que insistió este lunes el consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno regional, quien señaló que "el dialogo es enriquecedor" y recordó que los grupos políticos pueden "presentar enmiendas".