Una jueza con discapacidad recurre al Supremo para recuperar su puesto tras haber sido declarada "inidónea"

Jimena, con más de 10 años de experiencia en el mundo de la abogacía, fue nombrada como jueza sustituta por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el año 2022. Un nuevo reto laboral y personal que la letrada asumió con muchas ganas y del que lamentablemente solo pudo disfrutar durante 90 días. Su último destino fue el Juzgado de Primera Instancia de Llanes donde, tras ostentar una sustitución de un mes, fue declarada como "inidónea" para el cargo. Medio año después, batalla en el Supremo con la esperanza de que el tribunal tumbe dicha resolución.

La historia de Jimena está repleta de pequeñas batallas con las que ha ido lidiando durante prácticamente toda su vida. La recurrente padece una discapacidad del 90%, tras recibir dos trasplantes de hígado a los 12 años, ha tenido que convivir con fatiga, dolores y crisis temporales. No obstante, a pesar de su discapacidad y del tratamiento inmunosupresor al que ha sido sometida durante años, nunca antes ha tenido una baja médica ni por su patología ni psicológica.

Sin embargo, todo cambió cuando en septiembre, tras un informe firmado por la LAJ y la juez titular del juzgado de Llanes, se decidió abrir un expediente contra ella. La noticia cayó como un jarro de agua fría para Jimena que, nunca antes había recibido ninguna valoración negativa sobre su trabajo o desempeño en el cargo. Desde entonces, padece un estado de ansiedad, que dio lugar a una baja médica, que mantiene desde entonces.

Así aparece recogido en el recurso presentado por su defensa ante la sala tercera del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que solicita como medida cautelar la suspensión la ejecución del acuerdo dictado por la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial por el que se decretó la "inidoneidad" de la jueza.

La jueza sustituta continúa de baja por ansiedad

Jimena pide que hasta que el Alto Tribunal no resuelva finalmente su caso se deje sin efecto el acuerdo del CGPJ, decisión que le ayudaría a mejorar su estado mental. La recurrente denuncia que su estado se agravó tras conocer el dictamen de la Comisión permanente y que su diagnóstico actual responde a un "trastorno adaptativo mixto con estado de ánimo depresivo".

"Las personas como yo, con una discapacidad, nos esforzamos el doble para conseguir un objetivo, y a día de hoy le digo a mi psicóloga que nada ha merecido la pena. Enferma desde mi nacimiento, habiendo pasado por dos trasplantes hepáticos, nunca jamás necesité apoyo psicológico, ya que he tenido la gran fortuna de tener un círculo de apoyo de familia, amigos y profesores. Hasta ahora. Todo se ha derrumbado por una denuncia que no se sostiene, pero que es legal. La indefensión jamás puede ser legal", confiesa la abogada a este medio.

La recurrente mantiene que el motivo de su destitución no se basa en razones objetivas. Entre las alegaciones presentadas en el expediente de Jimena se adjuntaron diversos retrasos en la resolución de sentencias que su defensa considera inevitable. Y es que, según explica la propia damnificada, el volumen de procedimientos unido al escaso tiempo que estuve al frente del juzgado de instrucción le hizo casi imposible poder resolver todo a tiempo.

No obstante, apesar del volumen de trabajo -una vez finalizada la sustitución en Llanes- y dado que tenía sentencias pendientes, la jueza sustituta solicitó al presidente de la Audiencia Provincial de Asturias que no se le nombre para nuevos destinos y, así, acabar con los procedimientos pendientes. Finalmente, tal y como aparece descrito en el recurso al Supremo, este le concedió dicha prórroga, de ahí que no sea entendible para su defensa la apertura de un expediente por este motivo.

Pide al Supremo trabajar hasta que se resuelva su caso

La defensa de Jimena tiene previsto, una vez que el TS se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada, ampliar con una demanda en la que incluir nuevas consideraciones para que sean valoradas por el tribunal. Entre sus principales argumentos, destaca la posibilidad de alegar que la destitución de la letrada agravó los retrasos en las sentencias en el juzgado de instrucción.

Los jueces sustitutos sufren, en ocasiones, las consecuencias de un sistema judicial saturado, unido a la dificultad de trabajar en diferentes áreas jurídicas sin recibir una formación adecuada. Por ello, los abogados de Jimena mantienen que la falta de experiencia juega en contra de los jueces sustitutos y que catalogar, en este caso, a su clienta como "inidónea", sin valorar más que un retraso de 10 días, no es suficiente para privarle de su derecho al trabajo. Un derecho fundamental, recogido en la Carta Magna y por el que podrían acudir al Tribunal Constitucional.

La recurrente denuncia que durante el procedimiento se ha rechazado que testifiquen a su favor agentes de las Fuerzas de Seguridad de Estado, funcionarios y cargos públicos, incluido el juez decano, que en todo momento conocía su condición de discapacidad. Jimena entiende que estos profesionales fueron los verdaderos testigos de su trabajo durante su estancia en Llanes y que sería adecuado escuchar su testimonio.

"Los ciudadanos merecen el mejor servicio, la mejor atención por parte de todos los que trabajamos en la función pública. Se ha tirado por tierra mi reputación sin razón alguna. Estoy absolutamente destrozada", sentencia.