El juez del caso Villarejo cita a Carlos Torres como testigo por los contratos del BBVA

El juez del caso Villarejo ha citado como testigo al presidente de BBVA, Carlos Torres, para el próximo 16 de octubre. El magistrado considera que su comparecencia en las diligencias es relevante de cara a conocer la verdadera relación del banco con el comisario jubilado. Su citación se produce después de que la responsable de los servicios jurídicos, María Jesús Arribas, se negara a declarar en julio por estos hechos.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que el magistrado Manuel García Castellón explica que la comparecencia de Torres es necesaria por cuanto se pretende esclarecer qué relación tenía el banco en 2018 con Villarejo, máxime teniendo en cuenta que para entonces ya se había roto cualquier vínculo con Cenyt.

De acuerdo con el auto, se busca "delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad". Por su parte, Carlos Torres Vila ha respondido a la citación asegurando que colaborará con la Justicia. "Dado que el juez ha considerado pertinente mi citación como testigo, por supuesto que acudiré con total normalidad", sostiene.

El banco, que está imputado como persona jurídica, siempre se ha desligado de las contrataciones por las que abonaron a Cenyt un total de 10,23 millones de euros. Al respecto ha delegado cualquier responsabilidad en la figura del que fuera jefe de Seguridad, Julio Corrochano y del exresponsable de Riesgos, Antonio Béjar.

Los encargos a Villarejo

"Como se refiere por el fiscal en su informe, la necesidad de conocer lo sucedido internamente en el BBVA en la fase posterior a junio de 2018 resulta de especial importancia en el presente procedimiento. En relación a la persona jurídica BBVA, resulta especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo en aras a esclarecer su responsabilidad penal", reza el auto.

El instructor explica que se han recabado las actas del órgano del BBVA que se encarga de la responsabilidad penal de la persona jurídica. No obstante, y teniendo en cuenta que Arribas no respondió a los interrogantes de los investigadores, el foco se pone ahora en la figura de Carlos Torres.

No habiendo sido posible recabar declaración de la persona que reportaba al Comité lo que realizaba la entidad, resulta evidente la necesidad de poder interrogar a Carlos Torres como testigo

"Examinado el alcance de la responsabilidad recaída en tal órgano, resulta evidente la necesidad de poder interrogar a Carlos Torres Vila, presidente del Comité de Assurance Corporative del BBVA, también presidente de la entidad, en calidad de testigo", explica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ya avisó de que se podría terminar citando al máximo responsable del banco si la jefa jurídica se negaba a declarar. Arribas fue citada como testigo el pasado 21 de julio, de manera que estaba obligada a contestar a todas las partes.

Sin embargo, al arrancar su comparecencia, explicó que no iba a hablar para no vulnerar el deber de secreto profesional. Es más, enseñó una consulta al Colegio de Abogados según la cual le daría la razón de su obligación de no declarar. Su postura enfadó a la Fiscalía Anticorrupción y a abogados de las partes que le encomiaron a que pidiera dispensa al BBVA para poder responder. Su respuesta fue negativa, lo que abrió la puerta a citar a Torres.

Los correos con Villarejo

El objetivo de la Fiscalía Anticorrupción y del magistrado es preguntarle por una serie de correos, entre los que se encuentra uno remitido en diciembre 2014 sobre un contrato con las empresas de Villarejo y otro posterior sobre los requerimientos que formuló el Sepblac por estas contrataciones.

Por eso ahora el magistrado requiere al BBVA para que aporte más documental a esta pieza novena del caso, entre la que se encuentra copia del contrato de la venta de participaciones entre el Grupo Prasa y el BBVA firmado en diciembre de 2012 por 10,7 millones de euros. Además, reclama copia de cualquier renovación de este acuerdo y los cobros y contratos que se generaron con estos pagos.