España

El juez archiva la causa del ático de Ignacio González en Estepona

El expresidente de la Comunidad de Madrid fue denunciado en 2012 por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) por la forma en la que había adquirido el inmueble

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Efe

El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su mujer y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, investigados en relación con el ático del matrimonio en dicha localidad. El instructor considera que tras una "ardua" investigación de más de siete años no hay indicios de delito.

En esta causa se han investigado presuntos delitos de blanqueo y cohecho y las pesquisas estaban dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el inmueble a González y su mujer, quienes primero, en 2008, lo alquilaron a la sociedad Coast Investors --constituida en Delaware (EEUU)-- por 2.000 euros mensuales; y ya en diciembre de 2012 lo adquirieron por 770.000 euros. La Fiscalía pidió en diciembre pasado el archivo del caso.

Ahora, el juez señala que la instrucción ya está "agotada", por lo que rechaza practicar más diligencias; y señala que no se ha acreditado lo que apuntarían las acusaciones populares de que el arrendamiento era un contrato simulado y lo que supuestamente subyacía era un regalo de Cerezo por favorecerle, bien en la adjudicación de canales de televisión digital o en la venta de derechos audiovisuales por parte del club a la Radio Televisión Madrid.

"Si bien de las diligencias se desprende tanto la compra de los inmuebles radicados en Estepona por parte Coast Investors en 2008, así como el posterior arrendamiento en favor de la mujer de González, lo cierto es que, a pesar de la ardua instrucción llevada a cabo en el presente procedimiento durante más de siete años, no se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero utilizado", indica el auto respecto al delito de cohecho.

Mientras, por el segundo delito investigado, el de blanqueo de capitales, relata que " no existiendo indicios que permitan sostener la comisión del delito de blanqueo referenciado, también es procedente el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de dicho delito investigado".

Con todo ello, el juez encargado del caso explica que "se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la presente causa, sin que proceda la reiteración o nueva práctica de las diligencias de instrucción interesadas por las acusaciones populares al estar ya resulta la cuestión sobre su admisibilidad en resoluciones anteriores dictadas por este Instructor que devinieron firmes".

La causa comenzó con una denuncia en 2012

La causa por dicho ático comenzó a ser investigada tras la denuncia formulada en 2012 por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y las pesquisas se centraban en cómo la sociedad norteamericana Coast Investor LLC primero alquiló y luego vendió al expresidente madrileño un ático, en una urbanización de lujo, en la denominada 'Milla de Oro' marbellí.

El expresidente de la Comunidad de Madrid siempre ha admitido que compró el ático de Estepona donde veraneaba y que fue en diciembre de 2012 cuando lo adquirió por un importe de 770.000 euros y, previamente fue inquilino, con un contrato de alquiler, desde julio de 2008.

El 80% de la propiedad pertenece a su esposa, ya que tienen separación de bienes, es decir, que ella pagó 566.000 euros y el resto, 154.000 euros, el expresidente de la Comunidad.

Para el fiscal del caso, que pidió el archivo del mismo, quedó acreditado cómo financió la compra el matrimonio, con "dinero no sospechoso", según la policía judicial.

De este modo, el juez basa su decisión del archivo en que no se ha podido conocer el origen de los fondos utilizados por Coast Investors para la adquisición de los inmuebles, ni tampoco el destino del dinero obtenido con su venta al matrimonio, por lo que la consecuencia de ello, tal y como indicó el Ministerio Público en su petición "es que se ignora cómo pudo financiar la entidad la compra de los inmuebles".

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